Luego de que hoy se diera a conocer que los grupos criminales Los Tlacos y La Familia Michoacana pactaron una tregua en Guerrero ―que le sigue a la paz pactada hace unos días entre Los Tlacos y Los Ardillos en Chilpancingo―, Sandra Luz Valdovinos Salmerón informó que retomará sus funciones como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras dejar su cargo en medio de una severa ola de violencia.
Fue el pasado 14 de febrero cuando la funcionaria solicitó la separación de su cargo por seis meses sin goce de sueldo para atender “asuntos personales”. Sin embargo, este jueves Valdovinos Salmerón dijo a través de un comunicado que ha desistido de su petición de licencia y ha informado al Congreso de Guerrero que continuará ejerciendo las funciones propias de un fiscal.
“No omito manifestar que a la fecha de la presentación de mi desistimiento no ha recaído ninguna respuesta en sentido afirmativo o negativo por el multicitado Congreso, por lo que considero que no existe impedimento legal alguno para continuar desempeñando de forma ininterrumpida mis funciones como titular de este órgano de procuración de justicia”, señaló.
Por otro lado, la fiscal aseguró a la sociedad guerrerense que su equipo priorizará el combate a la impunidad y garantizará el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
No resolvió un solo caso de homicidio en el 2023
El estado de Guerrero ha experimentado un aumento crítico en los niveles de violencia debido a los conflictos entre facciones rivales del crimen organizado, que ha culminado en varios enfrentamientos dejando múltiples víctimas y sumiendo a comunidades como Taxco y Chilpancingo en una parálisis por la inseguridad.
En un intento por mitigar esta violencia desenfrenada, líderes de la Iglesia en la región, incluyendo sacerdotes y obispos, han hecho llamados a los grupos de narcotraficantes para iniciar un diálogo que promueva la paz, los cuales están dando sus primeros “frutos” con dos ceses al fuego entre los grupos criminales Los Tlacos, Los Ardillos y La Familia Michoacana.
Los ceses, sin embargo, son parciales y no tienen garantía, pues apenas el lunes pasado se reportó un enfrentamiento en San Miguel Totolapan entre los grupos Los Tlacos y La Familia Michoacana resultó en la muerte de 12 personas, según datos oficiales.
Este incidente subraya la grave situación de impunidad y el ciclo de violencia que asola a Guerrero, dificultando la investigación y procesamiento de los responsables de crímenes graves, incluyendo asesinatos y secuestros.
Las estadísticas son alarmantes: sólo en enero de 2024, Guerrero registró 110 homicidios dolosos, manteniendo cifras similares a las del mismo periodo en 2023, con 123 asesinatos.
A lo largo de todo el 2023, la entidad gobernada por Evelyn Salgado Pineda acumuló un total de 1,401 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero (FGEG) contabilizó 1,408, revelando una discrepancia y subrayando la magnitud de la violencia. Sobresalientemente, durante el 2023, la Fiscalía de Guerrero a cargo de Sandra Luz Valdovinos Salmerón no logró resolver ninguna de las investigaciones de asesinato, lo que se traduce en una impunidad total en estos casos.
Esta oleada de violencia y el aparente fracaso de las iniciativas de pacificación, incluyendo las políticas de “abrazos, no balazos” promovidas por López Obrador, han suscitado críticas tanto dentro de México como en el extranjero.
Guerrero, uno de los estados más pobres y estratégicamente importantes para el narcotráfico debido a sus cultivos de marihuana y amapola, refleja el desafío nacional contra la delincuencia organizada y la grave crisis de seguridad que enfrenta México, donde la tasa de homicidios alcanza los 25 por cada 100 mil habitantes, una cifra que ha escalado significativamente desde el inicio de la ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006, resultando en más de 400 mil muertes.(Agencias)
