Un grupo de 100 empresas mineras son poseedoras de concesiones para extraer 250 millones de metros cúbicos anuales de agua, principalmente en zonas desérticas del país, una cantidad 6.2 veces mayor a las que tenían en usufructo hace 25 años (que comprende los gobiernos de Zedillo a Peña Nieto) y que supera la demanda de agua en la zona de La Laguna y es similar al adeudo de México con Estados Unidos.
Las empresas mineras tienen autorizaciones en acuíferos por 174 millones de metros cúbicos anuales, cuando en 1994 era de sólo 4 millones de metros cúbicos, un volumen que fue creciendo y que se incrementó de manera acelerada a partir de 2012, expuso María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
A la par, estas empresas tienen el otorgamiento de aguas superficiales por 73 millones de metros cúbicos anuales, 1.5 veces más que hace 25 años.
Los volúmenes extraídos se han incrementado “ininterrumpidamente año tras año”, al punto de que el agua en el desierto se usa para minería en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango y Colima, donde se concentran las concesiones para las mineras, según información de la Semarnat mostrada en la conferencia.
Los estados donde está consentido el mayor volumen de agua son Sonora con 107.5 millones de metros cúbicos anuales; Zacatecas, 60.4; Durango, 32.2, Guerrero, 7.8, y Coahuila, 5.6 millones de metros cúbicos.
La cantidad de agua explotada por las mineras es superior al volumen anual requerido del Plan de Agua Saludable para La Laguna, con el que se pretende abastecer de agua potable a un millón 650 mil habitantes de nueve municipios de Coahuila y Durango a finales de 2023. También es mayor al adeudo de 230 millones de metros cúbicos que México tenía con Estados Unidos hasta octubre de 2020 como parte del Tratado de Aguas.
La titular de la Semarnat explicó que en México hay 24 mil 66 permisos a mineras –que se otorgaron en administraciones anteriores–, distribuidas en 16.83 millones de hectáreas.
Esta proporción, subrayó, equivale a 8.59 por ciento del territorio nacional, lo cual significa una reducción en la presente administración, ya que en 2018 era de 10.64 por ciento.
Detalló que mil 609 concesiones de minas operan en 68 de las 142 áreas naturales protegidas (ANP) terrestres. En total, explicó, hay 1.5 millones de hectáreas concesionadas en esas zonas, que equivalen a 7.7 por ciento de la superficie terrestre protegida.
Los estados con mayor presencia de minas en ANP son Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur.
Albores González señaló que si bien la minería en México es importante para la economía, esta actividad debe respetar el medio ambiente y el territorio; consultar a las comunidades donde se colocará un proyecto, así como aportar impuestos justos por aprovechar los bienes de la nación.
“La degradación de ecosistemas terrestres y acuáticos es una de las consecuencias provocadas por la industria extractiva. Es indispensable que la industria minera de México acelere la adopción de las mejores prácticas en materia hídrica y de corresponsabilidad socioambiental con el gobierno, el sector privado, en este caso la Cámara Minera de México, y la sociedad civil”, indicó.
