Por Jesús Michel Narváez
Pretender imponer sin tener mayoría, no deja de ser un sueño guajiro. Salvo, claro está, cuando se tiene decenas de carpetas de investigación de los “adversarios”, aunque la política del jefe del partido oficialista, no sea la venganza.
Finalmente, los números hablaron. Habían estado amordazados.
Y frente a una derrota real de Morena y aliados en las elecciones de 2018 -que no reconocen ni el presidente López ni su acólito Mario Delgado-, el resultado le impide manipular la Cámara de Diputados. La intentona de “conformar un solo grupo parlamentario” para tener la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el bloque legislativo opositor la frenó.
Con la ley en la mano. La Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos -así se llama, hasta ahora-, dice en su 14 numeral 4:
“En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario General, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes elementos: a) La denominación del Grupo Parlamentario; b) El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman; y c) El nombre del Coordinador del Grupo Parlamentario.
Los aliancistas del poder público: Morena, PT y Verde, finalmente solo contarán con 278 diputados, de los cuales 183 son de mayoría relativa y 95 de representación proporcional, lo que legalmente le concede la “mayoría simple” (50+1) y no la calificada, que requiere de dos tercios de los 500 legisladores, es decir, 334.
Un bloque opositor que llega a 199 legisladores y un partido bisagra, Movimiento Ciudadano con 23 representantes, frenaron el insano deseo de Ignacio Mier Velazco -obediente con el amo- e hicieron recular en sus intenciones de quedarse “con todo el botín” por los siguientes tres años contando a partir del 1º. de septiembre.
Los de Morena y aliados atendieron la orden presidencial o de alguna oficina de Palacio Nacional para “agandallarse” -como dijera Rubén Moreira- los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, incluyendo los institutos de investigación -que son, legalmente, apartidistas-, la gaceta parlamentaria y la secretaría general de servicios parlamentarios, por los años que dura la legislatura. Es decir, hasta 2024.
Con sus números, que representan una regresión con respecto a los obtenidos en 2018, Morena tiene tres caminos: consensuar mediante el convencimiento jurídico (descartado) a sus pares, buscar ejercer el poder económico que saca de quicio al jefe de la manada (de dientes para afuera) o mostrar las carpetas de investigación de todos y cada uno de los 199 diputados del bloque opositor.
Acudir al maiceo, no será fácil. No cuando años después salen a flote los que presuntamente recibieron “moches” por aprobar la reforma energética. Imposible consensuar si amenazas y, sin duda, la carta fuerte serán las carpetas de investigación que, desde ahora, tiene ya la Fiscalía General de la República.
¿Usted por cual de las opciones apuesta?
La que fuere, la viviremos. Por lo pronto, el señor Mier Velazco se tuvo que tragar sus palabras y declarar que buscarán el diálogo con las oposiciones. No puede haber diálogo si de lo que se trata es de violar la ley orgánica del Congreso. ¿Qué clase de diputado se vuelve enemigo de la legalidad? Solo los de Morena y aliados.
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