Por Silvestre Villegas Revueltas
Las dos frases que dan origen al título de estas reflexiones fueron expresadas por el presidente López Obrador días atrás en alguna de sus conferencias matutinas, o como parte de algún evento de los múltiples quejosos -de diestra y siniestra- que pululan por este país de Dios. Habría que agregar a tales frases, otra cuyo sentido es: la omisión en aplicar la ley provoca daños mayúsculos a la sociedad. Lo anterior viene al caso por el lamentable suceso alrededor de la manifestación respecto a los estudiantes de Ayotzinapa, donde unos vándalos que no anarquistas, vulneraron propiedad privada y bienes públicos rompiendo vidrios, pintando fachadas, intentando quemar librerías y dañando piezas históricas como la puerta mariana de Palacio Nacional, amén de un largo etcétera. Hay que subrayarlo, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México fueron corresponsables por OMISION, una inacción total que fue percibida por todos los mexicanos que prendieron sus televisiones, cuando a la policía capitalina le fue ordenado no cumplir con su deber. Competencia y obligaciones marcadas por el marco jurídico que les da vida a las fuerzas policiacas.
Lo que hicieron esos pelafustanes con aerosol en mano está tipificado como delitos y si se viviera en un estado de derecho como el que el presidente López cacarea todos los días, simplemente se les hubiera aplicado lo que marcan los diversos códigos, nada de acciones represivas, autoritarias a las que tanto temen los Presidentes mexicanos –yo lo he llamado “el síndrome del 68”. Parece que después de la retahíla de críticas provenientes de todo el espectro político y de la ciudadanía -a la cual se debe el gobierno de AMLO- algo aprendieron para la marcha del “Dos de octubre” porque, aunque hubo una estrategia similar implementada por los vándalos, MUY A SU PESAR los morenistas implementaron formas de contención como la valla de empleados que entre otras cosas resguardaron el Palacio y se implementaron las tácticas de envolvimiento de los policías antimotines. Cuando se escriben estas líneas se habla muchos destrozos, un detenido y tres heridos; nada dirían los oficiales policiacos en España, la ciudad de Nueva York o los carabineros chilenos.
En otra lectura, y aquí sí tiene la razón el presidente López Obrador, los vándalos que desde años atrás han aparecido en marchas estudiantiles en Ciudad Universitaria, frente al Palacio de Bellas Artes, en Chilpancingo donde un proletario empleado de una gasolinería murió y las dos mencionadas manifestaciones que se comentan en éstas líneas, los llamados anarquistas son de gente infiltrada, son provocadores a sueldo, quieren su muertito para convertirlo en mártir, acusar al gobierno de represor y que en los próximos lustros tengamos otras marchas para conmemorar algo de turbio origen. ¿Quiénes están interesados en complicarle las cosas al gobierno de la 4T? Se cuentan por miles, pero unos más señalados que otros, porque han sido afectados en sus intereses por el actual gobierno: huachicoleros, crimen organizado, sindicatos como los liderazgos de PEMEX, SNTE y también la Coordinadora que no tiene llenadero, que más pronto que tarde se le volteará a la administración de AMLO y la cual ha doblegado a los sucesivos gobiernos federales y a las distintas administraciones en Oaxaca. Tampoco sería de extrañar que señalados empresarios y confederaciones patronales estuvieran inyectando dinero a todo un conjunto de “actores” para desacreditar al gobierno: los ejemplos en Latinoamérica de semejantes apoyos empresariales han abundado en el pasado-golpista y están vigentes en Venezuela –ello independientemente de que el régimen de Nicolás Maduro es impresentable. Asimismo personajes como Vicente Fox que públicamente señaló su intención y ese movimiento “ciudadano” de carácter retrógrado que pinta a López de comunista que no lo es, que pretenden realizar una cruzada por México/en contra de López, y pretenden que millones de mexicanos recemos el rosario, cuando el único camino para sacar al país del marasmo en que se encuentra es, hacerle frente al crimen, mejorar las condiciones de trabajo, un eficiente sistema educativo, combatir la corrupción en todas sus facetas: desde la mordida policial hasta la defraudación fiscal por miles de millones de pesos. A menos de que el único camino racional, papable y positivo (jurídicamente hablando) que le queda al pueblo de México sea que la Virgen de Guadalupe nos haga una serie, un tanto larga, de milagros.
Si bien es correcto señalar que nada debe estar por encima de la ley, que es un error actuar al margen de la ley, y que hacer omisión de la ley significa un grado sumo de culpabilidad, lo cierto es que en el México contemporáneo existe todo un entramado de leyes que llegan a normar hasta extremos indescriptibles la realidad del país, porque desde los años de la colonia y luego a partir de la generación de Benito Juárez, han existido muchos abogados, jueces, contadores y demás lindezas que han convertido en una “bella arte” las múltiples formas para burlar la ley. Existe un reglamento de tránsito concebido para que los automovilistas no puedan cumplirlo a cabalidad y con ello se produzcan hechos de corrupción; existe una normatividad respecto a la contaminación sonora, pero todos hemos sufrido al vecino que hace fiestas los martes hasta las cinco de la mañana, ello sin hablar de las concesionarias de automóviles que ponen bocinas a todo volumen… y no pasa nada. Y qué decir de los empresarios gasolineros que surten litros incompletos, no permiten las verificaciones y ¡¡se amparan!! Los ejemplos se suceden por miles y del otro lado de la cancha, hasta la Comisión Federal de Competencia hizo un concurso que señalaba el trámite más absurdo.
Ello puede ser risible, pero lo peor es cuando la autoridad constituida omite la aplicación de la ley; está reglamentado que no pueden obstruirse vías primarias y las ocupan policías federales, ayotzinapos, docentes de todo pelaje y cualquiera que se le ocurra. Debemos conceder que los plantones suelen ser resultado de una carencia de respuestas por parte de la autoridad, pero al final de cuentas, para la sociedad es un principio maligno que se sepa que la aplicación de la ley no es efectiva, se haga de manera parcial o sea francamente equivocada.
