Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Durante la sesión que hoy realizará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abordarán 24 proyecto de resolución, 12 de los cuales revisten importancia que podrían definir situaciones anómalas y que exhibirían la probable mala fe de quienes presuntamente habrían alterado las actas de votación para la elección presidencial.
En un comunicado oficial del TEPJF, se precisa:
De conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 9/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado Felipe de la Mata Pizaña solicitó la publicación de 24 proyectos de resolución.
Al leer la síntesis de los 12 relacionados con la elección presidencial, se advierte que en 12 entidades fueron impugnados los resultados en distritos electorales. Seguramente no cambiará la relación con respecto de quien resultó ganadora en los comicios, pero evidenciará que en el proceso electoral hubo manos nada limpias.
Sin intentar descalificar el proceso, lo cual por los resultados es imposible, sí es importante conocer cuántas anomalías se cometieron y a quienes beneficiaron. Por supuesto, saber si los afectados tienen razón y determinar, conforme a derecho, las responsabilidades del caso.
Después de las fallas repetidas en el INE y que “fueron aclaradas”, ahora el peso de legitimar no la elección presidencial, sino la influencia política o criminal en entidades como Puebla, Chiapas, Michoacán, Querétaro, Chihuahua y Guerrero.
Aunque haya quienes afirmen que el TEPJF se encuentra “cooptado” por el presidente de la República y su partido, lo cierto es que sus actuaciones han sido apegadas a derecho y las sanciones públicas -al presidente no se le pueden aplicar multas de dinero- demuestran que sus cinco magistrados actúan para hacer valer la ley.
(Claro, hay quien dice que “a mí no me venga con que la ley es la ley”).
Probablemente de los proyectos que serán resueltos este día, afloren ciertamente las alteraciones de las actas, algo que no tiene sentido ni fundamento, porque en la legalidad participan los ciudadanos que fueron insaculados y responden a, aquí si es veraz, a una calidad moral sin mácula alguna.
Sin embargo, no se puede, no se debe olvidar el costal de mañas que carga el PRI con quienes fueron sus militantes y ahora utilizan el chaleco sin mangas y de un color: guinda.
Será sumamente interesante el contenido de las resoluciones de los magistrados del TEPJF, porque, hay que insistir en el tema, no están al servicio del gobierno y su responsabilidad es poner las cosas en el lugar que corresponde.
Las impugnaciones presentadas, no solamente por los derrotados sino incluso por los victoriosos, representan las acciones presuntamente ilegales. Hacerlas públicas mediante las resoluciones, es responder a la transparencia que tanto le urge al país y que los responsables de los entes públicos del actual gobierno no entienden que es su obligación “tener al pueblo informado”,
¿Qué encontraron los magistrados ponentes?
Seguramente los elementos para confirmar y dar la razón a los quejosos o bien desechar por falta de congruencia o pruebas irrefutables los centenares de juicios iniciados en tiempo y forma.
Por lo pronto, habrá que ir calentando motores, porque lo de hoy es apenas un adelanto de lo que seguirá en las próximas cuatro semanas.
El trabajo es abrumador. Cada quien, los que impugnan y los que se defienden, no presentan oficios de una hoja. En ocasiones son miles de fojas -como las llaman en términos jurídicos- que deben ser analizadas, filtrar los términos, valorar las pruebas y emitir una resolución.
Alguien dice que los magistrados ganan demasiado y que sus salarios están por encima del que recibe el huésped temporal de Palacio Nacional. Quizá sea verdad. Pero la diferencia de empleos, lo amerita y justifica.
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