Por Arturo Lino Guzmán
Uno de los temas que tiene especial interés para el país es sin lugar a dudas sus playas, porque además de ser un punto estratégico para la salvaguarda de la seguridad nacional, de acuerdo a la Constitución, son un polo de atracción para el turismo, ya que México se caracteriza por tener muchas de ellas de gran belleza, apreciadas por los turistas internacionales y por supuesto constituyen un orgullo para los mexicanos.
México cuenta con poco más de 11 millones de kilómetros de litorales de los cuales 7 millones 878 kilómetros están en el Océano Pacífico, cuya extensión favorece a 10 estados, en tanto, los restantes tres millones 294 kilómetros se localizan en la franja del Golfo de México y corresponden a seis estados, por lo que prácticamente más de la mitad de las entidades cuentan con este invaluable recurso natural, que han dado fama a nuestro país y por lo tanto prestigio como nación turística.
A finales de los años 40´s del siglo pasado, cuando se inició el boom del turismo en el país y Acapulco fue el primer destino reconocido internacionalmente en México, se permitió indebidamente, contrario a los preceptos constitucionales, la construcción de los hoteles al borde de las playas y con ello los propietarios de los inmuebles empezaron con la apropiación de los espacios públicos. De acuerdo a cifras oficiales un tercio de las playas están concesionadas y no se permite el acceso a las personas. Lo delicado del caso es que fueron inversionistas extranjeros los que se han aprovechado de esa situación.
Esta condición ha propiciado una serie de problemas, porque en esos espacios públicos concesionados, la población en general no tiene acceso si no se está hospedada en alguno de los hoteles con playa y no puede disponer de ciertas áreas restringidas. Mazatlán, es quizás la excepción ya que los inmuebles están a una distancia de unos 40 metros de las playas y los divide una avenida como sucede en gran parte de los países y por ello las playas pueden ser visitadas por quien quiera.
¿A qué viene todo esto?, se preguntará usted, amable lector(a). Es que el tema ha generado mucho interés desde septiembre del año pasado, justo en la pandemia, cuando se propuso la iniciativa, del senador por Quintana Roo, José Luis Pech para reformar la Ley General de Bienes Nacionales y permitir el derecho constitucional de hacer uso libre de playas públicas y generar condiciones de certidumbre jurídica para inversionistas, dotando al Estado de una legislación moderna que permita generar riqueza sin perder soberanía.
Con ello los ciudadanos podrán reclamar efectivamente su derecho constitucional a tener playas públicas y quienes adquieran una concesión podrán hacer redituable su actividad comercial sin entrar en contradicciones legales.
En el fondo, planteaba la iniciativa aprobada el 30 de septiembre, se trata de un acto de justicia social y congruencia legal, pues resulta paradójico que cada año millones de extranjeros provenientes de todo el mundo llegan a nuestras playas a descansar y otros a invertir en ellas y los mexicanos son excluidos de sus recursos que les pertenecen.
Se modificó la delimitación actual de las playas marítimas y ampliarla por diez metros a partir de la parte más alta de la marea (pleamar), debido a que se considera que esta medida es la adecuada para garantizar el uso público de la playa.
De ahora en adelante, quien quiera apropiarse de playas mexicanas podrá ser multado con hasta un millón de pesos pues, por unanimidad, el Senado de la República aprobó por 107 votos a favor, una reforma que prohíbe que las playas del país sean privatizadas, con lo que se reafirmó que las playas son públicas, y califica como violación a la ley limitar el acceso mediante construcciones, personal hotelero, cercas o seguridad privada.
Esta medida fue indudablemente aplaudida por muchos de nosotros, ya que en Cancún, La Paz, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Huatulco, Manzanillo y el propio Acapulco, turistas y habitantes locales no podían hacer uso de las playas que se encontraban en los linderos de los complejos hoteleros, pero tampoco se obligó a los propietarios, construir plantas de tratamiento de las aguas residuales, para evitar las descargas al mar contaminadas y de tal manera preservar la limpieza del recurso.
Así tenemos que hace unos días autoridades de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, acompañadas por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Policía Ministerial, de la estatal y elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez recuperaron, en Cancún, la Playa Gaviota Azul, de la que se había adueñado de manera ilegal, un club de playa privado y prácticamente limitó por varios años, el acceso a muchos turistas que querían disfrutar del lugar.
Dicho club se instaló sobre la franja costera y convirtió en un negocio privado una zona pública, por lo que fue desmantelado luego de varias peticiones que hicieron empresarios y prestadores de servicios turísticos y que no habían sido escuchadas por anteriores administraciones.
Por tal motivo, organismos empresariales, patronales y de comercio del destino, se congratularon de la medida, pues es una muestra de que la ley se debe aplicar de manera irrestricta y es un mensaje para aquellos quienes no la aplican y no garantizan derechos de los ciudadanos.
Esta acción es encomiable, sin embargo, la expropiación del Club Campestre de Golf, en Tijuana, Baja California, es una muestra contraria a las playas y por la relevancia del asunto, lo trataremos la próxima semana.
