Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Después de festinar en redes sociales, primero, y más tarde en su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuh, salieron más que raspados con la decisión del juez de control que dejó en libertad absoluta a dos de los detenidos por el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el pasado 19 de diciembre. Otros dos no participaron en los hechos, pero fueron retenidos por delitos contra la salud, portación de armas y cohecho.
Hace tres días, la noticia colmó los informativos porque, se anunciaba oficialmente, que en la madrugada se habían realizado 12 cateos simultáneamente en otros tantos domicilios y se logró la captura de 11 sujetos que, en principio, fueron identificados como participantes en el intento de homicidio contra el comunicador.
El identificado como el líder del grupo criminal, Pool Pedro, solicitó duplicidad del término junto a otros de los involucrados. Será el próximo miércoles cuando se realice una segunda audiencia.
Surgen dos preguntas ante la decisión del juzgador:
1.- ¿Los detenidos, no todos, participaron en el atentado?
2.- ¿El o los ministerios públicos encargados del caso, carecieron de pruebas para lograr la detención?
No se sabe.
Lo cierto es que la aprehensión de los primeros 11, causó revuelo y hubo hasta agradecimiento del periodista y comentarios en otros medios que loaban la labor de investigación policial.
Y la acción formó la primera del plan de control de daños puesto en marcha por el equipo de asesores de la gobernadora de la Ciudad de México. El efecto se diluyó más rápido de lo esperado y ello lleva a reflexionar si todo se apegó a derecho, a la legalidad o se trató de un montaje.
Es difícil creer que el o los ministerios públicos asignados al caso no hayan cumplido con su responsabilidad en tratándose de quien se trata: el influyente periodista y el “prestigio” de la gobernadora y su jefe policíaco.
Si no tuvieron los elementos de probanza sólidos, o por lo menos el juez de control no los consideró así, viene la nueva duda: ¿cómo supieron que eran los autores del atentado?
La lógica indicaría que hubo investigación y se concluyó que los arrestados eran parte del complot para cometer el ilícito.
Sin embargo, la lógica no parece operar mucho en los gobiernos de la 4t. Funciona más el abuso del ejercicio mediático.
Deseable que el resto de los imputados se queden en prisión y por largo tiempo.
Pero, el siempre problemático pero, lo ocurrido ayer en el Reno, debe hacernos reflexionar qué pasaría si todos quedan en libertad.
Sin duda, el desgaste para el jefe policíaco y su equipo de investigadores será irreversible.
De paso, la jefa de gobierno habría fracaso en su primera etapa de control de daños.
Porque la segunda va que vuela hacia el mismo rumbo.
La presencia de la Guardia Militar para vigilar el Metro, no ha sido bien recibida ni por los usuarios y menos por los “conservadores”.
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