Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Se entiende la lealtad. No se comprende el amago, amenaza o lo que haya sido.
El senador Ricardo Monreal, doctor en derecho y titular de la cátedra en materia constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, siempre había mostrado coherencia entre sus palabras y sus acciones, siempre con respeto a la Constitución.
Por ello, por su actitud mesurada y conciliadora, sorprendió a propios y extraños al recordar que el Senado tiene la facultad de ejercer el juicio político en contra de los ministros. Horas después aclaró que no fue amago ni amenaza. No se entendió qué fue.
En las redes sociales se lo acabaron y con palabras poco digeribles, lo hicieron trizas.
Probablemente porque es un convencido de que el huésped temporal de Palacio Nacional “trabaja para el bien de los mexicanos” y al que ha acompañado durante 27 años -de acuerdo con información oficial- y con él ha luchado dentro del movimiento y lo seguirá haciendo, lo lleva a defender las leyes que echó abajo la decisión de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Concediendo sin aceptar que sacar a relucir una de las facultades exclusivas del Senado de la República horas después de la sentencia del Máximo Tribunal Constitucional del País, no haya sido un amago ni amenaza, la interpretación a sus palabras no dejó duda alguna.
La impresión que se tiene es que acató la “sugerencia” presidencial y lo mismo hicieron sus compañeros de bancada y los aliados del PES, PT y del PVEM, y acompañado de Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado hasta el 30 de agosto próximo, obtuvo que 20 reformas a otras tantes leyes, sin haberse cumplido el proceso legislativo según los congresistas del Bloque de Contención.
Quizá, con los conocimientos que tiene como doctor en derecho y por haber estado la mitad de su vida política en el ejercicio legislativo ya como senador o diputado federal y después de la sentencia de la SCJN a la primera parte del Plan B, valoró que lo aprobado la noche del viernes 30, correrá la misma suerte.
Porque se advierte que la segunda parte del Plan B, que contiene 5 leyes, también será anulada sin entrar al fondo y enseguida vendrán todas las conocidas como “leyes del viernes negro”.
En este espacio hemos comentado la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantenga el rigor del respeto a la Constitución sin importar los epítetos que salen de la garganta del irritado presidente mexicano.
En una nación democrática y con la separación de Poderes, los pesos y contrapesos son indispensable para defender las libertades y frenar las imposiciones. No es un secreto que quien trabaja -eso dice- como jefe del Ejecutivo federal pretende llevar a buen puerto su transformación de cuarta mediante la destrucción del marco jurídico que rige en el país desde 1857 y, con adecuaciones necesarias por los tiempos y exigencias, prevalece la independencia de los Poderes de la Unión.
Monreal, queremos insistir en ello, había demostrado su capacidad conciliadora e incluso hasta votó en contra iniciativas presidenciales que consideró terminarían en la Corte por presuntas o claras violaciones a la Constitución y de pronto, después de una reunión en Palacio Nacional, pareciera surgió otro Monreal.
Sí, el que está dispuesto a transgredir la legalidad para satisfacer los caprichos presidenciales. Y aunque sostiene que se mantendrá en la liza por la candidatura de Morena rumbo a 2024, sabe y bien que el piso no es parejo y que, en efecto, hay favorita. No deja duda cuando afirma, dirigiéndose a sus seguidores y simpatizantes: “Les pido a todos que confíen, no vamos a claudicar y no vamos a declinar. Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Quiero continuar y voy a luchar porque este país sea más grande y próspero; no hay cambio de viraje, hay redefinición y hay confirmación de mis ideas y mis principios”.
Lo que aún queda en el aire es el NO-AMAGO.
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