*Irritación y Molestia Social Ante Adoctrinamiento Para Menores de Edad
*Se Está Trastocando el Artículo Tercero Constitucional
*La Constitución no Otorga Autoridad al Presidente Para la Imposición
*No se Pidió la Opinión de los Gobernadores Ordenada por la ley
*La Educación no Debe ser Utilizada Como Vehículo de Adoctrinamiento Clientelar
ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO
El tema sobre la educación en México siempre ha sido polémico y controvertido, es quizás históricamente uno de los más sensibles, no solamente por la obligación que tiene el Estado de proporcionarla, sino también el derecho de las personas a recibirla con calidad, por ello, el artículo tercero constitucional es uno de los que más reformas ha tenido.
Debido a la obcecada necedad de introducir en los libros de texto gratuito contenidos con el propósito de adoctrinar a los menores estudiantes, con patrones de ideología de género y otras de corte marxista, esa situación ha provocado un gran malestar, controversia que se suma a la ya de por sí fragmentada sociedad.
La facultad que otorga el artículo tercero de la Carta Magna al Ejecutivo Federal para determinar los principios rectores y los objetivos de la educación; así como los planes y programas de estudio, no es un cheque en blanco ni tampoco lo autoriza a la imposición. En principio, se encuentra obligado a considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos actores sociales involucrados en la educación.
Ese ejercicio nunca se llevó a cabo y, es explicable, estaban ciertos que los libros de texto provocarían gran polémica, como ahora ocurre, así que optaron por la decisión autoritaria y antidemocrática de ponerlos en circulación a como diera lugar, costumbre tradicional de los cuatroteros.
La norma suprema en cita, en alguno de sus párrafos dispone que la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
Tanto los criterios como las consultas a que se refiere el precepto normativo, no es producto de la casualidad, sino de un consenso nacional previsto precisamente para evitar las distorsiones en materia educativa como actualmente acontece.
Al respecto se han sumado muchas voces, incluyendo a simpatizantes de su partido, manifestando su descontento con los contenidos en esos libros, confeccionados unilateralmente causando nuevamente un gran malestar en la comunidad nacional.
La educación en México no debe ni puede contemplarse solamente desde una perspectiva de la enseñanza académica, menos aún, ser utilizada como vehículo de adoctrinamiento clientelar de masas, como tampoco implantar ideologías de género en infantes, pues rompen el modelo adoptado en el texto constitucional.
Por el contrario, debe estar vinculada con el desarrollo nacional y la convivencia armónica de la sociedad, con énfasis en la dignidad de las personas y la integridad familiar, su camino es la formación de ciudadanos en democracia, en la igualdad, que implica el Estado de Derecho y su observancia, en otras palabras, tiene un sentido que rebasa lo propiamente académico.
Tanto en el contenido como en el proceso de elaboración se localizan una serie de vicios que atentan en contra de la Constitución, pero también de los menores, segmento vulnerable del que quieren aprovecharse.
