Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Segunda campanada del Poder Judicial de la Federación y el contrincante, en la lona, se levanta, medio noqueado y conecta un gancho de izquierda en el rostro del adversario.
Podría ser una crónica de box narrada por el doctor Morales. Sin embargo, se utiliza como símil para mostrar que en este gobierno se hace todo por ¡encima de la ley!
El habitante temporal de Palacio Nacional respondió a la segunda suspensión definitiva del Tramo 5 del Tren Maya con una expropiación de 109 hectáreas, un millón 93 mil 118 metros y 93 centímetros cuadrados.
En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que entrará en vigor a partir de hoy miércoles.
En el DOF se establece:
“Se expropia por causa de utilidad pública una superficie total de 1,093,118.93 m2 (un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados) a favor de la Federación para la ejecución del tramo 5, subtramos norte y sur del Proyecto Tren Maya, correspondiente a treinta y seis inmuebles de propiedad privada”, se señala en el decreto.
A partir del decreto, que entrará en vigor mañana, la Sedatu tomará posesión de los terrenos y “cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”. (Los errores ortográficos y gramaticales están por cortesía del redactor del decreto).
Ante la firmeza del juez (federal) del Primer Distrito del estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo, quien otorgó la suspensión definitiva en el primer amparo, el gobierno federal sacó de la chistera una decisión del Consejo de Seguridad Nacional, en el cual se argumenta que el “el Tren Maya es obra de seguridad nacional”, con lo cual, violentando la orden judicial, un desacato abierto y provocador, se reanudaron las obras del Tramo 5, detenidas por espacio de 3 meses.
Este lunes, el mismo juez otorgó una segunda suspensión definitiva y la respuesta fue: expropiación.
El Tren Maya se ha convertido en algo más que un dolor de cabeza para su “creador” y séquito que lo acompaña. Su consejería jurídica es inexistente. Y por ello, se lanza contra el ministro en retiro José Ramón Cosío a quien ha retado al igual que a Claudio X. González, que lo demanden por “desacato”.
El sustento presidencial para realizar la obra, cuyo costo superará los 160 mil millones de pesos cuando su presupuesto original era de 90 mil, es que la obra beneficiará a los lugareños que, según sus palabras, dieron su visto bueno para realizarla.
No existe documento alguno que avale la afirmación. La Constitución prevé la consulta con las comunicades indígenas para la toma de cualquier decisión.
El asunto ha escalado tanto, que se cumple la amenaza de expropiar terrenos y construcciones si estas pertenecen a los “fifís” que lograron los amparos o que los apoyan para que sigan retrasando la construcción de su personal proyecto. (Como todos los que realiza: son suyos, de su propiedad suya de él).
Si recordamos la aseveración contra el Poder Judicial de la Federación, en concreto contra de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se rezó: “a mí no me salgan que la ley es la ley”, entonces no debe sorprender que la violente flagrantemente.
Ah, pero cuando se trata de beneficiarse, entonces invoca la legalidad. Es el caso de aplicar la Ley de >Seguridad Nacional para avanzar en su chucuchucu.
Para el Poder Judicial de la Federación, la actitud del Poder Ejecutivo Federal es el reto del sexenio. La postura que asuma al final del diferendo, la marcará y marcará el rumbo del país en los años venideros.
E-mail: jesusmichelmp@hotmail.com, Twitter: @misionpolitica, Facebook: Jesús Michel y en Misión, Periodismo sin Regaños, martes y jueves de 16 a 17 horas por el 760 de Amplitud Modulada.
