Con el título Radiografía del Plan: La Reforma Electoral a Examen, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer la publicación del libro coordinado por Javier Martín Reyes y María Marván Laborde y en el que participan 34 académicos e investigadores, expertos en derecho constitucional y electoral, en el que abordan todos los ángulos legales que se analizan sobre la reforma electoral 2023 enviada por el Ejecutivo federal, discutida y aprobada por el Congreso de la Unión.
En la presentación del arduo trabajo, los coordinadores de la obra plantean:
- ESTUDIO INTRODUCTORIO:
UNA REFORMA ELECTORAL EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE
María MARVÁN LABORDE
Javier MARTÍN REYES
- UNA REFORMA DIVERGENTE
La reforma electoral del 2023 es una reforma con una trayectoria divergente. Se trata de modificaciones legales promovidas por el gobierno en turno, que no incorporan las demandas de la oposición, que fueron aprobadas exclusivamente por el partido mayoritario y sus aliados, que transforman radicalmente estructuras institucionales consolidadas a lo largo del tiempo, y que fueron votadas con una velocidad extraordinaria. Como otros cambios normativos en la materia, se trata de una reforma por demás compleja, pero que ciertamente difiere en forma, fondo y procedimiento respecto de la larga cadena de reformas electorales que formaron parte del proceso de transición y consolidación de la democracia en México.
Esta obra ofrece una primera mirada técnica a la reforma electoral de 2023.
Convocados por la línea de investigación Democracia, Actores de la Representación e Instituciones Políticas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), un grupo plural de personas investigadoras y expertas en la materia electoral nos dimos a la tarea de generar una radiografía expedita de los cambios e implicaciones que tendrá la
reforma legal y que se popularizó con el nombre de “Plan B”. Lo hicimos con la convicción de que, como toda reforma electoral, la de 2023 debe ser analizada desde una mirada académica, pero que, a diferencia de las previas, había muy poco tiempo para esta empresa.
Esta opinión, por tanto, surge de la necesidad de hacer compatible el rigor metodológico con las exigencias de la coyuntura en la que fue aprobada la reforma.
Esta opinión técnica fue elaborada en un contexto de enorme incertidumbre: al momento de finalizar estas líneas, aunque la aprobación de la reforma era inminente, lo cierto es que la última fase del proceso legislativo aún estaba pendiente y, por tanto, la reforma aún no había sido publicada. Sin embargo, estamos convencidos de que no era posible esperar a que la reforma fuera finalmente publicada para iniciar el análisis de una transformación tan relevante del
sistema electoral.
En este estudio introductorio ofrecemos una breve revisión sobre el contexto en el que se aprobó la reforma, la estructura de esta obra, así como un análisis de los capítulos que las personas lectoras podrán encontrar más adelante.
- EL “PLAN B” Y SU CONTEXTO
El 6 de diciembre de 2022 por la tarde, la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del partido MORENA, presentó a la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley con propuestas de reformas cruciales a i) la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), ii) la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), iii) la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), iv) Ley General de
Comunicación Social (LGCS), v) Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), así como vi) la expedición de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME). En la madrugada del día siguiente, MORENA impuso su mayoría y aprobó ambas iniciativas violando las reglas parlamentarias que permiten que las coaliciones mayoritarias no operen como una tiranía de la mayoría.
Estas reformas legales surgieron a partir del rechazo a la reforma constitucional presentada el 29 de abril del mismo año por el presidente de la República (el llamado “Plan A”), y que no alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución. Tanto la reforma constitucional como la reforma legal que está por publicarse son reformas hechas desde el poder con el evidente propósito de desestructurar a las instituciones electorales. El embate contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como las autoridades electorales de las entidades federativas —organismos públicos locales electorales (OPLE) y tribunales estatales electorales (TEE)— pone en riesgo la realización de los próximos procesos electorales. Quienes suscribimos este texto no exageramos cuando decimos que lo que está en juego es la democracia en el país.
Para comprender los alcances de la reforma electoral de 2023, conviene hacer memoria. Desde 1977 hasta 2014 todas las reformas electorales habían sido precedidas por sendos procesos de discusión y participación de los partidos en la oposición y de amplios sectores de la sociedad civil. En este caso, México se enfrenta, como en 1946, a una ley hecha desde el poder, a espaldas de la sociedad y de las oposiciones, para consolidar y mantener al partido gobernante en el poder.
