ALFREDO MEJÍA MONTOYA
Quién tiene el timón, quién dirige o quién pretende hacerlo, aplicando el famoso coloquio ¿dónde está el piloto? en un régimen autócrata solo es uno: el que cree tener ese derecho, supongamos que fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces no hay piloto, vamos en modo automático. ¿Y su gabinete? que por nada del mundo sale al “campo de batalla” donde se libran las guerras más sucias y desiguales de la historia. Nunca se le había permitido a la delincuencia organizada (DO) penetrar a las más grandes esferas del poder, ahora, se les permitió entrar hasta la cocina, … si el CJNG no se ha pronunciado adjudicándose los atentados terroristas ¿entonces quién fue? solo es pregunta.
El Fiscal Gertz Manero no se pronunció inmediatamente al respecto, ni se efectuó un recuento de daños, no se atiende a la ciudadanía por los daños colaterales, el número oficial de civiles que fallecieron es incierto, sin embargo, los gobernadores de las entidades afectadas hablan de más de 15 por daño colateral o por actos terroristas. La realidad es que, efectivamente, fueron actos de terrorismo con todas sus características y son de competencia federal. De quién fue la idea de sembrar el pánico en diversas entidades del país, quién dio la instrucción, algo parecido al Halconazo del 10 de junio de 1971, infundir miedo, incertidumbre, más inseguridad, los abrazos fueron demasiados y los balazos escasos, no había adversario, dónde están los servicios de inteligencia del Estado, las acciones preventivas, bueno, parece que no hay inteligencia en el bunker oficial.
Consecuencias. Ante esta inseguridad pública, el INEGI y sus datos reales, reportó que, en 2020, 2021 y 2022, miles de empresas cancelaron sus proyecciones e inversiones en México debido a la inseguridad pública que impera desde el inició de esta administración. La inercia delictiva de años anteriores creció exponencialmente, sobre todo en el centro del país, impactando al PIB en 1%. La visible inacción del gobierno federal sobre todo del autócrata López, crea incertidumbre e inseguridad jurídica.
Causas. Los hechos, los datos, los resultados, el status recaudatorio del Estado refleja indudablemente lo que está dejando de percibir en ingresos tributarios, menos impuestos, menos empleos, menos ingresos, menos gasto, más aún, si la DO sigue destruyendo e incendiando unidades económicas y alejando inversiones, las consecuencias serán funestas en las cadenas de suministro, cadenas de valor, calendarios de entrega en carga, paquetería y embarque de proveedores de bienes y servicios, los transportes, camiones, tractores de una y dos cajas, contenedores en ruedas y ferrocarril … solo faltan aviones, barcos y palomas mensajeras.
Tales acciones repercuten en las economías privadas y públicas, que al ser gastos realizados, se contabilizan como ingresos/ventas efectuadas, impactando en las economías de los privados, en deducciones o perdidas, el único perdedor para variar es la población que dejará de percibir en infraestructura o servicios públicos menos recursos, afectando obviamente a quien menos tiene, y a sectores vulnerables de la población.
Costos por la Inseguridad Pública. Para variar, dónde está el piloto de la SHCP. Sabemos que es Rogelio Ramírez de la O. sin embargo, no se le ha visto en semanas enteras, y él tendrá que analizar el impacto tributario y económico, de esa fuga de capitales, del no arribo de otros y de la muerte financiera de miles de Unidades Económicas, MiPymes y grandes compañías, por las acciones ilícitas que comenten los seres humanos, como les llama el inquilino de Palacio.
Deducibilidad de costos. Será necesario reformar la ley tributaria adicionar causas de deducibilidad por los costos que traen aparejados los actos terroristas, la inacción de las autoridades por los incendios y destrucción a locales comerciales y vehículos, tiempos muertos en que dejan de operar, pago de primas de seguros, indemnizaciones, robo de vehículos, pagos por secuestros, pagos por extorsiones … costos que no debieran cubrirse si el Estado procurara seguridad pública como ordenanza de la Constitución.
A contraparte, esos recursos se localizan en la masa monetaria flotante y circulando en forma clandestina como la que maneja el comercio informal, la delincuencia organizada (DO) y la que proviene de la delincuencia oficial generada por la corrupción, que no ha sido eliminada por el Sr. López el inquilino de Palacio y que fue bandera de campaña política para llegar al poder. Y el presidente de la República que no se le ha visto en casi cuatro años, esperemos salga y se pronuncie por lo menos en los últimos dos y ajuste la estrategia en contra de la inseguridad pública que prevalece desde entonces.
Lo anterior no deja lugar a dudas que esos costos no deben sumarse a la base monetaria o fiscal para la causación del impuesto sobre la renta, ya que en lugar de traer como consecuencia el bienestar de la población, que procura el gasto público, causan descontrol, desacierto en las finanzas de las Unidades Económicas, de las personas físicas que se ven envueltas en estos actos criminales, que debieran haber sido ya erradicados, si se pusieran a trabajar para combatirlos. Sin embargo, la realidad fiscal puede complicar el escenario en los próximos dos años.
En consecuencia, al permitir a la DO y a los grupos criminales independientes actuar, no disminuye su nivel de violencia, como lo ha propagado una y mil veces López Obrador desde la tribuna de las matinales, sino que ésta se traslada a la sociedad, que está a merced de la delincuencia en todo el país y desprotegida por la ineficaz e ineficiente estrategia de “abrazos, no balazos”.
Si se pudiera reformar la ley tributaria y cobrar impuestos a la masa monetaria de la Delincuencia Organizada, de los fondos que la Fiscalía General de la República presume que proviene de actos criminales, sería lo justo. Sería un tanto cuanto recuperar lo que ellos con dichos actos le han quitado a la población por los delitos contra la salud, a la propiedad privada, a la vida, con secuestros y extorciones, aunado a que en múltiples ocasiones la pérdida de la vida misma, como se refleja en los números de muertes dolosas en lo que va de esta administración, que de acuerdo con los datos del INEGI ya rebasó a los números de Peña Nieto en todo su periodo sexenal.
No es óbice, dejar de señalar que la modernización de la ley tributaria debiera ya contener conceptos novedosos por actos que se suceden día a día, de ello se trata la dinámica de las normas impositivas, y si hay recursos en instituciones fiduciarias, de ahorro, financieras, que se presuma provienen de actos criminales, paguen primero el impuesto a las rentas o contribución parafiscal mediante los protocolos adecuados y decomisar la diferencia con base en la ley respectiva, contribuyendo así al gasto público.
La idea tropical de que este tipo de delitos se terminarán otorgando becas a estudiantes que no estudian, que se otorgan sin parámetro alguno; los Campus (?) de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, están vacíos, y es probable que la primera generación se titule hasta dentro de 14 años, y algunos de ellos salgan hasta como lideres políticos.
La otra idea suburbana de López Obrador de que en seis años se dará una transformación que modifique la estructura social, política y económica del país, es más que un sueño como el de pensar que en el deporte nacional (futbol) México sea campeón del mundo en Qatar 2022. Cuando todas las transformaciones del país, ha venido gestándose en decenas de años, y que los cambios abruptos, revolucionarios, socialistoides, suelen terminar con las economías de los países. Sobre todo, si es posible plantear proyectos a corto, mediano y largo plazo y ejecutar cambios graduales, bien planeados en plazos de entre doce a veinte años. Y no obsequiar a la delincuencia organizada impunidad por recibir apoyo de ellos en las próximas elecciones del 2023 y 2024 como sucedió en las del 2021 y 2022. López Obrador puede estar empeñando el país y conducir a un régimen de oclocracia.
Oclocracia: de ochlos, muchedumbre, y de kratos, poder. El poder de la muchedumbre, lo más bajo de la sociedad, el Gobierno que depende de la masa, la muchedumbre, el gentío y delincuencia tiene el poder y ejerce su fuerza contra el resto. Polibio
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