Ante la caída de los salarios —golpeados por una inflación del 104% interanual—, el Gobierno propone una reducción de la jornada de trabajo. La oposición rechaza la iniciativa e impulsa una flexibilización laboral para aliviar las cargas patronales y eliminar las indemnizaciones por despido. La visión de los protagonistas.
La situación del mercado laboral en Argentina pinta un particular cuadro de época: junto a un desempleo del 6,3% —el menor desde 2004— conviven salarios por el suelo. Frente al paradójico escenario, voces a uno y otro lado del espectro ideológico proponen soluciones diametralmente contrapuestas.
La idea de que el 2023 pueda resultar el sexto año consecutivo de caída de los ingresos de los asalariados —principalmente de los trabajadores informales— alarma al Gobierno peronista del Frente de Todos, que debió afrontar la pandemia, las consecuencias por el conflicto en Ucrania, las presiones del Fondo Monetario Internacional para negociar la deuda contraída por Mauricio Macri (2015-2019) y la sequía más dura del último siglo.
Las adversas condiciones externas no ocultan un dato incontrastable: el deterioro del poder adquisitivo ante una inflación que supera el 100% interanual coloca en una situación crítica a los más desprotegidos.
“Estamos en una situación muy complicada. En los últimos cinco años creció la situación de los trabajadores pobres, sobre todo de los informales: los ingresos de los trabajadores no registrados no paran de caer”, indica a Sputnik Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Según el experto el escenario no es nuevo, pero sí se vió profundizado en el último lustro. “Venimos de una caída fuerte de los ingresos durante el Gobierno de Macri que no fue revertida por el de Alberto Fernández”, señala.
De fondo asoma un fenómeno aún más preocupante: la creciente precarización laboral, que se refleja en que “entre asalariados no registrados y trabajadores por cuenta propia sin aportes patronales, casi la mitad de los trabajadores está en la informalidad”, explica Campos.
Lejos de ser atribuible a un único responsable, el fenómeno reviste un carácter estructural, ligado al estancamiento de la economía argentina en la última década, bajo tres presidentes de distinto signo político: “Desde el 2012 hubo un amesatamiento del empleo e incluso una destrucción neta de puestos de trabajo. El Producto Interno Bruto per cápita de nuestro país está casi al 10% por debajo del de 2011, y eso influye mucho”, remarca el investigador.
En esta particular coyuntura, Juntos por el Cambio —la coalición opositora que llevó a Macri a la presidencia— promueve una reforma laboral que impulse una flexibilización de la legislación.
“El escenario en Argentina es deprimente. El trabajo ya no se crea: hacerlo implica hipotecarse y una perspectiva sombría para el empleador. Se ha naturalizado la ‘industria del juicio’: el fuero laboral falla siempre en contra del empresario ante un despido, pero el principal perjudicado es el trabajador”, advierte a Sputnik Alberto Assef, diputado nacional de la alianza e impulsor del proyecto.
“Hay que recuperar la cultura del trabajo y del empleo registrado. El empresario no es un ogro explotador al que hay que exprimir”, sostiene el legislador.
Assef explica que la iniciativa apunta a una mera actualización de la ley a las nuevas condiciones del capitalismo contemporáneo: “Queremos modernizar el régimen laboral, que es arcaico. Hay que reemplazar la indemnización por despido por el seguro por desempleo. Es menos gravoso y más amigable para la inversión”. Sputnik
