Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Extrañamente en la alcaldía Álvaro Obregón se encuentra el pozo que, según el jefe de gobierno sustituto, suministra de agua potable a la Benito Juárez. Hace cinco semanas, vecinos de 9 colonias ubicadas en la BJ denunciaron que el líquido estaba contaminado, olía mal y presentaba colores no transparentes ni cristalinos.
El gobierno capitalino tomó las riendas del asunto y de entrada clausuró el pozo Alfonso XIII y encargó a la Guardia Nacional la vigilancia. Para paliar el problema, la Secretaría de la Defensa activó el Plan DN-III y junto con el Plan Marina se instalaron bombas para surtir a los vecinos de cantidades insuficientes, pero necesarias, de agua purificada.
Sin que se hayan presentado pruebas, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por órdenes superiores -que no son otras que las emitidas por el jefe de gobierno sustituto- presentó una denuncia contra quien resulte responsable por un presunto “sabotaje”. Esto ocurrió a mediados de abril.
Hasta ahora no se sabe cómo avanzan las indagatorias a cargo de los peritos “especializados” de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx a cargo de Ulises Lara.
Los vecinos pagaron análisis en diversas instituciones privadas y los resultados mostraron que la calidad del agua no era potable ni utilizable para uso humano, es decir, baño.
Por las denuncias ciudadana, el Sacmex ordenó nuevos análisis que, presumiblemente, sería hechos públicos para satisfacer la demanda de los vecinos.
El pasado miércoles, el Comité de Transparencia del Sacmex determinó que reservará por 3 años los resultados de las pruebas sobre el agua contaminada. La “reserva de los datos” podría ampliarse a 5 años.
De la chistera que utilizan todos los servidores de la cuatroté, salieron los argumentos para reservar la información: el comité se basa en que al exponer los documentos al escrutinio público se podrían generar interpretaciones erróneas, confusas y equívocas, lo cual presentaría un riesgo para la investigación del presunto sabotaje al sistema de distribución y abastecimiento de agua potable.
¡Recórcholis!
La lógica indica que los resultados no le son favorables al gobierno capitalino y que el organismo proveedor del líquido ha sido incapaz de mantener la calidad del agua que suministra a toda la Ciudad de México.
Si los análisis sirvieran para que el señor Batres acusara a la oposición de provocar la alarma, sería hecho públicos y serviría para demostrar que los conservadores no tienen límite.
Sin embargo, seguramente los resultados son adversos a lo esperado y entonces, siguiendo el sello de la casa impuesto desde Palacio Nacional, se reservan los resultados.
La pobre argumentación del Comité de (in)Transparencia de Sacmex, califica a los ciudadanos de ignorantes, que podrían “mal interpretar” los resultados y ello pondría en riesgo la seguridad “capitalina”.
¡Pamplinas!
Esconder la verdad no la hará desaparecer. Cuando se conozcan los resultados, si es que no se amañan para entonces, el gobierno capitalino será digno de ser recordado todos los días como si fuera 10 de mayo.
La opacidad se impone.
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