*Despropósito, Acusar a Laynez Potisek de Haber Actuado “Fuera de Horario”
*Omitió Recordar su Dicho: que Todos los Presidentes Colocan en la Corte a Ministros Afines
*Con la Llegada de Piña, Frenadas las Ambiciones Presidenciales
*Dijo que Quedaría un Interino Para en el Periodo de Samuel y le Falló el Pronóstico
*Y el Legislativo, en su Parte Como Corte del Virrey se Suma a la Pira Pública
*No Deja de Sorprender el Desvío Legal de Ricardo Monreal
ALBERTO ALMAZÁN
La crisis política registrada en Nuevo León por los malabares realizados por el repuesto gobernador, Samuel García Sepúlveda, desveló actitudes contrarias al Estado de Derecho y la Separación de Poderes.
El senador Ricardo Monreal Ávila, con 40 años de experiencia política y los últimos 20 en el Poder Legislativo, tiene razón al acusar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber tomado partido. Lo que no aclaró es a cuál se alineó.
Habría que decirle en una palabra con quién está alineada: con la LEGALIDAD.
Acusar al ministro Javier Laynez Potisek de haber actuado “fuera del horario” de labores para emitir el comunicado en el que ratificaba la elección del gobernador interino de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, a quien el Congreso Estatal eligió para suplir a Samuel García Sepúlveda en acatamiento de la sentencia de la Suprema Corte en la que se ratificó que es la única instancia para nombrar al interino, es un despropósito.
La “justicia debe ser “expedita”, reza la Constitución.
La decisión del ministro Laynez se apegó estrictamente a derecho y ello no implica que haya tomado partido por algún instituto político, una corriente ideológica o para “hacerle daño al gobierno” del presidente López.
Monreal omite recordar sus declaraciones sobre la primera terna presentada por el presidente López para llevar la vacante por la “renuncia” –hasta ahora sin apego al artículo 96 de la Constitución- de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en las que destacó que todos los presidentes colocan en la Corte a ministros afines al proyecto de gobierno.
Eso, señor senador, sí es tomar partido. Defender la idoneidad de personajes –sean varones o mujeres- militantes activas del partido en el gobierno, sí es tomar partido. Se entiende el compromiso personal con su amigo –quien al parecer ya le levantó el castigo- y jefe, pero como doctor en derecho y maestro en la Facultad Derecho de la UNAM, está obligado a respetar las decisiones de un PODER INDEPENDIENTE.
Desde el arribo de la ministra Norma Leticia Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal dominado por servidores que fueron empleados del presidente de la República- la relación entre el Ejecutivo Federal y el Judicial de la Federación han sido ríspidas por decir lo menos.
La decisión de los ministros que encumbró a la primera mujer a la cabeza del Poder Judicial, frenó las ambiciones presidenciales de controlar también al tercer poder, el que se erigió en muro infranqueable por el que no transitan las reformas legales aprobadas por los legisladores del oficialismo por mayoría simple.
Monreal apostó, públicamente en el programa de José Cárdenas, que finalmente quedaría un gobernador interino que perteneciera al periodo para el cual fue electo Samuel García. Le falló el pronóstico. La Corte había reconocido la facultad al Congreso del Estado para designar al interino y ordenó que las autoridades administrativas o de cualquier otro género se abstuvieran de impedir el ejercicio democrático y legal.
Como el frívolo gobernador, el que fuera la corcholata en ocupar el último lugar de los cuatro competidores, se asume como el sabio del Derecho y estima que sus consideraciones son las únicas con valor jurídico. Seguramente tampoco entiende que, a la Corte, a los colegiados, a los juzgados de distrito solamente ascienden los que tienen conocimientos plenos y comprobados. No forman parte del personal que debe tener 90 por ciento de lealtad ciega y solamente 10 por ciento de experiencia.
Al igual que Monreal, los integrantes del legislativo, que forman parte de la Corte del virrey que habita temporalmente Palacio Nacional, se suman a la pira pública en la que deben arder los ministros que frenan la “cuatroté” y con sus decisiones lesionan al “pueblo bueno” y protegen a los delincuentes de cuello blanco y criminales de alta peligrosidad.
Cuestionan los amparos concedidos a narcotraficantes con los cuales se retrasan las extradiciones que, finalmente se conceden, sin entender que es la herramienta para evitar los traslados inmediatos. No cuestionaron los amparos otorgados a Ovidio Guzmán ni a su padre, El Chapo. Eso sí, quieren que se revise el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, porque fue torturado durante los interrogatorios.
No deja de sorprender el desvío legal de Monreal. Sabe y bien que el la Suprema Corte es garante de la Constitución y que sus integrantes están obligados a respetarla y hacerla respetar, al igual que las leyes secundarias en vigor. No se entiende que un doctor en derecho, cuya ambición personal lo hizo clamar a los cuatro vientos que estaría en la boleta de la elección presidencial, arroje los conocimientos jurídicos al drenaje profundo por el prurito de quedar bien con su jefe.
La decisión de Javier Laynez Potisek sí tomó partido: la LEGALIDAD y el respeto a la Constitución, aunque no le guste al senador zacatecano.
