Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Cuentan quienes han recorrido todas las capitales del país que la “menos agraciada” es la de Guerrero, es decir, Chilpancingo.
Es, sin embargo, un centro económico y la sede de los Poderes del Estado.
La gente trabaja arduamente para superar los escollos que se han presentado, no de ahora, de décadas atrás. Ahora viven bajo el terror.
Sí, porque los criminales se han apoderado de la ciudad y han decidido imponer condiciones para que el comercio, sobre todo el de alimentos, cubra la cuota por el derecho de piso so pena de obligarlos a cerrar o bien amenazar a sus familias o incluso a los propietarios, tres de los cuales han sido ejecutados por negarse a las peticiones.
La alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez, ha sido señalada por sus presuntos nexos con el grupo criminal “Los Ardillos” aunque ella ha negado las versiones y sobre todo, el video en el que aparece con algunos presuntos miembros del cártel. Ha solicitado, según declaró, que la Fiscalía General del Estado investigue y difunda la verdad sobre el contenido de la grabación.
Cierta a su relación con los malandros, Chilpancingo se encuentra paralizado desde hace tres días por la falta de transporte, en virtud de que choferes que dan servicio a municipios cercanos como Petaquillas, han sido secuestrados, asaltados y ejecutados. El transporte urbano concesionado, no prestará el servicio mientras la violencia no ceda y los conductores puedan realizar su trabajo sin contratiempos.
El comercio en general está cerrado. Y el tema no es que en las últimas semanas se presente el problema.
Desde hace meses, los primeros en ser sometidos a pagar el derecho de piso fueron los polleros. Los criminales les ordenan a cómo vender el kilo y a quien comprarle las aves. Por supuesto, a ellos mismos.
Después vinieron las tortillerías que bajaron las cortinas i cerraron sus puertas. Más adelante, los ambulantes con puestos semifijos y ahora son los agricultores los que pagar por hectárea sembrada y cultivada ante la amenaza de no permitir la salud de los productos alimentarios.
La capital del Guerrero, con la historia escrita en las conciencias gracias a José María Morelos y Pavón por haber dado lectura al documentos más completo de la Independencia, Los Sentimientos de la Nación, es hoy una ciudad sin ley.
No hay día en el que las calles no se tiñan de rojo. No hay día en el que no se registren asaltos. Cada 24 horas se cometen decenas de delitos y la alcaldesa, como su par en Acapulco, es omisa y opta por dedicar su tiempo a preparar sus fiestas personales y a rendir sus “informes de gobierno”.
Los presidentes municipales son, sin duda, responsables en primera instancia de la seguridad de sus gobernados. En el caso de Chilpancingo, en donde debería despachar la gobernadora Evelyn Salgado Pineda –por regla general lo hace en Acapulco en la Torre Platino siguiendo el ejemplo de sus antecesores- está obligada a ser garante de la vida y de los bienes de todos los guerrerenses y en espacial los de la capital, porque ahí está el asiento jurídico y legal de su mandato.
Ambas funcionarias han dejado crecer la violencia y aunque cuentan con el respaldo federal y la presencia de la Guardia Nacional y de elementos del Ejército y la Marina, los malandros hacen de las suyas no solo en Chilpancingo sino en Acapulco y, por supuesto en Iguala, en Taxco, Ciudad Altamirano y en la Montaña.
¿Qué hace falta para frenar la violencia en Guerrero y en el resto del país?
¡Inteligencia y decisión política!
Eso, para desgracia de los habitantes de la entidad, es poco menos que imposible en este gobierno federal, cuyo titular tiene otras premisas y una que le quita el sueño; la elección presidencial y del Congreso de la Unión.
Parafraseando a Porfirio Díaz y cambiando solo un nombre, hay que repetirla: Pobre Chilpancingo, tan cerca de la Ciudad de México y tan lejos de Dios.
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