Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
En Inglaterra se les conoce como “riders” y en España “autónomos”. Son los repartidores -sobre todo de comida- que prestan sus servicios a firmas trasnacionales como Deliveroo y “Uber Eats” en México.
En nuestro país nunca han podido superar la invisibilidad. Y seguramente tendrá que incurrir algo extraordinario para que reparemos en ellos: su marginación laboral y social alcanza tales niveles, que ni siquiera se les ha asignado un nombre de identificación.
Mientras en España se han dado contradicciones de sentencias en cuanto a considerarlos autónomos o falsos autónomos -es decir, trabajadores dependientes de las empresas a las que les prestan servicios-, en México, en la reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados, simplemente no aparecen.
No son el único caso de trabajadores a los que los diputados ignoran. El proyecto de dictamen de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, no contempla, por ejemplo, a aquellos a los que, para disminuir obligaciones laborales, los han pasado a empresas outsourcing.
De acuerdo con el anteproyecto de dictamen, la mayoría morenista dejará intocados los artículos que regulan la terciarización o outsourcing, como si desconocieran los excesos que desde diciembre -en algunos casos graves, desde años atrás- de 2012, algunos empresarios cometen en perjuicio de miles de trabajadores.
En efecto, los artículos 15 al 15-D de la actual Ley Federal del Trabajo, no serán tocados en la reforma que viene, de acuerdo con el anteproyecto al que nos hemos referido, aun cuando en meses recientes, un diputado de Morena presentó una iniciativa en la que propone endurecer los requisitos para contratar a través de empresas outsourcing.
En el proyecto de reforma se pasa el artículo 5 al 22 en la propuesta que se someterá a consideración del pleno de la Cámara de Diputados. El morenista Francisco Javier Ramírez Navarrete planteó que se reformaran los artículos 15 fracción II, 15-A inciso b) y 15-D, con la finalidad de desaparecer en los salarios de los trabajadores el término “mínimos” y que la contratación sea para “ejecución ocasional de trabajos que no correspondan al objetivo u objetivos sociales de la empresa”, y prohibir la transferencia de la contratante a la subcontratista”.
Ello pese a que el número de trabajadores contratados a través de empresas de terciarización ha crecido de manera exponencial en los últimos seis años. Ya lo hemos señalado en otras ocasiones, varios bancos del país mantienen en ese régimen a todos sus empleados, a los que no se les paga el reparto de utilidades -prestación económica con rango constitucional- con lo que se han “ahorrado” miles de millones de pesos.
De acuerdo a cifras de enero de este año, la banca comercial contaba con 255 mil 952 trabajadores, de los cuales solo 122 mil 163 fueron contratados de manera directa por las instituciones, en tanto que 133 mil 789 a través de empresas de subcontratación.
Sólo BBVA Bancomer tiene a 32 mil 380 trabajadores bajo el régimen outsourcing, Banco Azteca 47 mil 495, Banco Compartamos 17 mil 812, FAMSA 6 mil 815 y Banco Inbursa 5 mil 258.
Hasta ahora y pese a lo previsto por los incisos a), b) y c) del artículo 15-A de la LFT vigente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha hecho valer el marco jurídico laboral. Por lo menos ha incurrido en omisión en los últimos cuatro meses y medio.
Ahora bien, a escasos quince días que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la actual legislatura, es imposible que sea aprobada la reforma laboral y su implementación.
Pudiera ser que antes de concluir el periodo de sesiones, la Cámara de Diputados aprobara la reforma, toda vez que solo requiere mayoría simple. Lo que es imposible es que el Senado de la República en unos cuantos días reciba la minuta, la analice en su comisión de trabajo -presidida, por cierto, por Napoleón Gómez Urrutia-, la dictamine y sea aprobada en el pleno, aún con todo y la mayoría con la que cuenta.
Así pues, esa reforma o se va hasta el periodo de septiembre o se convoca a un extraordinario. La ratificación del T-MEC -el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá- implica urgencia, sobre todo por la presión de Estados Unidos.
PARA LA AGENDA
En el ISSSTE, a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda, en las próximas semanas se oficializarán cambios sustantivos, en un intento por eficientar servicios que son un terrible dolor de cabeza para sus derechohabientes, especialmente en el área médica. Entre otras acciones serán fusionadas las delegaciones regionales Norte y Oriente de la Ciudad de México, lo que implicará despido de trabajadores de confianza y personal de honorarios, además que las oficinas serán reubicadas, lo que a su vez se ha traducido en inquietud entre cientos de trabajadores por el lugar donde serán reubicados… Nabor Ojeda, delegado de la CNC en la CDMX advirtió que 632 zonas rurales en la capital se encuentran en riesgo de desaparecer, debido a que los jóvenes buscan otras opciones laborales, y los adultos se confirman con subsistir de la agricultura…
