Por Jesús Michel Narváez
Para los expertos en derecho, el respeto a la ley es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho.
Y corresponde a la autoridad en sus tres niveles de gobierno aplicarla sin excepciones.
Sostener que impedir actos vandálicos con el uso legítimo de la fuerza es represión y que desde la llegada de este gobierno existe la orden de no reprimir al “pueblo bueno” que se manifiesta en las calles o en los mítines aunque causen daño a personas y a bienes tanto privados como públicos, es evadir la responsabilidad constitucional que tienen los gobernantes.
El tema del vandalismo no solamente ocurre en la Ciudad de México pero en ella es en donde más se advierte la laxitud.
Mientras se desmorona por cuanto a seguridad y el número de delitos va en aumento, el secretario de Seguridad Ciudadana anuncia que las marchas serán vigiladas y protegidas.
Lo otro, aquello de proteger a los ciudadanos en sus vidas y sus bienes, puede esperar.
Si bien la mayoría de quienes toman las calles para protestar por algo no se sale del marco legal, los “conservadores anarcos” sí y causan costosos daños que nadie paga excepto los propietarios de los inmuebles afectados.
Y no solamente cuentan los destrozos materiales sino los que dañan a los trabajadores que no pueden llegar a sus centros de labores porque las calles y el transporte público están bloqueados.
La productividad disminuye, las ventas caen, el comercio cierra y los anarcos rompen costosos cristales colocados en los elegantes edificios de Reforma y Avenida Juárez.
Y los policías de la Ciudad de México solamente observan… y los observan y amenazan si intervienen.
¿Qué clase de responsabilidad tiene el secretario de Seguridad Ciudadana?
Dejar hacer y voltear la mirada.
Eso no es cumplir con la obligación de impedir vandalismo, prevenir la violencia y proteger a los ciudadanos.
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