Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Desde la fundación del IFE y ahora INE más el INAI-ley de transparencia que se le debe a Vicente Fox-, los datos personales de todos los ciudadanos con credencial de electora, fueron resguardados de la intromisión gubernamental. Hubo, por supuesto, lista del Padrón que se vendían en Tepito y que seguramente alguno de los representantes de los partidos políticos de ese entonces de oposición, la entregaron, porque por ley, tienen derecho al acceso de la misma.
Con sus defectos, el padrón Electoral se mantuvo bajo 7 llaves.
Sin que se incluyera en la reforma electoral modificaciones a la Ley General de Operación de los Registros Civiles, aunque el Padrón sí forma parte del desmantelamiento del sistema electoral nacional, diputados de Morena y del PRI aprobaron otorgaron a la Secretaría de Gobernación la facultad de administrar datos biométricos y datos personales de mexicanos como nombre, apellidos, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y CURP.
Sorprendió la votación: 311 votos a favor, 131 en contra y 17 abstenciones, la Ley se aprobó y con ella se creó un Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID) que será operado por la Segob.
Ello significa que ahora el gobierno federal ya no necesitará “espiar”, porque tendrá bajo su resguardo todos los datos personales.
Sorprendió también que los legisladores del PRI se sumaran a los de Morena y sus adláteres para que se aprobará sin mayor discusión.
El artículo 8 de la Ley General establece que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, “b) Diseñar y administrar el SID para la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil susceptibles de Registro, la gestión de la Clave Única de Registro de Población y la vinculación con los datos biométricos de su titular, que se realicen ante las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil o las personas servidoras públicas facultadas para ello en el territorio nacional o en las Oficinas Consulares de México”.
La iniciativa aprobada da cumplimiento a la reforma constitucional de 2014 que estableció la necesidad de expedir la ley General y que ocho años después se concretó con la iniciativa de la diputada morenista Erika Vanessa del Castillo.
La postura de los diputados del PAN y MC no está lejos de la verdad. Sostienen que “la reforma permite a la Segob hacer un uso discrecional de la información”.
Muy válida la postura de la legisladora María Elena Pérez-Jaén presentó una moción suspensiva para frenar el tema, acusando que la nueva ley no incluye “medidas de protección de la información que podría ser susceptible de ser sustraída en especial por el universo de personas que tendrán acceso a las bases de datos”, sin embargo, tampoco fue tomada en cuenta.
Como se le quiera mirar, esta Ley no garantiza la secrecía de los datos y la posibilidad de que sean utilizados para otros fines que, de suyo serán ilegales, es una realidad que se negaron a valorar los hacedores de la “verdad única”.
¿Quién garantiza que la Secretaría de Gobernación no solicite la información que quiera para el uso en acciones que perjudicarán al ciudadano?
¡Nadie!
Y menos los funcionarios de la cuatroté que han demostrado y con creces que el slogan no mentir, no engañar, no robar, no es sino eso: un slogan.
El uso faccioso de los datos personales no es descartable.
Y por ello, el adiós a la protección de los mismos. Ahora están en manos de quienes no saben cómo destruir a los adversarios y cuentan, desde ya, con la herramienta que les dará la información confidencial de 126 millones de personas que habitan en el territorio nacional.
¡Perdimos los ciudadanos!
Ganaron los mentirosos.
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