*Ante el Secuestro de su Suegro, Luis Echeverría
Fijó la Postura del Estado
*A Cuatro Días de Rendir su IV Informe de Gobierno,
Lanzó la Advertencia
*José Guadalupe Zuno Regreso Sano y Salvo Diez
Días Después
*¿Hoy el Gobierno de la 4t y sin el Pueblo Pacta o
Pactó con los Criminales?
ALBERTO ALMAZÁN
A cuatro días de rendir su cuarto informe de gobierno, el grupo guerrillero Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), secuestró a José Guadalupe Zuno en la ciudad de Guadalajara.
La conmoción entre los tapatíos y, por supuesto de la clase política, porque se trataba del suegro del presidente de la República, congeló el ánimo gestado por Luis Echeverría que impuso la moda de enfrentar a los “encopetados” y hasta sugirió la desaparición de las secciones de Sociales de los diarios de todo el país.
En la Cámara de Diputados, la de Allende y Donceles, todo estaba preparado para la lectura del largo, porque así fueron los tres anteriores, informe gubernamental.
El edificio construido durante el mandato final de Porfirio Díaz, había sido la sede del Congreso de la Unión desde 1911. En el mismo, el dictador que gobernó por 33 años, presentó su renuncia.
Corría el año de 1974 y desde Los Pinos se preparaba la salida del presidente para dirigirse a Palacio Nacional y colocarse la banda presidencial para informar al pueblo del estado que guarda la Nación.
A poca gente le interesaba, en realidad, lo que leyera en el informe y saturara a la asistencia, a los televidentes y al pueblo en general, de cifras relativas a los caminos de mano de obra, al crecimiento económico, al desarrollo del campo y un largo etcétera.
Todo mundo esperaba el mensaje relativo al rapto de su suegro, a quien después de secuestrarlo, sus captores exigieron la libertad de diez presos políticos, y veinte millones de pesos. Quienes pedían su liberación, eran líderes del movimiento estudiantil de 1968.
Las 96 horas que faltaban para el “Día del Presidente” pasaron con exasperante lentitud. Los mensajes de las FRAP no dejaban duda: o pagan el rescate o ajusticiamos a José Guadalupe Zuno.
En aquel entonces, el ya legendario Fernando Gutiérrez Barrios, era subsecretario de Gobernación y el negociador con los “presos políticos” para que los mensajes llegaran a los captores.
Los cuchicheos en el interior de la Sede del Poder Legislativo, hacían coro. El balbuceo se escuchaba por la acústica del centenario edificio.
La clase política estaba presente: todos los miembros del Gabinete, los gobernadores, senadores, diputados, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, embajadores, presidentes municipales, representantes del sector privado y los líderes de los tres sectores del PRI. Fidel Velázquez en primera fila.
A las 11 horas dio comienzo el evento. Las comisiones recibieron a los invitados. Y el presidente del Congreso de la Unión, el diputado guerrerense Píndaro Urióstegui Miranda, quien respondería el IV informe, recibió al Jefe del Ejecutivo cumpliendo con todo el protocolo.
Echeverría se dirigió al pueblo de México y a los representantes de los Poderes, a los invitados e inició la lectura.
El nerviosismo afloraba. ¿Qué dirá del secuestro…? ¿tocará el tema…? ¿guardará silencio…?
LA RESPUESTA
LLEGÓ PRONTO
“Pueblo y gobierno de México no pactan con criminales”.
La poderosa voz de Luis Echeverría Álvarez hizo cimbrar no solo a los asistentes sino al edificio completo.
Y la ovación no se hizo esperar. De pie, los asistentes, se entregaban al hombre que respetaba y hacia respetar la Constitución.
Hasta ahora se ignora si hubo pago de rescate o no. Lo real es que Zuno fue liberado el 7 de septiembre sin haber sido torturado, lastimado o violentado físicamente.
A cuento viene lo anterior, porque 53 años después, México vive una etapa de crisis de seguridad por la expansión exponencial de los grupos criminales a quienes el presidente López trata con pétalos de rosa.
Con una política fincada en “atender la raíz del problema” y anular la persecución de los criminales bajo el concepto de “abrazos no balazos”, más de 30 mil personas han sufrido desaparición forzada desde el inicio de su administración y 154 mil han sido asesinadas.
La inacción gubernamental orilló a las madres buscadoras a intentar un acuerdo con los líderes de los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado para que detengan los secuestros y pacifiquen el país.
A través de comunicados publicados y difundidos en todos los medios, las madres buscadoras enfrentan a los criminales con argumentos humanos. Al cierre de la edición no se conocía la respuesta de los criminales.
Sin embargo, y como es su costumbre, el residente temporal de Palacio Nacional se colgó del tema y avaló la petición de las madres. Vaya, prácticamente aplaudió el pacto solicitado.
Su postura frente a las acciones de los criminales ha sido de tibieza sorprendente y, quienes las cometen, saben que nada les pasará debido a la impunidad que los protege.
El incumplimiento de la administración de la cuatroté de proteger a sus gobernados, ha llevado al país a un verdadero río de sangre que lo cruza de sur a norte y de oriente a poniente. Según informes del Comando Norte de Estados Unidos, el 35 por ciento del territorio nacional está dominado por 9 cárteles criminales. En el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Nacional, sus titulares Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, han confirmado frente a congresistas, que hay zonas controladas por los grupos criminales.
La respuesta del gobierno ha sido negar todo y acusar a congresistas y al Departamento de Estado (“es un departamentito”) de usar a México para fines electorales, que considera “son politiquerías”.
Frente al poderío y el armamento sofisticado, principalmente de los cárteles de Sinaloa y JNG, han surgido versiones, no confirmadas y tampoco desmentidas de manera explícita, de que el gobierno actual tiene “pactos con los criminales”.
Una acusación pública provino de Porfirio Muñoz Ledo, fundador, amigo personal y compañero de lucha de Andrés Manuel López, en la que señaló que su exaliado, tiene pactos con los criminales y está llevando al país a “un narcoestado”.
El presidente López solamente respondió: está chocheando.
Aunque se declara admirador de Juárez, de Madero y conduce al México del Siglo XXI como si viviera en 1974 y toma muchas de las acciones emprendidas por Echeverría, en el caso de su lucha contra los criminales, no se ha pronunciado jamás como lo hiciera el gobernante que frenó el crecimiento de los guerrilleros a base de enviar al Ejército a enfrentarlos con una orden: aprehéndanlos y disparen si es necesario. Siempre fue necesario.
No pactó con criminales. Porque el pueblo y el gobierno no lo hace.
ABRAZOS, NO
BALAZOS
Desde el inicio de la administración que encabeza el presidente López, se estableció la línea para el trato que deben recibir los criminales y narcotraficantes: “abrazos, no balazos”.
Los resultados están a la vista: 157 mil homicidios dolosos atribuidos a “enfrentamiento entre los criminales”, aunque las necropsias realizadas muestran que decenas, miles de muertos, cayeron como “daño colateral”.
Las instrucciones fueron obedecidas ciegamente por los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, por espacio de tres años y Rosa Icela Rodríguez, quien llegó al relevo después de pasar por cuatro cargos en la administración pública.
Los jefes castrenses ordenaron a las tropas no disparar contra los criminales. Ello provocó un sinnúmero de humillaciones que fueron desde el desarme, obligar a los elementos a correr cuando los apedreaban y a estar sometidos sentados o en cuclillas. Las imágenes que circularon en redes sociales indignaron.
Y no porque fueran asesinados o torturados. No. Solamente por observar cómo el respeto para los soldados y mandos se perdió gracias a la equivocada política que se mantiene después de 4 años y 6 meses de imponerse.
Aunque formalmente la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina pueden realizar acciones de seguridad pública -hasta hace dos semanas reservadas a civiles-, la violencia e inseguridad que se registra en el país no cede y, por el contrario, al revisar los números de asesinatos los fines de semana, no hay una en la que se registre descenso.
Pese a los números oficiales, desde Palacio Nacional se insiste en que a los criminales hay que respetarles sus derechos “porque son humanos”, aunque se trata de descuartizadores, “cocineros” -el pozolero es el ejemplo más acabado de esa acción- y se ratifica que no cambiará la “estrategia” para “regresar la paz”.
Para el presidente López los males “son herencia de los neoliberales”.
Ello, sin embargo, no borra la imagen en la que caminó hasta la camioneta de la madre de “El Chapo” para saludarla de mano “porque no iba a dejar con la mano extendida a una persona mayor”, argumentó el presidente de México cuando fue captado en Badiraguato, sede del cártel Sinaloa que lideran los ahora hijos del sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.
En aquella ocasión, marzo de 2020, el Jefe del Ejecutivo federal no se hizo acompañar por la comitiva de prensa y decidió comer con la “familia Guzmán”. Personalmente se sirvió del bufet que se observaba en una mesa.
HAY O NO PACTO
CON CRIMINALES
Con el correr de los años de la actual administración, las voces se han multiplicado para señalar que el Gobierno federal tiene un pacto con los criminales, asunto que reiteradamente ha negado el titular del Ejecutivo federal.
Incluso, anunció que procederá penalmente en contra del abogado de Genaro García Luna, por calumnia al tratar de demostrar que los integrantes del grupo, presuntamente protegido por el exsúper policía y que testificaron en el juicio -cuando menos dos tercios de ellos están confesos y convictos por tráfico de drogas y algunos se encuentran en el programa de testigos protegidos-, porque sostiene que jamás ha recibido nada de los criminales.
Sin embargo, no se ha pronunciado como lo hiciera Luis Echeverría en 1974.
La recia frase de entonces: “Pueblo y gobierno de México no pactan con criminales”.
¿Podría decir lo mismo el señor Andrés Manuel López?
