Unas 15.000 personas, según las autoridades, salieron a las calles de Madrid el 9 de marzo, exigiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se oponen a la ley de amnistía de los partidarios de la independencia de Cataluña, y acusan al jefe del Ejecutivo de firmarla.
«Miles de personas se han congregado en la Plaza de Cibeles de Madrid enarbolando banderas españolas y pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos días después de haberse cerrado el pacto con ERC [Esquerra Republicana] y Junts [Partido Juntos por Cataluña] para aprobar la ley de amnistía para los encausados por el ‘procés’ catalán», informa el medio RTVE.
El canal agrega que, según el Gobierno español, la manifestación juntó a 15.000 personas, mientras que los organizadores estiman en 400.000 la cantidad de participantes.
Las protestas fueron organizadas por «más de una veintena de asociaciones», incluida la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Neos, Convivencia Cívica Catalana e Impulso Ciudadano. El Partido Popular (PP) fue representado por la europarlamentaria Dolors Montserrat y la vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Ester Muñoz.
«La ley de amnistía perpetra una transacción corrupta: votos a cambio de impunidad. Es una vergüenza que el Gobierno se instale en una postura de la que solo salen beneficiadas dos personas: [Carles] Puigdemont y Pedro Sánchez. Seguiremos dando la batalla en todos los frentes», publicó el PP en la red social X.
El presidente del partido Vox, Santiago Abascal, también asistió a la manifestación. «En lo que de VOX dependa, no habrá tregua ni paz para este Gobierno de malvados», declaró Abascal ante la prensa.
En las elecciones del 23 de julio de 2023, el PP obtuvo 137 de los 350 escaños parlamentarios, frente a los 121 del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que necesitaba asegurarse el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176) y reelegir a Pedro Sánchez como jefe del Gobierno.
Para lograr la investidura, Sánchez cerró acuerdos con varias formaciones que estipulaban, en particular, una amnistía para los líderes del ‘procés’, políticos independentistas catalanes a los que la Justicia española persigue por actos declarados o tipificados como delitos. La pactada amnistía dio origen a protestas multitudinarias en España.
Sus detractores argumentan en particular que la amnistía no está prevista en la Constitución, abarca un período demasiado amplio, del 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023, atenta contra la igualdad ciudadana y protege a los radicales. A finales de enero, el Congreso de los Diputados rechazó la ley y la devolvió a la Comisión de Justicia para que sea debatida de nuevo, teniendo en cuenta las enmiendas. Sputnik
