Se debe fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y del Sistema de Justicia Penal en el país para alcanzar el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Paz, justicia e instituciones sólidas, aseguró la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Durante su participación en el 5to Conversatorio de Alto Nivel. Relevancia de la Agenda 2030 en tiempos de COVID-19: Paz, justicia e instituciones para no dejar a nadie atrás, planteó que entre los principales retos del SNA se encuentran pasar de la homologación de marcos legales a la implementación efectiva, así como del establecimiento de las bases de coordinación a la ejecución de respuestas del Estado eficaces en casos de corrupción, “sin burocracia excesiva y sin dilación”.
“Es importante mantener el sistema sin politizar, desde los nombramientos de las personas servidoras públicas hasta los procesos específicos en casos de gran resonancia mediática. Estamos a un año de tener una elección, la más grande de la historia, y creo que es importante también que se establezcan parámetros de actuación hacia los futuros y futuras candidatas a un cargo de elección popular”, agregó.
Sobre el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal, Ibarra Cadena sostuvo que es relevante garantizar su correcto funcionamiento para prevenir y erradicar la violencia en el país.
“El Estado mexicano debe asegurar lo que ya está planteado en la estrategia Nacional de Seguridad Pública y que tiene que ver con la profesionalización, certificación y capacitación de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales”, expuso.
La Comisionada de INAI consideró que no se debe dejar de lado el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en el cumplimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como el equipamiento policial y de las instituciones.
“También, es necesario que apostemos por el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad civiles, y en ese sentido, podemos contar con corporaciones bien equipadas y cercanas a la sociedad, para recuperar la confianza ciudadana en las autoridades”, subrayó.
Blanca Lilia Ibarra afirmó que el Objetivo 16 de la Agenda 2030 es habilitador del resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en esta crisis sanitaria, no será posible superar la pobreza ni reactivar la economía sin afrontar las dimensiones de los derechos humanos presentes en la pandemia.
“La atención de la crisis, sin duda, pasa ineludiblemente por la vigencia de los derechos humanos: el derecho a acceder a la información, el derecho a la libre expresión de las ideas y la comunicación basada en evidencias juega un papel relevante para que no caigamos en la desinformación y, en ese sentido, fortalecer el respeto a los derechos humanos juega un papel relevante para salir adelante”, enfatizó.
Durante la pandemia, respetar el derecho a saber y garantizar que las instituciones entreguen información es fundamental para salvar vidas; en ese sentido, exhortó a sumar esfuerzos para que la información llegue a las personas.
“Cerremos filas en un momento en el que toda la sociedad está llamada a trabajar de la mano con sus autoridades para sacar adelante a este país que enfrenta esta crisis sanitaria”, concluyó la Comisionada.
Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, afirmó que para fortalecer el SNA cada una de las instancias que lo integran deben cumplir con su función: la Secretaría de la Función Pública, fiscalizar el gasto y sancionar en materia administrativa; la Fiscalía Anticorrupción, investigar los delitos, y los Jueces, sancionarlos.
“El Sistema no es nada que no tenga cualquier democracia funcional en el mundo: un conjunto de instituciones que previenen y sancionan la corrupción”, las cuales deben coordinarse y asegurar que cuando se “traicione la confianza de la sociedad” por actos de corrupción se investiguen y se sancionen apropiadamente.
Salomé Flores Sierra, Oficial Nacional del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se refirió a algunas prioridades en la lucha contra la corrupción, entre las que destacó: monitorear y evaluar la política nacional anticorrupción en su integralidad; promover acciones de información y sensibilización a la ciudadanía; fortalecer los órganos especializados para sancionar los delitos de corrupción; continuar impulsando la transparencia y la rendición de cuentas, así como redignificar el trabajo policial.
“La lucha efectiva contra la corrupción y la reducción de la impunidad tiene un alto grado de responsabilidad desde el fortalecimiento de las instituciones. Tenemos que asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Justicia Penal; hay que investigar y hay que sancionar”, refirió.
Gilles Rafael Lalú Molina, Director General de Percepción Internacional de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, señaló que la capacitación de los servidores públicos y su desarrollo profesional, ético e íntegro es fundamental en la fase preventiva del ciclo de corrupción.
“En la Secretaría de la Función Pública estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción es el motor de la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, aseveró.
El conversatorio fue moderado por Gemma Santana Medina, Directora de la Agenda 2030 y convocado por la Oficina de la Presidencia de la República, la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED).
