Organizaciones de la sociedad civil, a cuyo frente se encuentra la activista Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de funcionarios de todos los niveles de gobierno por el incendio del pasado 27 de marzo que dejó 39 migrantes fallecidos y decenas de heridos.
En la denuncia penal y la queja piden que se llegue hasta los titulares de la Cancillería, Marcelo Ebrard; de Gobernación; Adán Augusto López, y de Migración, Francisco Garduño, por diversos delitos y fallas en las garantías a de al menos diez derechos humanos. En la denuncia ante FGR se solicita que se investigue las responsabilidades de las instancias de la política migratoria.
“Los delitos que denunciamos son por homicidio, lesiones, detención ilegal y en el contexto de los abusos, previa y durante abuso de poder y la profunda corrupción con la cual se maneja en INM que conlleva a estas tragedias”, dijo.
La activista señaló que la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se enfoca en que el estado mexicano no garantizó al menos 10 derechos fundamentales para las personas migrantes en Ciudad Juárez.
Entre ellos, el derecho a la migración y libre la circulación, a la no discriminación, a la libertad personal, a la comunicación, a la asistencia, a la seguridad jurídica y el debido proceso, a la no devolución, a la salud, a la integridad personal y a la vida.
“Cualquier persona que transite por México en calidad de migrante, no debería estar detenida, todas las personas bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración son las responsables de la integridad personas de estas personas”, explicó.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explicó que las organizaciones de la sociedad civil esperan que el Estado mexicano realice una investigación rigurosa para que el caso Ciudad Juárez no quede en la impunidad.
A pesar de ello, el colectivo envió a las autoridades una lista de 39 recomendaciones y medidas que se deberían tomar para garantizar el los derechos a las víctimas.
Ante la desconfianza sobre las investigaciones en otros casos de alto impacto como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, las organizaciones piden que también se conforme una comisión especial con peritos independientes sobre el caso Juárez, encabezada por organismos internacionales como la ONU o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Estamos pidiendo que todos los exámenes que tengan que ver con la identificación de restos y la determinación de la causa de muerte de los migrantes sean realizados por peritos independientes, tenemos que decirlo: no confiamos en los peritos del Estado”, expresó.
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