Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó el decreto de 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador para blindar sus obras insignia como de seguridad nacional y de interés público, el Ejecutivo descalificó al Máximo Tribunal y aseguró que se adelantó a esa decisión, por eso lanzó un nuevo decreto.
“Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el del Istmo, y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte como se dice coloquialmente ya la perdimos”, dijo el mandatario este martes en su conferencia mañanera.
El presidente subrayó que por esa razón volvió a lanzar el 19 de mayo otro decreto para proteger sus obras en el sureste: “se dio a conocer otro decreto para proteger las obras que sean de seguridad nacional y de interés público, entonces no hay problema en decirle a la gente afortunadamente”, indicó.
“Yo creo que siempre (la SCJN) ha estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente se conoce como la oligarquía que es el poder de los ricos,” criticó el mandatario federal.
Ayer, lunes, la Sala Superior declaró la invalidez del decreto por el que se nombraban las obras públicas como de seguridad nacional y de interés público. El Pleno de la Corte aprobó por 8 votos que no sólo para temas de transparencia debe ser invalidado el decreto presidencial, sino que tampoco podrá ser invocado para evadir permisos o trámites.
El presidente acusó que sus opositores y el poder judicial quieren frenar el avance de sus obras públicas. “Entonces ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas y, no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces y ministros del Poder Judicial.
El presidente acusó que hay una asociación de abogados denominada “Litigio Estratégico” que está dedicada a promover amparos en contra de sus megaobras, la cual comenzó a operar a la par de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y aseguró que ahí están involucrados el ex ministro José Ramón Cossío y, el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta, así como los abogados: Miguel Carbonell y Gerardo Carrasco.
También, López Obrador dijo con respecto al rechazo del ministro Alberto Pérez Dayán a la propuesta presidencial para que los miembros del Poder Judicial sean elegidos por voto universal que “ellos no defienden la Constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México».
