*México, Octavo lugar Mundial en Este Delito
*67% de los Casos, se da por Pérdida de Documentos
*En un Futuro Ingresarían Otros Datos Biométricos
*Hay Varias Recomendaciones Para Evitar Este Delito
* INE vs Segob por Datos Biométricos de 90 Millones de Mexicanos
Por Nidia Marín
Más vale que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral arreglen sus diferencias en cuanto a los datos biométricos, para crear la Cédula Única de Identidad, porque los millones de mexicanos no merecemos vivir en el temor de cuándo o en qué momento alguien va a dar mal uso a los datos biométricos que la administración gubernamental actual pretende manejar en exclusiva.
Hasta ahora, el argumento del INE es que está impedido por la ley para entregarlos. Y es verdad. El Instituto Nacional Electoral está obligado por la Constitución mexicana y la Ley Federal de Protección de Datos Personales a resguardarlos, así como la información personal de los mexicanos, ha insistido hasta el cansancio el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda.
Actualmente no hay alguna institución del Estado mexicano que tenga los datos tan actualizados y con elementos biométricos con que cuenta el INE y éstos “no se entregan a nadie”, a ningún partido político, institución financiera o dependencia pública.
Además, en los convenios que la institución electoral ha firmado para identificación de personas, el INE recibe la información, la busca en su base y sólo confirma o rechaza la coincidencia de los datos.
Tales datos están protegidos por las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y serán incorporados y tratados en los Sistemas de Datos Personales del Registro Federal de Electores, mismos que se encuentran registrados en el Listado de Sistemas de Datos Personales en posesión del INE, explicó esta institución.
EL ROBO DE IDENTIDAD
Delicada es la tirantez entre la Segob y el INE. Y lo es, porque el propio gobierno a través de la Condusef ha señalado que en México el delito de robo de identidad va en aumento. Según datos del Banco de México, nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito; en un 67% de los casos, el robo de identidad se da por la pérdida de documentos, 63% por el robo de carteras y portafolios, y 53% por información tomada directamente de una tarjeta bancaria.
Sólo hay que imaginar lo que sucedería si robaran los datos biométricos, ya que actualmente el delito de robo de identidad se usa de manera ilegal para abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras e incluso, en algunos casos, para el cobro de seguros de salud, vida y pensiones.
El robo de identidad ocurre cuando una persona obtiene, transfiere, posee o utiliza de manera no autorizada datos personales de alguien más, con la intención de asumir de manera apócrifa su identidad y realizar compras, obtener créditos, documentos o cualquier otro beneficio financiero en detrimento de sus finanzas… hoy podríamos decir que también beneficios políticos.
Actualmente la identidad la constituyen datos personales como: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y seguridad social, números de tarjeta de crédito y cuentas bancarias, nombres de usuario y contraseñas.
Pero en un futuro no muy lejano ingresarían otros datos biométricos que se constituyen en dos grupos.
El primero: huella dactilar, reconocimiento facial, geometría de la mano, reconocimiento vascular y reconocimiento de retina.
El otro es: reconocimiento de firma, reconocimiento de escritura, reconocimiento de escritura de teclado, reconocimiento de voz y reconocimiento de la forma de andar.
LOS DATOS MUY SENSIBLES
Se supone que la Segob pretende registrar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en este año a 50 millones de mexicanos. En los años subsiguientes se concluirá con el trabajo para todos los mexicanos y para ello pretende que el INE le entregue sus datos.
Sin embargo, el INE, institución que cuenta con los datos de 90 millones de mexicanos se niega a hacerlo porque es su responsabilidad la información de todos ellos. Por eso, buscan que dicho Instituto siga administrándola, incluida aquella de registro de menores de edad.
En bancos y otros tipos de servicios ya utilizan algunos. No todos porque, por ejemplo, afirman que hay datos sumamente sensibles porque refieren el color de la piel y sus preferencias sexuales, lo cual puede acarrear no solamente problemas para el usuario, sino también agresiones.
Y es la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP) la que, se supone, vela por el correcto tratamiento de la información personal en posesión de terceros, sobre todo en entornos digitales.
Aseguran los especialistas de la Universidad Panamericana que “antes de que fuera aprobada, incluso concebida, el derecho a la protección de información personal correspondía a lo establecido en la Ley Internacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Privada, así como por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima en lo que correspondía al sector público y privado”.
En vigor desde 2010, la mencionada norma considera entorno digital a todo aquel ámbito conformado por hardware, software, redes, aplicaciones, servicios o cualquier otra tecnología de la sociedad de la información que coadyuve al procesamiento o transferencia de información de manera digital.
Además, toma en cuenta vulneraciones a la seguridad a las que incurran en la pérdida o destrucción no autorizada de la información: robo, copia o extravío de la misma; así como su uso, acceso o tratamiento no autorizado; y su daño o alteración sin aprobación.
“En caso de haber vulneraciones, el responsable de los datos deberá notificar al titular sobre aquellas que lo afecten de manera directa en cuestiones de derechos patrimoniales o morales: deberá informar al titular la naturaleza del incidente, la información que fue comprometida, recomendaciones, acciones correctivas y medios donde puede recibir mayor orientación. El afectado podrá y deberá tomar las medidas correspondientes”, señalan los expertos en la materia”, precisan.
HAY NORMAS SUFICIENTES
También están otras normas, como son los Derechos ARCO. Se trata de un derecho humano contenido en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución, el cual señala que toda persona tiene derecho a la salvaguarda de su información personal y además, al acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de los mismos, en los términos que fije la ley.
Para reglamentar la referida custodia constitucional, el 5 de julio de 2010 se publicó en el DOF la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) con la finalidad de regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos de personas físicas que garanticen su privacidad; de igual manera prevé el derecho a la autodeterminación informativa y al ejercicio de los derechos ARCO.
Cada titular de los datos personales podrá por sí mismo o mediante su representante legal, solicitar al responsable (quien tenga a su cargo el tratamiento de sus datos personales), en cualquier momento, el ejercicio de alguno de los derechos ARCO (art. 28, LFPDPPP).
Con esos antecedentes, la comisión de la cual formará parte será la encargada de tramitar todas las solicitudes que sean presentadas por los titulares, y por ende, esa designación deberá ser comunicada en el aviso de privacidad (art. 16, fracc. IV, LFPDPPP).
Las recomendaciones para los usuarios son: no ingresar nombres de usuario y contraseñas en sitios desconocidos; evitar compartir información financiera; utilizar sólo páginas electrónicas que cuenten con certificados de seguridad; en caso de extravío de documentos personales presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente; evitar proporcionar datos personales a encuestadores vía telefónica; revisar periódicamente tus estados de cuenta para detectar a tiempo cualquier operación irregular.
Y lo dicen porque, actualmente, es posible robar la identidad de una persona, si no toma las debidas precauciones al realizar compras, pagos de servicios, de impuestos o transacciones bancarias vía internet; mediante el robo de teléfonos celulares; si se proporciona demasiada información a través de redes sociales; en estados de cuenta o documentos personales que se tiran a la basura sin precaución; a través del robo de correspondencia; y mediante el robo de carteras o bolsos con tarjetas de crédito e identificaciones.
Pero hasta ahora no todo está dicho ni todo está escrito. Ambas instituciones insisten en su posición: El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE ha precisado que el artículo cuarto de la Ley General de Población, que data de 1992, establece que para la creación de un sistema de identidad ciudadana “el Instituto Federal Electoral tendría que entregar la base de datos ciudadana”.
Pero, en aquel tiempo el denominado entonces IFE era un órgano del gobierno y éste a su vez organizaba las elecciones. Además, como dice René Miranda en 1996 hubo una reforma electoral que le dio la autonomía al INE, se reforzó la confidencialidad y la rectoría de los datos, además de que en el 2000 se creó la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.
Resalta también que los casi 90 millones de ciudadanos que están en el padrón electoral, “es gente real, con derechos y obligaciones, que tiene la posibilidad de decidir si quiere que se comparta su información o no y para qué fines”.
A PUNTO DE ALCANZAR LOS 90 MILLONES
De acuerdo al INE actualmente (con corte al 17 de enero de 2020) el Padrón Electoral está integrado por 89 millones 903 mil 166 registros de 46.5 millones de mujeres y 43.3 millones de hombres.
La base de datos del Padrón Electoral contiene información como: nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, género, fotografía, firma, CURP, clave de elector y las 10 huellas dactilares de las y los ciudadanos
El INE solicita a las y los ciudadanos sus datos biométricos; es decir, las huellas dactilares y los rasgos faciales, desde 2001 con el objetivo de evitar duplicidad en los registros y depurar la base de datos que contiene la información de la ciudadanía.
Y sí, la totalidad de los registros en la base de datos tienen biometría facial. Son 75 millones de registros de la base de datos, es decir, casi el 83 por ciento del total, cuentan además con la información biométrica de las 10 huellas dactilares.
Actualmente, el INE implementa medidas adicionales a las establecidas en ley para la protección de datos personales. Son adicionales a las que establece la legislación.
Entre estas medidas resalta “la no entrega de las bases de datos a los partidos políticos, quienes para cumplir con su labor de vigilancia deben acudir a las oficinas del Instituto en donde se han dispuesto módulos de consulta del Padrón Electoral sin la posibilidad de extraer la información; o la supresión de la dirección de los electores en las listas nominales que se utilizan en las casillas durante la Jornada Electoral”.
Explica la Institución que si la ley establece que se debe entregar a los partidos políticos la Lista Nominal de Electores previo a las elecciones, “debido a que algunos partidos no fueron suficientemente responsables en el manejo de la información en procesos electorales anteriores, la información no se entrega en su totalidad”.
Y es que después de esos sucesos de falta de cuidado de los datos personales el Consejo General del INE ha determinado, a partir del año 2016, que la entrega de la información se limita al nombre, la sección electoral y el distrito electoral, dejando fuera de esa entrega datos sensibles como la dirección, fecha de nacimiento, CURP y otros datos que contiene la Credencial de Elector que pertenecen a las y los ciudadanos.
Considera el Instituto que ha construido un Padrón Electoral confiable, actualizado, verificable, auditado por especialistas y revisado continuamente por partidos políticos y electores.
Precisa también: El Estado mexicano, a través del INE ha conformado la base de datos multibiométrica más grande, más segura, y más confiable que existe en nuestro país, de las y los mexicanos mayores de 18 años.
