*Espeluznantes los Hallazgos Masivos
*El Día del Derecho a la Verdad en Puerta
*De la Maldad, la Crueldad y la Indolencia
*La Insoportable Incertidumbre de Familiares
Por Nidia Marín
México está convertido en un enorme campo de muerte. Desde 2007 se han encontrado en 17 estados de la República (que ya aumentaron a 24) 1,300 fosas clandestinas, con más de 3,900 restos humanos ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y han sido los colectivos integrados por los parientes de los desaparecidos los que han realizado los hallazgos. Los más recientes en este año fueron en febrero, 69 cuerpos en 49 fosas clandestinas, en Tecomán, Colima; en marzo, 18 localizados en Mazatlán y Ahome, en Sinaloa; y 6 en Río Blanco, Veracruz, entre otros.
El próximo 24 de marzo se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, tal vez las víctimas encontradas en las fosas mexicanas no se ubiquen en el esquema de la ONU (¿o sí?), porque el mismo señala que el derecho a la verdad se invoca a menudo en el contexto de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario.
Las víctimas y los parientes de víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, desapariciones, secuestro de menores o torturas exigen saber qué sucedió, expone.
El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación, precisa.
Efectivamente. En México han pasado más o menos 19 años de que no hay respuestas en la materia o han sido mínimas. ¿Las habrá ahora? Lo sabremos, porque no sólo importan los crímenes de Estado, sino de los de miles de mexicanos cuyas familias no encuentra en el país ni a sus desaparecidos, ni la paz y mucho menos la justicia.
En este sexenio que inicia, corresponde a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, informar sobre los avances en se tema, el cual desde luego involucra a los desaparecidos de Ayotzinapa.
Hay que recordar que el pasado enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador instaló la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa para asistir a las familias de los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, en 2014.
Para Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch “fue apropiado -y encomiable- que el decreto que creó esta importante iniciativa fuera uno de los primeros actos oficiales realizados por su presidencia en diciembre. Fue apropiado, asimismo, que los familiares de otras personas desaparecidas se hicieran presentes afuera de la ceremonia de firma para exigir que también atendiera sus casos”.
El funcionario de este organismo internacional tiene razón al precisar:
“Puede ser que “maldad” sea una palabra muy dura, pero ningún termino más suave sería proporcional a la magnitud del sufrimiento de estas familias, cuyos miembros no pueden escapar de la tortura psicológica que proviene del desconocimiento del lugar en el que se encuentran sus seres queridos”.
Dicha maldad, agrega, no se limita a la crueldad de quienes asesinan a civiles “tampoco a la perversión de los agentes del Ministerio Público, quienes recurren a la tortura y al engaño para “resolver” estos casos. Hay otra manifestación todavía más banal de la maldad -y más generalizada-, cuya crueldad podría ser incluso más gratuita: la indolencia de los funcionarios ante la necesidad de las familias de encontrar a sus seres queridos y liberarse de la insoportable incertidumbre en la que se encuentran”.
Asegura que actualmente hay más de 37,000 personas desaparecidas o “extraviadas” en México, según el Gobierno. “Esta cifra es aún más perturbadora si se confronta con otra: 26,000 cuerpos no identificados en el país. Es posible que algunos de los desaparecidos todavía estén con vida en algún sitio. Los restos de otros puede que nunca se encuentren, como sucedió con las víctimas de la “guerra sucia” de la década de 1970, que fueron arrojadas al mar. Algunos de los desaparecidos -según la actual Secretaria de Gobernación- siguen enterrados en fosas clandestinas. Pero muchos de ellos descansan en las morgues, sencillamente a la espera de ser identificados”, dice.
A su juicio: “Identificar estos cuerpos debería ser una tarea relativamente sencilla: comparar el ADN de los cuerpos y de los familiares de los desaparecidos y verificar cuáles coinciden. Pero para eso harían falta instituciones estatales que tengan la capacidad y la voluntad de hacer ese trabajo, algo que, hasta ahora, no se ha visto”.
Y recuerda:
“Cuando una ONG local llevó a investigadores independientes a una morgue en Chilpancingo, Guerrero, en 2017, encontraron 600 cuerpos en una instalación con capacidad para 200. Había montículos de cuerpos embolsados y apilados sobre el suelo, infestados de gusanos y ratas. El sistema de refrigeración no funcionaba y el hedor que salió del lugar al abrir las puertas era tan intenso, que los agentes del Ministerio Público que trabajaban en un edificio contiguo suspendieron sus labores en señal de protesta”.
Ojalá que ya se estén registrando cambios, aunque apenas sean poco más de cien días de gobierno.
