La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha expresado su rechazo a la decisión de Juan José Hernández Leyva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, quien concedió el arresto domiciliario a Jesús Murillo“N”.
Este último, quien ocupó el cargo de exprocurador general de la República, ha sido acusado de interferir en la justicia durante la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en 2014 y de fabricar la llamada “verdad histórica” sobre los eventos de esa noche en Iguala, Guerrero.
La determinación del juez Hernández Leyva, tomada el pasado 4 de abril según dictaminó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ha sido vista por la CoVAJ como un golpe al derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad y la justicia.
Según esta comisión, el fallo favorece la impunidad y contradice el esfuerzo de años por esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014. El fallo judicial establece que el imputado tiene derecho a la medida cautelar de prisión domiciliaria con controles específicos para asegurar su cumplimiento.
Compromiso latente
En respuesta, la CoVAJ ha reiterado su compromiso de trabajar estrechamente con familias de los desaparecidos, impulsando búsquedas en terreno en colaboración con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y otras autoridades. Además, buscan intensificar las acciones legales contra los responsables de la desaparición de los estudiantes y romper el pacto de silencio que ha rodeado el caso.
El Gobierno de México, por su parte, ha reafirmado su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y la búsqueda incansable de justicia para los estudiantes desaparecidos y sus familias. Se trata de un caso que sigue siendo una herida profunda en la sociedad mexicana, reflejando los desafíos en la lucha contra la impunidad y en la garantía de los derechos humanos en el país.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Elementos de la Guardia Nacional realizaron el traslado de Jesús Murillo Karam, exprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR) y exgobernador de Hidalgo, desde la Torre Médica del penal de Tepepan hacia su residencia en Lomas de Chapultepec, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, para dar inicio a su arresto domiciliario, relacionado con el caso Ayotzinapa.
Este cambio de medida cautelar fue efectuado tras recibir el visto bueno médico y cumplirse el plazo dispuesto por el juez de control Juan José Hernández Leyva del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, lo cual conforma un nuevo capítulo en este emblemático caso.
La decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Murillo Karam se fundamenta en cargos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La medida se ratificó el viernes por la mañana y su ejecución fue establecida dentro de un marco de 24 horas que concluyó con el traslado del exfuncionario en un fuerte dispositivo de seguridad. Este hecho subraya las acciones judiciales en curso para atender uno de los casos más trágicos y polémicos en la historia reciente de México.
El caso Ayotzinapa se ha mantenido como un punto focal en la agenda de justicia y derechos humanos del país, involucrando a diversas figuras políticas y generando un amplio debate tanto nacional como internacional.
(Agencias)
