Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
Hace algunos días al abordar un taxi llamó nuestra atención la presencia de una niña, de unos cuatro años de edad, que viajaba en el asiento al lado del conductor. Aunque la pequeña llevaba el cinturón de seguridad, viajar en ese lugar no disminuía el peligro que corría en caso de algún percance.
Al ver nuestra cara de sorpresa, el chofer, un adulto joven, comentó:
“Espero que no les moleste que lleve aquí a mi hija, cerraron la guardería y no tenemos donde dejarla, mi esposa trabaja, y no hay quien la cuide”
¿Y los abuelos?, preguntamos
“No viven aquí, ellos están en Hidalgo. Si no encontramos quien cuide a la niña, mi esposa tendrá que dejar de trabajar. No nos queda de otra.
Jesús, es uno de los padres afectados por la decisión política e incomprensible del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar el subsidio a las estancias infantiles, lo que afectará la vida laboral de las madres trabajadoras.
Más allá de las cuestiones económicas, el trabajo es un derecho y un deber social; es la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida y a la realización personal.
La única forma de conciliar este derecho con la obligación de ser padres es contar con un lugar seguro donde confiar el cuidado de sus hijos, lo que llevó a la creación de las estancias infantiles públicas y privadas.
Históricamente el acceso a las guarderías públicas ha sido limitado; solamente las madres trabajadoras y los padres viudos o divorciados afiliados a las instituciones de seguridad social, como el IMSS o ISSSTE, pueden acceder a este servicio.
Debido a lo anterior y a la insuficiente oferta del servicio de cuidado de niños, hizo que en 2007 se implementara el Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, mismo que operó durante casi doce años. Ciertamente, hubo algunas irregularidades, sin embargo, resultó ser un fuerte apoyo para las mujeres trabajadoras, especialmente para las madres solteras.
Sin embargo, la decisión del Presidente de dar por concluido el programa de subsidio de estancias infantiles ha puesto en riesgo la incorporación y permanencia de mujeres en el mercado laboral, el cual depende de las alternativas de cuidado infantil que les permitan tener el tiempo necesario para mantener un empleo.
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes destaca la protección y la seguridad social como un derecho de los infantes; obligación que ignora el Presidente López Obrador.
Pretender substituir las estancias infantiles con los abuelos, es una acción por demás irresponsable. Es precisamente entre los 0 y seis años de edad cuando los niños son más activos, cuando requieren cuidados extremos para evitar un percance.
Es en el hogar donde se registra el mayor número de accidentes de infantes. ¿Tendrán los abuelos la energía y el tiempo suficiente para atender a estos pequeños de manera eficaz?
Eliminar los subsidios para las guarderías, sin entender la problemática que enfrentarán las mujeres trabajadoras y sus hijos, es una actitud por demás irresponsable y autoritaria, carente de toda empatía.
Diversos sectores de la población han solicitado al Presidente reconsidere su posición, sin embargo, ha hecho oídos sordos, nada parece moverlo, la decisión está tomada. Otorgar 800 pesos mensuales para el pago de guardería, es insuficiente.
La consecuencia de la decisión se podría reflejar en dos vertientes: incremento en el precio de las guarderías privadas ante el aumento de la demanda o la aparición de guarderías improvisadas carentes servicios de calidad, pero con tarifas de 800 pesos mensuales.
