Glas se refugia en la embajada de México: a qué responde la tradición de asilo político en ese país

La diplomacia mexicana vive un nuevo episodio telúrico con el alojo del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas en su embajada en Quito, un pasaje que se suma a la histórica protección que ha ofrecido la nación norteamericana a políticos y ciudadanos bajo amenaza o riesgo.
Por ejemplo, en la historia reciente, concretamente en noviembre de 2019, el Gobierno de México ofreció sacar de Bolivia al entonces recién renunciado presidente Evo Morales para evitar que su vida peligrara, ante un llamado de las Fuerzas Armadas a que se separara del cargo.
O bien, los familiares del presidente depuesto del Perú Pedro Castillo también fueron acogidos en la nación de Diego Rivera.
Esta dinámica de protección de líderes y ciudadanos en general no es propia del siglo XXI, sino que se ha desarrollado varias décadas antes, como cuando, en la década de 1930, el presidente Lázaro Cárdenas recibió a miles de refugiados españoles desplazados por el golpe de Estado de Francisco Franco contra la segunda república ibérica.
También, a lo largo de su historia México ha recibido diásporas libanesas, japonesas en Baja California, de víctimas del llamado Plan Cóndor en Latinoamérica, además de distintos individuos europeos, entre otros grupos humanos.
Los asilados soviéticos en México también son célebres, con nombres tan conspicuos como el de León Trotski, titular del Ejército Rojo, o el periodista, novelista y revolucionario Víctor Serge.

Un ex vicepresidente ecuatoriano acusado de peculado

«El 17 de diciembre de 2023, Jorge Glas Espinel se presentó en la sede de la embajada de México en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal», expresó ese mismo día la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del país latinoamericano.
«Se permitió el acceso de Glas Espinel en calidad de huésped. En caso de que Jorge Glas formalice una solicitud de asilo político, el Gobierno de México la analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda», sostuvo la dependencia diplomática.
Para reflexionar sobre la tradición mexicana de otorgar asilo político, Sputnik conversó con el historiador Rolan Soto, originario de Honduras y especializado, entre otras líneas, en políticas mexicanas de refugio político y dictaduras centroamericanas, cuyas víctimas, precisamente, fueron alojadas en distintas magnitudes durante el siglo XX en el país de Elena Poniatowska, novelista originaria a su vez de Polonia y Francia.

Una tradición antifascista

El especialista indica que en los años posteriores a la Revolución mexicana, guerra civil que experimentó el país latinoamericano en los albores del siglo XX, se forjó la tradición de asilo político.
Si bien el ideario del movimiento popular, de fuerte orientación izquierdista, derivó en la atracción hacia México de sujetos políticos identificados con esa postura, señala Soto, no se puede decir que sólo se recibió a figuras con esa orientación ideológica y política.
«La Convención sobre Asilo de La Habana fue firmada por México el 20 de febrero de 1928 y ratificada por este país el 6 de febrero de 1929. Por su parte, la Convención de Montevideo fue firmada el 26 de diciembre de 1933 y ratificada el 27 de enero de 1936», especifica Soto.
En el primer acuerdo, recuerda, se establece que no es lícito brindar asilo a responsables de delitos comunes, mientras que en el acuerdo uruguayo se hizo la distinción entre asilo político y territorial.

La centralidad de la doctrina Estrada

«Cualquier desviación de los protocolos establecidos en materia de asilo, como también en otros asuntos de relaciones diplomáticas, contradice la política exterior de México, basada en la doctrina Estrada», recuerda el historiador centroamericano.
Este criterio, apunta, fue suscrito el 27 de septiembre de 1930 y propuesto por Genaro Estrada, quien entonces era titular de Relaciones Exteriores.
«La doctrina contempla los principios de libre determinación de los pueblos y la no intervención de México en asuntos internos de los Estados», describe. «Es decir, el derecho que tienen los pueblos para mantener o sustituir a sus gobiernos».
Otro rasgo de la política exterior mexicana, cabe recordar, es el de neutralidad ante conflictos, con una apuesta por la conciliación.
De ahí, por ejemplo, que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador haya motivado el diálogo en suelo mexicano del Gobierno chavista y la oposición en Venezuela, o entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla activa del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Mismamente, acompañó la firma de los acuerdos de paz colombianos entre las autoridades de Bogotá y las hoy desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A su vez, México ha dejado claro en repetidas ocasiones que no romperá relaciones diplomáticas con países en conflicto entre sí, como sucede actualmente entre Rusia y Ucrania, o bien entre Israel y Palestina, Estados todos cuya legitimidad reconoce el país latinoamericano y con los que mantiene relaciones políticas y diplomáticas.

Los claroscuros

No obstante la imagen de un México de puertas abiertas, reconoce el historiador Soto, también existe una contracara, expresada en sus políticas de rechazo, también existentes.
«A lo largo de su historia, también ha creado mecanismos de repulsión de individuos y colectivos ‘indeseables’, basándose en criterios étnicos, económicos y de asimilación cultural», expone el estudioso.
«Por ejemplo, la primera ley de inmigración de 1908 respondió a la necesidad de frenar la migración china y el Gobierno de Cárdenas, como el de (Manuel) Ávila Camacho, proseguían con la política restrictiva originada a fines de la década de los 20, la que afectaría principalmente a la inmigración judía», apunta.
O bien, puede pensarse en el endurecimiento de medidas restrictivas para poblaciones de constante flujo migratorio, como en el caso de Nicaragua y otros países centroamericanos, sumados a Haití y Venezuela.
A esto se agregan las constantes críticas de organismos de derechos humanos y otras voces políticas sobre los descuidos del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, hacia los miles de migrantes que año con año cruzan el territorio mexicano, ya sea para radicarse en él o en un intento de ingresar a Estados Unidos y Canadá.(Sputnik)
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