Ernesto López–Portillo
y Samuel Storr,
Militarización en la 4T,
Universidad
Iberoamericana
CdMx-Tijuana,
2020.
47 páginas.
Por David Marklimo
Desde los tiempos de Vicente Fox, se habla en el país de la militarización, de la presencia de los militares en las calles y de cómo la vida publica cada vez se parece más a la vida militar. El lenguaje político está lleno de palabras como orden, respeto, legalidad, lealtad… un sin fin de conceptos que poco tienen que ver con la sociedad liberal. Así, desde 2008, con la declaración de guerra al narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón, el término militarización no deja de salir en los diarios ni de repetirse como una especie de mantra para definir la política de seguridad del país.
El concepto parte de un principio: los militares son la única formación capaz de poner orden y límites a la Delincuencia Organizada. La policía civil, entiéndase la policía de los estados y los municipios y ahora mismo la Guardia Nacional, con sus enfoques y sus protocolos de cercanía, no ha funcionado. Esto implica que el Estado Mexicano ha perdido la confianza en la corresponsabilidad de la seguridad. Con ser eso grave, implica algo mucho peor: la creencia que las Fuerzas Armadas son incorruptibles. Ojo, no es una discusión exclusiva de nuestro país. En una columna, publicada en el New York Times el 16 de septiembre del 2021, Jessica Blankshain y Max Margulies escriben sobre los riesgos de la alta confianza hacia el ejército. Por razones distintas a las mexicanas, el público estadounidense ha perdido la confianza en las instituciones civiles, mientras que mantiene una opinión favorable hacia los militares. Pero si enfocamos un poquito la vista, y nos fijamos en el desempeño de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en Irak o en Afganistán veremos que los líderes civiles conceden la toma de decisiones difíciles a los militares, evitando costos políticos. Con sus notables diferencias (en Estados Unidos enfrentan un conflicto de corte exterior), cuando se da el fracaso de las iniciativas militares el impacto no es sobre las propias Fuerzas armadas, sino sobre la percepción de las administraciones civiles. ¿Cómo una institución que permitió Tlatlaya o, incluso que aceptó -gracias al cacareado Mando Único Policial- que los policías municipales de Iguala portaran el fusil automático G36 de la alemana Heckler & Koch cuando desparecieron los estudiantes de Ayotzinapa goza de tan buena reputación? Vemos que cuando estos puntos se dan, tenemos una crisis interminable de inseguridad, de ingobernabilidad y desconfianza en las instituciones civiles. Las pérdidas, evidentemente, son enormes, puesto que toda la estrategia está basada en el mito de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles. Al Estado no le queda nada. ¿Es lo que está pasando en México? ¿Qué nos dicen los expertos?
Ernesto López Portillo y Samuel Storr presentaron hace cerca de un año una investigación sobre la militarización el Gobierno de López Obrador. En Militarización de la 4T se clarifica, al menos, lo siguiente: que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa y profundiza la dinámica expansiva de transferencia de la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Este fenómeno -la adaptación de las fuerzas armadas a labores de seguridad interna o policización-, implica un cambio radical en la autopercepción de las instituciones castrenses como actores capacitados y legítimos para intervenir en la seguridad pública. Vemos así que la Policía Militar, junto con la Policía Naval, constituyen la base real de la Guardia Nacional, este nuevo cuerpo que iba a ser civil y ahora volverá a la influencia de la secretaría de la Defensa. De hecho, son estas corporaciones las que reciben a todos los nuevos reclutas.
En palabras de los autores, la novedad del gobierno de AMLO radica en que impulsa nuevas vías de influencia militar en funciones públicas que van más allá de la seguridad, desbordando más y más los parámetros del rol militar que están fijados en el marco constitucional y convencional. Es lo que se conoce como militarismo. López Obrador ha integrado a las fuerzas armadas a su discurso político y ha ido adecuándolo a las necesidades castrenses.
El “pueblo uniformado” e “incorruptible” en servicio a un proyecto de Estado definido por obras de construcción emblemáticas (como el aeropuerto de Santa Lucia y la explotación de los recursos naturales y una retracción de las instituciones civiles, a favor de la redistribución directa de los ingresos tributarios, en varios casos a cargo de las Fuerzas Armadas). Estamos nada menos que ante una reforma del Estado que coloca a las Fuerzas Armadas en el centro, sin que tal decisión haya pasado por una discusión informada, abierta, plural e inclusiva. si la militarización de la seguridad ciudadana no logra sus fines declarados, reducir las violencias, entonces la pregunta sobre su utilidad rebasa el propio mundo del Seguridad y aterriza en la alta política: ¿se está dibujando la alteración del orden constitucional y del sistema político? He ahí la grandísima pregunta.
