Por Arturo Lino Guzmán
El sector turístico presenta en la actualidad signos de debilitamiento por las señales que envió el gobierno federal con la reducción del presupuesto a la Secretaría de Turismo de 43 por ciento y que pone en riesgo programas prioritarios que tiene encomendados la dependencia encabezada por Miguel Torruco Marqués, quien tendrá que sortear el temporal en los siguientes meses que no pintan bien, sobre todo si los pronósticos de crecimiento económico para el país no son buenos.
No es exagerado decir que el ambiente en el sector se torna cada vez más candente porque la falta de recursos a los estados en el rubro turístico ha propiciado desilusión y quejas que, por obvias razones no se externan para evitar que se les considere problemáticos y se les excluya totalmente de los apoyos para que cumplan sus metas, por lo que el panorama se percibe incierto.
Las expectativas que se tenían, el buen ánimo que existía entre los integrantes de la comunidad, después de que el turismo se recuperó en 10 años con muchas dificultades, gracias al trabajo que realizaron autoridades de los tres niveles de gobierno, empresarios, legisladores, académicos, prestadores de servicios turísticos y todos quienes participan en esta industria, han venido a la baja y a sotto voce manifiestan su desconfianza por las políticas que se implementan y no se ven condiciones para mantener el ritmo de crecimiento que la locomotora llevaba hasta hace un año.
Los programas en los que la Sectur apoyaba a los estados en infraestructura se verán afectados, no se sabe a ciencia cierta lo que avecina y sobre lo que pasará con los programas como el de Pueblos Mágicos. Aquí cabe recordar que, en una de las conferencias de prensa ofrecidas por el propio Miguel Torruco expresó que si se hiciera una evaluación de aquellas comunidades con ese distintivo, el 70 por ciento de éstas estarían en riesgo porque no cumplen con las exigencias que se les piden.
Además, los apoyos que recibían los estados en la promoción para asistir a ferias internacionales tendrán, sin lugar a dudas, una disminución. De hecho ya se vio en la pasada gira a China, en el que secretarios de turismo de algunos estados, directores de fideicomisos y empresarios que acompañaron a Miguel Torruco, tuvieron que sufragar sus gastos. Lo importante es saber qué impacto podría tener para los destinos esta estrategia y si lo consideran una inversión para atraer turismo de ese país y capitalizar ese mercado que es potencialmente atractivo.
De esta manera se podría señalar que las condiciones para el desarrollo de la actividad turística no son las óptimas hoy en día. Hay incertidumbre toda vez que muchos recursos se van a canalizar a la construcción del Tren Maya, obra que se va a llevar a cabo a como dé lugar, por ser un compromiso presidencial reiterado apenas hace unas semanas. Lo significativo es que dicho proyecto no es todo el turismo, hacen falta recursos para otros programas y las condiciones apropiadas que den certeza al sector.
Otro de los temas que tiene que ver con el turismo es la producción de vino que está ligado a la gastronomía. Es de destacarse que los integrantes de esa industria en el país han solicitado desde hace más de un año, la liberación del Reglamento de la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, publicada el 22 de mayo de 2018, con la finalidad de que se impulse a la vitivinicultura y se generen las condiciones para detonar al sector ya que en él, se contiene lo relativo a los apoyos a la cadena productiva.
Desde hace tres meses, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, en su calidad de Presidente de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola en la Conago, entregó personalmente a la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, el Reglamento para que se aplique la Ley.
Además, tiene la palabra del Presidente López Obrador de que se va a liberar en breve; sin embargo, no hay indicios de que ello suceda.
Se convocará, en cuestión de días, a una reunión a los integrantes de la industria y se invitará a la titular de Economía, a participar y quien se le solicitará se libere el multicitado reglamento para el bien de cientos de miles de mexicanos.
Desde el año pasado se esperaba la liberación del reglamento ya que la ley señala en uno de sus artículos transitorios, que el gobierno tenía 180 días para darlo a conocer. El documento se entregó en tiempo y forma para su revisión/análisis y además se acordó integrar mesas de trabajo, con todos los involucrados con el propósito de llevar adelante los trabajos en torno a las acciones a desarrollar.
Andrés Tapia, uno de los promotores de la industria vitivinícola, y representante del gobernador Vega de Lamadrid, dijo que en la anterior administración sólo se promulgó la ley que, entre otras muchas bondades, da certeza jurídica a los productores y apoyos a los empresarios que luchan todos los días por sacar adelante la actividad vitivinícola, pero no hubo interés o prisa para la liberación del tal reglamento y con ello se afecta severamente al sector, en donde se generan 600 mil jornales al año, se reduce la oportunidad de crecimiento, se evita la creación de empleos y se desalienta la inversión.
A pregunta de Misión Política sobre si existen intereses para que no se libere el reglamento, dijo que eso lo tendrán que responder las instancias correspondientes (el gobierno).
Dato adicional: en el país hay 230 bodegas, mil 200 etiquetas nacionales, con 2 mil 400 productores que logran dos millones 144 mil cajas de vino al año, de los cuales el 90 por ciento se consume en el país.
