Como una muestra de la independencia del Poder Judicial de la Federación y en apego a la Constitución, el ministro Javier Laynez Potisek suspendió por tiempo indefinido la aplicación del llamado “plan b” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un revés con claramente líneas definidas para el análisis de fondo del intento de destruir el sistema electoral nacional con graves para la democracia.
El ministro ponente admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
En este mismo acuerdo, el ministro instructor solicitó a las autoridades demandadas (Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal) que presenten su contestación dentro del plazo legal”, informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un comunicado.
Ante esto, el ministro concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes del “plan b”.
La suspensión se otorgó en base a que el de decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la medida generalmente no se concede.
La SCJN resolvió en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando “pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
