Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en nuestro país, es un logro del Senado de la República que traerá justicia a las víctimas de estos casos, aseveró el senador Ricardo Monreal Ávila.
En un mensaje difundido en redes sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara recordó que fue la Legislatura pasada quien aprobó en unanimidad la propuesta, la cual permite la comunicación entre el Comité y las personas víctimas de estos crímenes para investigarlos y esclarecerlos.
“Muchos años luchamos porque tuviese vigencia este instrumento jurídico internacional”, celebró el también presidente de la Junta de Coordinación Política.
Cabe recordar que la Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad, la Declaración formulada por México, que reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el pasado 1 de septiembre de 2020.
Esta declaratoria es un catalizador para la prevención, investigación y esclarecimiento de casos, además impulsa la reconciliación con base en la verdad, justicia, sanción, reparación y garantía de no repetición, de los delitos en materia de desaparición forzada de personas.
El legislador detalló que este crimen es el arresto, la detención, el secuestro o incluso simplemente la privación de la libertad de personas cometida por agentes del Estado o por grupos tolerados por este.
Lamentablemente, denunció el senador, el Estado mexicano nunca aceptó que el Comité contra la Desaparición Forzada interviniera y tuviera jurisdicción nuestro territorio. Esa es la trascendencia del acto que ratificamos, indicó.
Asimismo, Monreal Ávila pidió dimensionar la gravedad del asunto, ya que ahora se pueden investigar, a petición de este organismo internacional, las desapariciones forzadas que ocurren en nuestro país, lo cual representa un desafío para el Estado Mexicano.
El Comité no sólo puede investigar y solicitar al Estado Mexicano que colabore con las indagaciones, aclaró, sino que también tiene la facultad de solicitar la reparación del daño a las víctimas.
