La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México definirá quién más está involucrado en la estafa contra el erario público que cometieron servidores de la pasada administración capitalina, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Tras participar en la Gala Barrio Adentro, la titular del Ejecutivo local reconoció el trabajo de la Fiscalía, después de que exhibió el modus operandi.
«Me parece muy bien lo que ha hecho la Fiscalía, además mostrar el modus operandi para sacar recurso público para beneficio privado o electoral, esto es un delito y tiene que perseguirse por parte de la Fiscalía y ya definirá quiénes más están involucrados en esta estafa que le hicieron al erario público», dijo en entrevista con los medios de comunicación.
La mandataria capitalina enfatizó que son un gobierno distinto, en comparación con la pasada administración.
«Somos un gobierno distinto y lo que cambió en la ciudad y en el país es que no hay corrupción desde arriba, sino que las cosas son diferentes», aseguró.
El esquema para el desvío de más de 2 mil millones de pesos por exfuncionarios del gobierno local, entre 2017 y 2018, fue explicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Ayer, en un mensaje a medios, el vocero de este organismo, Ulises Lara, detalló lo que hicieron.
Por ejemplo, en uno de los tres modos lo encabezó Miguel Ángel Vásquez, a pesar de que Capital Humano del Gobierno del Distrito Federal realiza por Ley una función llamada “Solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta (ISR)”.
Se trató de un grupo de servidores públicos, coludidos posiblemente, que simuló hacer esta actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación.
Estaba conformado por personas cercanas y de total confianza a Miguel Ángel, algunas de ellas con parentescos familiares y conocidos entre ellos mismos.
En este caso, en enero de 2021, fue asesinado Martiniano “N”, representante legal de dos de las empresas involucradas y no se descarta que su homicidio esté relacionado con esta actividad delictiva.
El dinero desviado fue de aproximadamente 986 millones de pesos, el pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas y cuyos nombres se reservarán de forma temporal en apego al debido proceso.
El vocero de la Fiscalía explicó otros dos modos operandi que revelan el desfalco cometido por los propios servidores públicos.
