*Concebida Legal y Legítimamente en el Nombre del
Bien Común de la Sociedad
*ALM fue Cauto en la Aplicación de los Precios y Tarifas;
Cuidó no Abaratar el Suministro
*López Obrador Desea Retomar la Historia Lópezmateista
y Repetirla Seis Décadas Después
*El Costo de la Compra a Iberdrola Terminará Cargándose
Finalmente a los Consumidores
EZEQUIEL GAYTÁN
El gobierno mexicano le compró a la empresa española Iberdrola trece plantas generadoras de electricidad con lo cual el presidente manifestó en su arenga que se trata de una segunda nacionalización de la industria eléctrica. En efecto, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica en 1960. Lo hizo al amparo de la ideología de la Revolución Mexicana y le quedaba claro que pudo recurrir a una amplia gama de figuras jurídico-administrativas y económicas tales como nacionalización, expropiación, estatización o confiscación.
El fondo del argumento del presidente López Mateos fue incrementar el nivel de electrificación en favor del desarrollo de México y que la nación tuviese la exclusividad de generar, conducir y abastecer energía a todo el país. A principios de la década de los años sesenta del siglo pasado la electricidad llegaba al 44% del territorio nacional. Hoy la cifra es de cerca del 98% y fue gracias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se logró ese avance significativo. Además, el gobierno se apoyó en la Ley de Expropiación de 1936, por cierto, aún vigente, y en la que se definen los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones, así como precisa qué es el interés público y las causas de utilidad pública.
La nacionalización de la industria eléctrica fue concebida legal y legítimamente en el nombre del bien común de la sociedad, debido a que el pacto social, construido de historia, ideas, creencias y componentes culturales de bienestar se enraíza en el anhelo de la justicia social y en interpretación de que el beneficiado ante todo y sobre todo será el pueblo y no los intereses del Estado en sí mismo.
NO ABARTÓ EL CONSUMO
Y AUTORIZÓ EL CORTE
López Mateos sabía muy bien que recurrir a la figura de la nacionalización era la estrategia correcta porque el espíritu de ésta va más allá de transformar empresas privadas a empresas de propiedad pública. Para él se trataba de mantener la ascendencia popular de impulsar y elevar la calidad de vida en el nombre de la nación como reza el artículo 27 constitucional. Léase, la diferencia entre Nación y Estado es de matiz, pero fundamental entre nacionalización y estatización, pues nacionalizar es desplegar el sentido y espíritu de la cohabitación del contrato social con el proyecto de nación y consecuentemente realizar una simbiosis entre la sociedad y las instituciones de la República; que no el gobierno. En otras palabras, la nacionalización es identidad de un tiempo condensado en la idea de la mexicanidad y la universalidad del ser humano. Por eso al nacionalizar se emprende una labor productiva, se le concibe como un proyecto de largo plazo, desempeña una función social, es una decisión racional sustentada en la definición del ámbito público y que acota el sentido de lo privado. No da lugar al amparo, pues el interés público superior está por encima de grupos o empresas nacionales o trasnacionales. Algo muy importante que vio la administración de
López Mateos fue la diferenciación de cuotas eléctricas y su necesaria relación costo-beneficio. Sabía que producir electricidad costaba y fue cauto en la aplicación de los precios y tarifas, pero se cuidó bien de no abaratar el suministro y de que se permitiera cortar el servicio ante la falta de pagos.
Por el otro lado, estatizar es organizar una empresa pública sin mayor ánimo que el contable-económico y que funcione como un aparato burocrático eficiente y eficaz. Además, López Mateos, hombre sensible y hábil político sabía que al nacionalizar y no estatizar se evitaba el conflicto con los Estados Unidos, pues el marco de las relaciones internacionales en ese entonces era el de la Guerra Fría.
Tampoco utilizó la figura de la expropiación porque es una figura restringida, usualmente focalizada a bienes territoriales y el sentido de la utilidad pública queda restringido a un determinado espacio. Mucho menos recurrió a la confiscación, pues no había delito en las empresas extranjeras que generaban la electricidad en ese entonces.
LÓPEZ MATEOS ABARCÓ
EL CÍRCULO COMPLETO
Según los datos actuales, en los que se basó el presidente López Obrador, la CFE genera el 40% de la energía nacional y con la compra de las plantas de Iberdrola se alcanzará el 55%. Además, el primer mandatario sostiene que con la medida su gobierno ahora si garantiza no aumentar los precios energéticos a los consumidores como ha sucedido en los primeros cuatro años de su gestión. Sin embargo, aquí se marca una profunda diferencia entre la nacionalización del presidente Adolfo López mateos y el actual, pues el primero la concibió en su totalidad. Es decir, abarcó el ciclo o proceso completo (generación, distribución, comercialización y consumo), en tanto que el actual solo adquirió algunas plantas generadoras de energía, pero no la totalidad de las mismas.
Entiendo la intención presidencial de cumplir su compromiso de campaña de no incrementar las tarifas eléctricas. Además, lo puntualizó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 al sostener que “rescatará al sector energético”. Es decir, el señor López Obrador desea retomar la historia lópezmateista y repetirla 60 años después. Empero, ya vivimos épocas diferentes y ahora requerimos más energéticos limpios, renovables y alternativos. Lo cual difícilmente se alcanzará mediante el regreso a los monopolios del Estado.
Sostener, como el presidente López Obrador, que se trata de una segunda nacionalización es dudoso porque se trató de la compra de unas plantas eléctricas que costarán cerca de seis mil millones de dólares mediante un fondo privado que se traducirá en deuda pública, por lo que tarde o temprano la próxima administración nos cargará la cuenta; la figura del regreso del ogro filantrópico, como diría Octavio Paz, tampoco está presente, ya que las bondades del Estado interventor mediante el impulso de la economía mixta no se contempla; la reforma administrativa de la CFE no se ha anunciado, ni se avizora su proceso de reorganización y mucho menos el lanzamiento de hacer a esa empresa altamente productiva como lo contempla la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y, por su fuera poco tampoco el proceso de generación, distribución y venta de la electricidad ha sido optimizado y actualizado.
AMLO SIGUE EL EJEMPLO
DE ENRON EN LOS EU
Nacionalización, estatización y expropiación son figuras políticas, jurídicas, administrativas y económicas que enmarcan la estrategia del desarrollo de una nación, sobre todo en los países de economía emergente como el nuestro. Pero esta gestión, plagada de demagogia, le llama segunda nacionalización a la compra de anacrónicas plantas eléctricas que Iberdrola ya había amortizado. Qué lástima que el presidente López Obrador sustente su nacionalización con base en la experiencia, sin decirlo, de la empresa norteamericana Enron avocada a proporcionar servicios públicos, sobre todo de energía eléctrica y que hoy en día es sinónimo de fraude empresarial en la cultura popular. Esa experiencia, se nota, es un argumento de desconfianza de la actual gestión hacia el sector privado. De esa experiencia hay que aprender, por eso de lo que se trata es de que el Estado defina reglas de operación claras, normadas y bien reguladas a fin de que el sector privado esté perfectamente acotado en materia de prestación de los servicios públicos, sobre todo en aquellos rubros de primera necesidad. De ahí que puedo entender la desconfianza de la actual gestión con las empresas privadas en materia de generación de energía eléctrica. Sin embargo, el caso mexicano es diferente al norteamericano, pues aquí la competencia está en la producción y generación de energía barata, pero es la CFE quien suministra el servicio.
El caso es que nuestro primer mandatario no entiende la importancia de los conceptos. Para él nacionalizar, estatizar y expropiar son recursos discursivos y no conceptos que definen el sentido político, jurídico, económico y administrativo de un régimen y la estrategia de desarrollo de una nación a largo plazo. Gritar y arengar en el nombre de una ideología “segunda nacionalización”, maldecir todo tipo de privatizaciones, desdeñar nuevas ideas en materia de Administración pública y estancarse en el pasado del Estado Interventor no nos hace mejores mexicanos, ni garantiza la calidad de vida a mediano y largo plazos. El modelo keynesiano se agotó en la década de los años ochenta del siglo pasado, hoy las naciones reconocen la importancia de la regulación estatal en la economía y las bondades de la economía mixta racional, equilibrada y sopesada sector por sector.
Pero esta gestión no ha revisado el artículo 28 constitucional que es precisamente el que define cuáles son las áreas estratégicas y cuáles las prioritarias. Se trata de entender los momentos situacionales y los estructurales y actuar en consecuencia.
Entonces y sólo entonces se podrá vislumbrar el reto del desarrollo eléctrico del país y el impostergable requerimiento de incrementar la infraestructura de generación de vatios, porque con la adquisición de las trece plantas no los habrá.
Esa es la triste realidad.
