Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se compró gas en cantidades exorbitantes para alimentar 17 termoeléctricas que no existen, confirmaron fuentes involucradas en la reunión que sostuvo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con miembros del gobierno de México.
Los datos que se dieron a conocer advierten que se realiza una investigación para saber a quién se suministró el gas comprado y a dónde fue a parar el capital de la transacción. Las fuentes consultadas aseguran que la funcionaria se manifestó impresionada por la lucha contra la corrupción que realiza el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
La secretaria de Energía del gabinete del presidente Joe Biden no mostró alguna oposición a la reforma eléctrica, aunque expresó su preocupación por algunos de los proyectos del plan de desarrollo de energía.
Se enteró de que el gobierno de Peña Nieto compró una gran cantidad de gas con el argumento de que se necesitaba para las termoeléctricas, pero nunca las hicieron, porque el negocio era comprar el gas, muy posiblemente para las empresas de la iniciativa privada.
También se puso sobre la mesa la estrategia de quienes desde las empresas privadas que producen energía eléctrica y que se dicen de autoabasto, en realidad han hecho un negocio de la venta de energía eléctrica.
Granholm expresó durante la reunión dos preocupaciones principales del gobierno estadunidense, y las señaló, aunque fue muy cuidadosa al hacerlo. Primero, la reducción de la participación privada de 62 a 36 por ciento en la generación de la energía, lo que llevaría al cierre de algunas empresas que podrían ser compradas por la CFE en una transición de tres años. La adquisición y el periodo de pago no fueron resueltos en la discusión.
Algunos observadores establecieron que la “disolución” de las empresas llamadas de “autoabasto” traería consigo numerosos recursos legales y paneles de arbitraje, porque al parecer no se pueden disolver las empresas ya existentes.
No obstante, la idea es evitar la simulación, es decir, que las empresas tengan lo suficiente para el autoabasto, pero sólo para ese propósito. Esa situación obligaría a disminuir sensiblemente su presencia en el mercado porque no habría “excedentes” que poner a la venta, como se hace ahora.
El segundo tema es el cierre de terminales de almacenamiento de gasolinas, sin otro motivo (por más válido que sea), que el de reducir importaciones, lo que se considera, por parte de Estados Unidos, una medida arbitraria.
Estas reglas han sido propuestas, según información de la secretaria de Energía nacional, Rocío Nahle, bajo el argumento de que en ellas, en las terminales, hay huachicol. Ese posible cierre, según se expresó en la reunión, provocaría fuertes pérdidas a las empresas, pues se considera una acción unilateral sin mayor sustento, y advierten que no tiene sentido porque ahora Pemex importará gasolina por la compra de Deer Park, como lo hacen otras empresas.
La opinión que han dejado sentir desde Washington es que la competencia entre las empresas tendría que dar por resultado la permanencia de unas y otras en el mercado, es decir, dejar a la eficiencia, la subsistencia de las terminales de gasolina y diésel. Aunque para todos fue muy grato observar el cuidado de la funcionaria estadunidense al tratar los temas, no pasó inadvertido para nadie que, cuando menos en esos dos puntos, habrá discrepancias difíciles de salvar.
Por lo demás, todos, los de un lado y otro, están de acuerdo en que la reforma eléctrica mexicana no será mal vista por el gobierno de Biden, y consideran muy acertado el establecimiento de un mecanismo en el que las partes puedan exponer sus razones. Todos serán escuchados, aseguró el presidente López Obrador.
Es posible que muy pronto se dé a conocer qué fue lo que sucedió con la compra masiva de gas que se utilizaría para 17 termoeléctricas que nunca se construyeron. Al parecer los datos de las operaciones ya se tienen pero se espera tener más información y no faltar a los principios legales que cuidan la secrecía de las investigaciones.
