Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Además de los ganchos al hígado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a asestado al ciudadano que habita en Palacio Nacional, por supuesto de manera temporal, ahora pegó un uperkot en el botón de la mandíbula, al declarar inconstitucional el decreto del 22 de noviembre de 2021 en cual cerró la llave de la transparencia que tanto pregona, al establecer que todas las obras del gobierno federal -sí, todas no solamente las llamadas insignia- serían consideradas de “seguridad nacional”, con lo que se reservan todas las informaciones que sobre su realización, avance y costos soliciten los ciudadanos.
Ante la publicación del otro decretazo, el INAI presentó una controversia constitucional sustentada en que en tratándose de recursos públicos se debe dar la publicidad suficiente y responder a las solicitudes que los ciudadanos presenten para saber cómo se gasta el dinero producto de los impuestos y los derivados de las Empresas Productivas del Estado.
El peine salió y se entiende con claridad la intención de “eliminar” al INAI y pasar sus responsabilidades a la Secretaría de la Función Pública. “El INAI no sirve para nada”, ha repetido en diversas ocasiones el huésped del Virreinal inmueble. Por ello se ha ordenado, no hay otra forma de decirlo, que no se designe cuando menos a un comisionado para completar el pleno y que pueda sesionar el organismo autónomo.
Ahora, con la declaratoria de inconstitucionalidad, la orden del secretario de Gobernación, Adán Augusto López girada a todas las dependencias federales de no dar información solicitada por el INAI, también ingresa a la cuenta final y escuchará los 10 sin necesidad de arrojar la toalla desde su esquina,
Los argumentos sustentados por el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, encontró el apoyo de sus pares hasta completar el número mágico: 8 y declarar anulado el decreto, por lo cual se obliga a todas las instancias del Ejecutivo Federal a rendir cuentas cuando el INAI lo ordene.
Esta parte no pareció entender la ministra HP, Yasmín Esquivel Mossa, quien junto con Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar, votaron en contra y luego, interpretó que la decisión es aplicable solamente entre el Poder Ejecutivo y el INAI, lo cual fue refutado por la ministra presidenta, Norma Leticia Piña Hernández que, con claridad, explicó que al no haber decreto en vigor no hay materia para excluir al resto de las entidades gubernamentales. Con la anuencia del ministro ponente y ante sugerencia de la presidenta de la Corte, se reflexionarán las impertinencias de Esquivel Mossa.
Es probable, se presumiría, que su planteamiento de dejar fuera a todos los que deben rendir cuentas a través de las resoluciones del Pleno del INAI -que seguirá incompleto para que no funcione y se oculte la información- estarían los contratos asignados al Grupo Rioboo, y cuyo mayor accionista es José María Riobóo, y que integran: Riobóo, S.A. de C.V., Diseño integral de proyectos de ingeniería,
Jorod, S.A. Diseño estructural, Consultoría Riobóo, S.A. de C.V., Coordinación y supervisión de la construcción de obras públicas e Ingeniería Riobóo, S.A. de C.V.
El Grupo ha participó en obras públicas en la capital del país cuando el hoy presidente de México fungió como jefe de Gobierno del Distrito Federal y su propietario fue uno de los impulsores para la destrucción del NAIM y promotor del AIFA, entre otras de sus acciones.
Más allá de lo que presumiría, la ministra Esquivel Mossa mostro dos elementos inequívocos: la sumisión hacia el presidente de la República y, desconocimiento del efecto de una declaratoria de inconstitucionalidad o la mala fe para cuestionar la decisión de 8 ministros.
A partir de que la Corte publique la sentencia, las informaciones que se soliciten de las obras que se realizan en Dos Bocas, tren Maya, Corredor Transístmico y el concluido AIFA, tendrán que otorgarse a los peticionarios y con ello se abrirá la caja de pandora.
¿Qué dirá el señor López de esta sentencia?
Lo mismo de siempre: el Poder Judicial está podrido, sirve para proteger a los conservadores. No tendrá argumentos legales. Ah, tiene de los otros.
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