Por Iván Ruiz Flores
Convertido en el país de la impunidad galopante (ya rebasa el 98%), México está a punto de dejar el cuarto lugar que ocupó en el 2020 en el Índice Global del Crimen Organizado, debajo de Myanmar, para avanzar entre los peores del mundo. No tardará en alcanzar a Colombia y al puntero República Democrática del Congo, si continúa con una política gubernamental que, a todas luces, no está dando resultados.
No hay un solo rubro, entre los delitos más graves, en el cual no se haya registrado un aumento en el 2021, año en el cual el homicidio doloso reinó en toda la República, aunque en algunas entidades fue brutal su presencia.
Homicidios en general, pero con alza en los feminicidios ocurrieron el año pasado, al aumentar 2.66% por ciento según el planteamiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De igual manera estuvieron al alza los crímenes de género con más de 4,000, mientras que en lo general en el país se cometieron 2 millones 44 mil delitos, es decir 202 más que el año de 2020.
De ahí que no es aventurado señalar el avance que registra México, para mal, en materia de peores lugares en incidencia delictiva. El INEGI asegura que el año pasado los diez primeros lugares los ocuparon las entidades: Estado de México, 33,069 como puntero, seguido por la Ciudad de México, con 18,917; en el tercero Guanajuato, con 11,965; cuarto, Jalisco, 10,669; quinto, Nuevo León, 8,788; sexto, Baja California, 8,025; séptimo, Veracruz, 7,279; octavo, Puebla, 6,741; noveno, Chihuahua, 6,082; y décimo, Querétaro, 4,710. Otros que rebasan los cuatro mil son: San Luís Potosí y Quintana Roo.
Lo grave es que las autoridades correspondientes en lo federal, estatal y municipal, no están cumpliendo con su obligación de investigar, enjuiciar y sancionar los delitos. Se hacen de la vista gorda y en muchos casos reciben dinero o amenazas del crimen organizado o de los políticos (como en el caso de Lourdes Maldonado, periodista, que estuvo a la buena de Dios hasta que la mataron el mes pasado).
Así, de acuerdo al gobierno mexicano, hasta el 25 de enero de 2022 (la semana pasada) en la República se cometieron 81 homicidios. La mayor parte, en Guanajuato (12); Colima (9); Estado de México (8); Michoacán (7); Hidalgo (5); Baja California (5); Guerrero, Quintana Roo y Puebla dos cada uno y Morelos, uno.
En cuanto a los municipios más violentos fueron hasta la fecha mencionada: Colima, Col. (13); Celaya, Irapuato, Jerécuaro, León, Salamanca, San Francisco del Rincón y Villagrán, en Guanajuato (8); Maravatío, Morelia, Queréndaro, Tarímbaro y Uruapan, en Michoacán (7).
LAMENTABLE
LA SEGURIDAD
El Índice global de crimen organizado es la primera herramienta de este tipo diseñada para evaluar los niveles de crimen organizado y la resiliencia ante la actividad criminal organizada. En sus clasificaciones incluye a todos los Estados miembros de la ONU: 193 países.
Los delitos que se cometen en México, por cierto, son locales y federales. Y hay de todo.
Por ejemplo, los delitos del Fuero Federal son los que afectan la salud, la economía y en general la seguridad del país o los intereses de la Federación en su conjunto; como puede ser su estructura, organización, funcionamiento y patrimonio, como serían los ataques a las vías generales de comunicación, el contrabando, la defraudación fiscal, los delitos ecológicos, el narcotráfico y otros contra la salud, la portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la reproducción ilegal de audio y video, el robo o sustracción de bienes de la nación, el lavado de dinero, el tráfico y la trata de personas, los denominados delitos electorales, los daños o robos al patrimonio arqueológico, artístico e histórico.
Como se sabe son perseguidos por el Ministerio Público Federal e investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y juzgados por el Poder Judicial del ámbito Federal.
En cuanto a lo demás, son conductas que se encuentran reguladas por los Códigos Penales de cada una de las entidades federativas, el Código Penal Federal y las denominadas Leyes Especiales como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; contra la Delincuencia Organizada; de Salud, Para Combatir, Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, entre otras.
Decían en el Senado que el derecho penal establece de manera específica la facultad y división de responsabilidades de las entidades federativas frente a la de la Federación. A las primeras les compete la definición de los denominados tipos penales con excepción de aquellos que sean del ámbito Federal y a este mismo le compete la regulación y el establecimiento de la normatividad procesal penal.
En síntesis, ha sido muy pobre el cumplimiento de la ley en México y de ahí el sitio tan vergonzoso que ocupa en materia de criminalidad en el mundo.
