El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) ratificó este 8 de diciembre que los resultados de los comicios presidenciales ganados por Bernardo Arévalo son «oficiales e inalterables», después de un intento del Ministerio Público de anular ciertas boletas con presuntas irregularidades.
«Quiero ratificar como magistrada titular y a título muy personal, que los resultados están validados, oficializados y son inalterables», recalcó la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, quien dijo que las autoridades electas tomarán posesión el 14 o el 15 de enero próximo, pues de lo contrario habría un rompimiento constitucional
Alfaro agregó que las personas que ganaron los comicios ya tienen sus credenciales, y que solo una sentencia que venga de la Corte de Constitucionalidad podría a anular el proceso electoral.
La mañana de este 8 de diciembre, el Ministerio Público de Guatemala afirmó que ciertas actas electorales de los comicios generales ganados por Arévalo son «nulas», por lo cual solicitó un antejuicio para retirar la inmunidad del político de izquierda y actual jefe de bancada del partido Movimiento Semilla en el Congreso.
«Hay diferencia en el formato de actas 4, por lo que son nulas», informó la fiscal Leonor Morales en rueda de prensa, en la que anunció, además, la solicitud de antejuicio para Bernardo Arévalo y para el también diputado Samuel Pérez.
De acuerdo con la fiscal Morales Laso, integrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en los comicios no se utilizaron los formatos que el Tribunal Superior Electoral (TSE) estableció en las actas 4 o de cierre final del escrutinio.
Morales Laso dijo que, por tal situación, las actas 4 o de cierre final del escrutinio «son nulas de pleno derecho para las elecciones generales de presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República, listado nacional, diputados al Congreso de la República por Distrito Electoral, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano».
La Fiscalía ha allanado en cinco oportunidades las oficinas del TSE y el 30 de septiembre pasado se llevó las actas originales con los resultados de las elecciones generales del 25 de junio, que desde entonces están en manos de la fiscalía.
En respuesta, movimientos sociales y originarios realizaron manifestaciones a nivel nacional reclamando la renuncia del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quienes acusan de intentar violentar la voluntad popular expresada en las urnas
Vendedores del mercado marchan hacia el centro durante una huelga nacional en Ciudad de
La OEA alza la voz
La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó lo que calificó como un «fraude político contra la voluntad del pueblo» por parte de los fiscales del Ministerio Público.
«El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo», denunció la OEA en su comunicado, en el que llamó a los poderes del Estado en Guatemala a defender la institucionalidad.
Además, el 18 de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Ministerio Público de Guatemala por un ejercicio abusivo del poder y por llevar a cabo «injerencias indebidas» en el proceso electoral.
La condena de la comisión se produjo después de que la Fiscalía acusó a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, de utilizar la movilización estudiantil de la Universidad de San Carlos (USAC) en 2022 como trampolín electoral.
«La CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión rechazan el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público de Guatemala, mediante incesantes acciones e injerencias indebidas», apuntó el organismo defensor, adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Además de las acusaciones en relación con la USAC, la Fiscalía ha llevado otras acciones contra el Movimiento Semilla, de Arévalo, como asegurar que falsificó sus firmas para constituirse como partido político o que incurrió en irregularidades durante la jornada electoral, acciones que han sido condenadas por el propio Arévalo y distintos actores guatemaltecos, que las califican como un intento de golpe de Estado para impedirle tomar posesión de la presidencia este enero de 2024.
Información: @Sputnik
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