Por Raúl Mondragón Von Bertrab
“Aunque la teoría de nuevo crecimiento dio un argumento racional a la inversión gubernamental, no derivaba en ella implícitamente. Esto es porque nuevas ideas eran tratadas como endógenas a la empresa, no como parte de la organización institucional requerida para transformar ideas en productos. No obstante lo anterior, el énfasis creciente en la relación entre cambio técnico y crecimiento llevó a los políticos, de manera indirecta, a concentrarse en la importancia de inversiones en tecnología y capital humano para fomentar el crecimiento. El resultado fueron políticas de crecimiento dirigido por innovación para sostener la economía del conocimiento, un término usado para denotar la importancia mayúscula de invertir en creación de conocimiento para promover competitividad económica. Lo anterior fue comprobado por estudios que mostraron una relación directa entre el valor de mercado de empresas y su desempeño innovador medido por gasto en investigación y desarrollo y éxito de patentes.”
–Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, citando a Mason, Bishop y Robinson (2009) y a Griliches, Hall y Pakes (1991).
EL currículum vítae de uno de nosotros refiere la siguiente experiencia temprana:
CONACyT (CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA)
Coordinador Ejecutivo
Junio – Noviembre 1999
Elaboración, negociación y firma de contratos con instituciones académicas y científicas tradicionales y reconocidas globalmente [e.g., Convenio de Cooperación celebrado entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Carnegie Mellon University].
Era el sexenio de Zedillo y bajo el oficio innegable del PRI, las instituciones operaban, si bien en parte, para cumplir los objetos para los que habían sido creadas, siendo el caso del CONACyT, organismo cuyo objeto es promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En mayo de 1999, se expedía la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, instrumento que sentaba las bases para del actuar del gobierno federal mexicano para el impulso, el fortalecimiento y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Los antecedentes del CONACyT se remontan a los años treinta, pues en 1935 y siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, se creó el Consejo Nacional de Educación y de la Investigación Científica, órgano consultivo que estudiaba las condiciones y necesidades del país en materia educativa y de investigación. Dicho órgano dio paso a la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (1942) y al Instituto Nacional de la Investigación Científica (1950), antecedente directo del CONACyT, creado en los años setenta. Su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002, es un amplio compendio de atribuciones y facultades, pero basta con transcribir su primer artículo:
“El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante CONACyT, es un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la ciudad de México…”
Con decenas de investigadores relacionados con el CONACyT y millones de pesos involucrados el mes pasado en supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, el Consejo entró en un huracán mediático que está lejos de contribuir a esa vital misión cuya grandeza conceptual pudimos percibir durante nuestro humilde servicio en el mismo, hace 22 años.
Este mes inició con la remoción arbitraria y contraria a la autonomía del director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, por pedir estabilidad laboral para investigadores de programa del Consejo. Finalmente, el Código de Conducta del CONACyT fue actualizado con deberes alusivos a favorecer al proyecto del actual gobierno, con preceptos “mordaza” que atentan contra la libertad de expresión en un ambiente de alto nivel intelectual, sin más ni menos.
En palabras de Catalina Pérez Correa, profesora-investigadora del CIDE, “el gobierno de López Obrador parece decidido a convertir a los Centros Públicos de Investigación del país en un apéndice del gobierno federal y ahora también a interferir en las universidades públicas que gozan de autonomía constitucional. Las alarmas tendrían que estar encendidas en todo el país. Los frenos y contrapesos del gobierno no solo vienen de los otros poderes constitucionales (el legislativo y el judicial), la sociedad civil tiene un papel importante como control del poder. Los medios de comunicación, las y los periodistas, las organizaciones civiles no gubernamentales y la academia cumplen también ese rol. Desde estos espacios se vigila al poder, se critican sus decisiones y se le obliga a la transparencia. Los ataques del Ejecutivo a la academia están ahí, a la vista de todas y todos”.
Pero no es solo eso, sino el lamentable ataque sostenido al desarrollo del país, iniciado con las decisiones en materia económica en el presente sexenio y que ahora asestan otro golpe al generar, como ha advertido, en un ejemplo de muchos extrañamientos internacionales, la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay, “muy dañinas brechas” entre la ciencia y la sociedad mexicana.
Hoy, cuando la ciencia, la tecnología y la innovación, que permiten generar conocimiento, son condiciones indispensables del desarrollo nacional y para la competencia internacional, “crecimiento dirigido por innovación”, “economía del conocimiento” y “capital humano”, parecerían términos de otra galaxia, pero no lo son, son sentido común y tragedia nacional.
