*Quiebre Pocas Veces Registrado en el Congreso de la Unión
*El Presidente Festinó el “Éxito” y Advirtió que no Habrá Purgas
Dentro de Morena
*Respecto a los Partidos Pequeños sin el 3% de Votación, Adiós;
hay Jurisprudencia
*¿“Vida Eterna” de PVEM y PT?, la Corte Declaró Inconstitucionales
Tales Convenios
*Con ese Yerro, el Poder Judicial Podría Considerar Inconstitucional
Toda la Reforma
*Ante el Jefe de la Banda -Presidencial- es Probable que se Abarate
la Factura de Tales Partidos
*Regresa en México el Poder Omnímodo Ejercido por el Presidente
de la República
*El Triunfo de López Obrador ¿una Respuesta a la Marcha del Pasado
Noviembre?
JESÚS MICHEL NARVÁEZ
Con nuevo o nueva presidenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará probablemente el reto más importante en la vida democrática de México. Con su brazo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrá la responsabilidad de mostrar que es garante de la Constitución y de la interpretación de las leyes. Nadie más.
Con reformas “legales” y, sin embargo, anticonstitucionales, el Congreso de la Unión aprobó los cambios exigidos por el presidente de la República y si bien encontraron resistencias, fueron vencidas por la mayoría simple, la formada de manera artificial y que trastocaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al mismo tiempo, el Congreso registra un quiebre como en pocas ocasiones se ha observado. Del lado del Senado, el voto en contra de las reformas emitido por Ricardo Monreal, mostró el lado jurídico que, como lo admite el congresista, tendrá costos. “No son ingenuo”, habría dicho desde la tribuna de la Cámara alta.
Conocido el resultado, el presidente lo festinó y advirtió que no habrá “purga” dentro de Morena por las discrepancias entre la bancada senatorial.
Sin embargo, la dirigencia del partido oficialista tiene la mira puesta no solamente en Monreal sino en cinco senadores más que no compartieron los planes presidenciales y que públicamente admitieron las inconsistencias constitucionales.
Durante la larga jornada para aprobar lo que al presidente le interesa con miras a las elecciones de 2023 y la presidencial de 2024, los senadores acordaron eliminar dos temas que, incluso desde Palacio Nacional, se ordenó retirar: que los partidos pequeños que no alcancen el 3% de votación en cuando menos 17 entidades federativas, tratándose de elecciones federales, no tengan derecho a recibir votos de los coalicionados y que el subejercicio financiero que tengan los partidos al término del año fiscal, los regresen a la Tesorería de la Federación, fueron incluidos en el debate y aprobados por una mayoría apretada: 69 contra 53.
En el primero de los casos, existe jurisprudencia
Al aprobar reforma del artículo 12 de la Ley Electoral para garantizar “la vida eterna” de los aliados de Morena, PVEM y PT, ignoraron que en 2008 la Corte declaró inconstitucionales estos convenios y transferencias de votos y contenida en la jurisprudencia 61/2008.
Con ese yerro, advertido por constitucionalistas, la Corte podría considerar inconstitucional toda la reforma.
De ahí, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga herramientas jurídicas para invalidar si no toda la reforma, sí la correspondiente a la transferencia de votos. La “vida eterna”, no está garantizada en el territorio nacional.
SIN SUS ALIADOS,
MORENA HACE AGUA
El costo que el presidente de la República tendrá que pagar a sus aliados, es excesivamente alto.
Tendrá que admitir y ponderar que, sin sus aliados, la reforma que presentó a las leyes electorales estaría rumbo al basurero.
Debido a ello, es probable que se abarate la factura que presentarán los dirigentes del PVEM y del PT, que saben y bien, que el Jefe de la Banda -presidencial- no perdona los abusos políticos de quienes no han “entendido el Movimiento” que encabeza y en el cual seguirá al frente, aunque anuncie que se jubila al término de su mandato.
Como muestra de la intolerancia hacia sus aliados, queda el partido Encuentro Social, que en los comicios federales de 2018 aportó votos para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y, no obstante, perdió el registro al no alcanzar el 3% de votación y nada hizo para que Morena le “prestara” sufragios y de esa manera conservara su registro como partido nacional, aunque sí lo mantiene en algunos estados del país. Es el mismo caso de Nueva Alianza que cuenta con registro en 26 entidades más no a nivel nacional, por lo cual no recibe prerrogativas federales, solamente estatales.
Quizá por ello, apenas horas después de la aprobación de su reforma en el Senado, desde Palacio Nacional se haya recurrido a desestimar lo que Stalin realizó durante sus 25 años de poder en la otrora Unión Soviética.
“Nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora que somos Estalinistas, nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quién en su lugar”, expresó.
“No hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano porque existe un tribunal popular, ya la gente está más que consciente, yo lamento que no se quiera aceptar esta nueva realidad”, remató.
LA NUEVAL IRREAL
REALIDAD POLÍTICA
Construir el andamiaje electoral, que terminó con el monopolio ejercido por el Gobierno federal durante décadas, costó 48 años y, en solamente bastaron 9 días para derrumbarlo y retornar al “control democrático” por parte del Poder Ejecutivo.
Durante tres meses, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández recorrió el país con el argumento de explicar la reforma eléctrica y al mismo tiempo promover la reforma electoral. El eco encontrado en los gobiernos de Morena, no fue suficiente para concretar la operación.
Después de valorar que la reforma constitucional en materia electoral no sería aprobada en la Cámara de Diputados, el presidente decidió poner en marcha el Plan B -llamado por Ciro Murayama el plan V de venganza- y proponer modificar las leyes secundarias, siguiendo el camino recorrido para adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
El martes 6 envió la iniciativa de reforma que fue procesada de inmediato por los diputados dispensando todos los trámites bajo el argumento de que se trataba de un asunto de “de urgente resolución” lo que permitió que, en la misma sesión que fuera presentada, sometida a la consideración del Pleno para su análisis, discusión, votación y aprobación.
De acuerdo analistas e incluso congresistas de la oposición, la minuta cameral estuvo viciada de origen, toda vez que no se publicó en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria como marca la Ley General del Congreso de la Unión y el reglamente interior de la propia Cámara. Los reclamos y justificaciones jurídicas, fueron ignorados por la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa.
Con la reforma a las leyes secundarias en efecto, México ingresa a la “nueva realidad” y que no es otra que el retroceso en la materia y el inicio del desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral.
ABUSO DEL PODER
DE LOS PODERES
Contra la lucha de reducir el poder metaconstitucional ejercido por el Presidente de la República, desde hace dos décadas se realizaron reformas constitucionales para lograr los equilibrios entre los Tres Poderes de la Unión.
Y quienes antecedieron al actual mandatario, desde 1994 hasta 2018, si bien “recomendaban” decisiones a los poderes Legislativo y Judicial, no intervenían abiertamente.
El presidente López ha insistido en repetidas ocasiones en que el Ejecutivo dejó de ser “el poder de los poderes”, tratando de borrar la imagen forjada a pulso de que en Palacio Nacional se manejaban las decisiones que tomaran los congresistas y los ministros.
Sin embargo, con la mayoría calificada que tuvo en la Cámara de Diputados durante la LXIV legislatura, promovió reformas constitucionales entre las que destaca la creación de la Guardia Nacional, que desde el inicio de operaciones violentó la norma al no designarse a un comandante civil.
Ya en la LXV legislatura no tuvo la mayoría calificada y ello lo condujo a tomar decisiones “legales” ante el fracaso de la reforma constitucional en materia de la Industria Eléctrica y, por supuesto, la electoral.
Una forma de darle la vuelta a la Constitución y concentrar el “poder de los poderes”.
Está consciente de que por la vía de mayorías calificadas no logrará reformar nada en la Constitución y opta por modificar leyes secundarias que la contravienen.
Del poder omnímodo del Presidente de la República, ejercido por décadas, se pasó al equilibrio de poderes y ahora regresa para mostrar que no se ha ido y que desde Palacio Nacional se ejerce a plenitud, pasando por encima de expertos en la legalidad y corriendo el riesgo de que el Poder Judicial de la Federación enmiende la plana.
SU TRIUNFO LEGAL, LA
RESPUESTA A LA MARCHA
Como en 2004, cuando un millón de ciudadanos salieron a las calles para exigir detener la violencia que se vivía en el entonces Distrito Federal y dos semanas después vendría la “marcha del desagravio” con acarreados de diversas demarcaciones capitalinas, 14 días después de la Marcha ciudadana para defender al INE, vino la respuesta.
Todo cuadra: la marcha ciudadana irritó al presidente de la República y decidió mostrar el “músculo” que le ha dado el “pueblo sabio, consciente, politizado” mediante la marcha del 27 de noviembre y de ahí, a la reforma electoral.
Con sus descalificativos generalizados y el ejercicio del “poder de los poderes”, concretó su triunfo legal.
LA RENUNCIA A LA
VIDA ETERNA
Intencionalmente, por descuido o debido a la amenaza de veto, la reforma electoral del presidente de la República, aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado, no entrará en vigor antes de febrero.
Al modificarse la minuta del Senado, como cámara revisora de la enviada por los diputados, tuvo que ser regresada para que, en un periodo extraordinario o en el siguiente ordinario que inicia el primero de febrero e 2023, sea aprobada y remitida al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Toda la labor de cabildeo realizada por el titular de la política interior se fue por la borda cuando de nueva cuenta los duendes aparecieron e insertaron la modificación al artículo 12 de la Ley Federal de Partidos Políticos en la cual se autorizaba la cesión de votos entre los partidos que formen una coalición. La medida beneficiaba al PT, al PVEM y al PRD, aunque éste no sea parte de la alianza de los otros con Morena, debido a que en las recientes elecciones los ciudadanos no les otorgaron el voto suficiente para obtener el 3% de los votos en cuando menos 17 entidades. El registro oficial del número de sufragios conseguidos pondría en riesgo la sobrevivencia de los tres institutos.
Frente a la crisis anunciada, PVEM y PT optaron por solicitar el retiro de la modificación y regresar la minuta al Senado que, para esas horas, ya había clausurado el periodo ordinario de sesiones.
La decisión acaba con la “vida eterna” y abre la posibilidad de que en las elecciones presidenciales de 2024 la reducción de partidos políticos se haga realidad.
