Decidir y Cambiar de Opinión
*De la Teoría a la Realidad, la Distancia que se Mide
*Responsabilidad del Estado: Proteger a su Población
*La de Seguridad, una Política Ineficaz, Casi Fracaso
EZEQUIEL GAYTÁN
Decidir en el ámbito gubernamental significa tomar un curso de acción de entre dos o más opciones debido a que tenemos que resolver un problema o enfrentar una situación determinada. Implica intrínsicamente el qué, el cuándo, el cuánto y el cómo. De ahí que las decisiones pueden ser definitivas o temporales. Para decidir hay que tener información acerca de las razones por las cuales enfrentamos el dilema, así como evaluar ex ante las posibles consecuencias de la decisión que tomemos. Por eso decidir es una sucesión de pasos que, en principio, deben tener claro el objetivo de solución, planear los pasos a fin de que sean efectivos, ya que deben estar orientados a la consecución del objetivo. Analizar las necesidades de recursos financieros, materiales y de personal que se requieren. También implica prever si será necesario, en el tiempo, algún otro tipo de apoyo. Además, es básico tener un conocimiento de las posibles situaciones a enfrentar una vez tomada la decisión, ya que las circunstancias políticas, económicas y sociales nacionales e internacionales evolucionan incesantemente. Por último, es importante considerar las posibles contingencias y, en su caso, contar con salidas alternas conocidas como “plan B”.
Lo arriba descrito es lo que dice la teoría y prácticamente cualquier libro de desarrollo organizacional en la Administración pública sugiere esos pasos. El problema surge cuando un gobierno no identifica la necesidad de tomar una decisión o insiste en mantener las mismas estrategias y tácticas de una decisión que la realidad ya demostró su poca efectividad. Tal es el caso del combate al crimen organizado de la actual gestión.
De entrada, vale subrayar que el Estado tiene dos principios: proteger a su población y defenderla de riesgos y amenazas internas y externas. Consecuentemente sus objetivos en la materia están claros. Aún más, proteger implica tener un sistema de justicia preventivo y correctivo que no permita la impunidad, que sea ágil, eficaz, confiable y certero.
La decisión de impartir justicia no es una prerrogativa gubernamental, sino una exigencia social que otorga legitimidad al pacto social y a la conducción política de las autoridades. Por eso sorprende que la decisión del presidente López Obrador sea la de mantener su política de “abrazos y no balazos”.
Queda claro que esa decisión es errónea, porque así lo señalan los indicadores cuantitativos y cualitativos del Secretariado del Sistema de Seguridad Pública. Aún más, estoy seguro de que la lectura de algunos integrantes del Gabinete de Seguridad es que vamos por el camino incorrecto. Pero por algún motivo el presidente no los escucha. De ahí que me atrevo a recomendar respetuosamente que se incluyan nuevos criterios que le expliquen con sensibilidad política y contexto social que el tiempo transcurre, los recursos se agotan, la incongruencia aflora, se incluyan elementos de complementariedad y, por lo mismo, se cambie de política. En otras palabras, la probabilidad de éxito de la actual traza en materia de seguridad pública es de fiasco. Ese gabinete está fallando y se pliega a visiones unidimensionales, erráticas y sus integrantes prefieren guardar silencio.
Cambiar de opinión y replantear la decisión que se tomó al comienzo del sexenio en materia de seguridad pública, en la relación costo/beneficio, sería un acto de sabiduría. Empecinarse en continuar con una mala decisión y llevar el debate al plano filosófico de que todos somos seres humanos es una perogrullada chabacanera. Ya se manifestaron plumas y voces inteligentes recordando que es a la sociedad a quien debe proteger el Estado. Luego entonces, cambiar de opinión y decidir en favor de la seguridad de la población en detrimento de los delincuentes es lo correcto.
Es cierto que en la teoría de la toma de decisiones se enseña que el problema va más allá de tomar la buena de la mala opción, se trata de escoger la opción menos de entre las malas. También sabemos que en ocasiones postergar la decisión como acto estratégico puede ser la mejor decisión en un momento determinado, pero lo que no es recomendable es continuar con una decisión que la realidad ya demostró su inoperancia, por no decir fracaso.
Si el gobierno de la República sigue en su sandez de no aplicar el Estado de Derecho la pregunta que nos hacemos es ¿Cuánto y qué le debe la actual clase gobernante al crimen organizado que no lo toca? Es una pregunta que, en efecto, lleva jiribilla. También es una hipótesis construida y válida derivada de las decisiones presidenciales, ya que vivimos una situación de permanente inseguridad y temor. Peor aún, ya sabemos que recurrir a la autoridad es en vano, pues tiene las manos atadas por órdenes superiores.
Corresponde al gobierno decidir, actuar y asumir las consecuencias. Para eso se les paga a las personas servidoras públicas. Es decir, que decidan y decidan bien. Si acaso se equivocan que asuman su responsabilidad y cambien de opinión.
