*Prisión Preventiva, Demuestra Quien Manda en la FGR
*Revocación de Mandato, un Ejercicio en Incertidumbre
Por Gerardo Lavalle
A.- Lo decía hace unos días nuestro director general, Jesús Michel Narváez: el horario de invierno no la sentará al señor Emilio Lozoya Austin.
¡Cuánta verdad!
Después de 16 meses de disfrutar su libertad merced a sus compromisos con la Fiscalía General de la República de involucrar a sus exjefes: Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, escuchó el cuarto movimiento de Vivaldi.
Cierto: en sus declaraciones ante el ministerio público de la federación -todas a distancia- mencionó o se filtró que lo hizo, al exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores; y según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Castillo, 70 personas habrían participado en los sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética del pasado gobierno y, cuando menos una decena en la compra, a precio inflado, de la empresa Agronitrogenados.
Sin embargo, y pese a las “ampliaciones” concedidos por la FGR, para darle oportunidad de “recopilar las pruebas”, el exdirector de Petróleos Mexicanos no cumplió. Por lo menos eso se desprende de la decisión que tomó el juez al ordenar aplicar la prisión preventiva por el alto riesgo de fugo ante la petición del ministerio público de la federación.
¿A qué se había comprometido Lozoya?
Seguramente -porque solamente la Fiscalía, los ministerios públicos y el presidente de la República lo saben- adquirió el compromiso de aportar comprobación de que Videgaray y Peña Nieto, en ese orden, utilizaron los 10 millones de dólares y sabían que habían sido aportados por la brasileña para la “campaña presidencial de 2012”.
Nadie sabe a ciencia cierta, excepto los presuntos involucrados, si en efecto Videgaray y Peña sabían que la brasileña entregó ese dinero al entonces coordinador de temas internacionales para, justamente, ser utilizado en la campaña presidencial o para comprar los votos, como se afirma sin comprobar, de diputados y senadores que aprobaron la reforma energética, hoy virtualmente destazada aunque sobrevive porque se trató de una modificación constitucional que, por cierto, pretende derribar el presidente López con su contrarreforma eléctrica.
El caso de Agronitrogenados podría tener otro destino que no alcance a Lozoya, toda vez que Alonso Ancira, el expropietario, la vendió a Pemex con un sobreprecio de 200 millones de dólares. Después de ser aprehendido el empresario, llegó a un acuerdo reparatorio que deberá liquidar en tres entregas y que según su defensa ya cumplió con la primera antes de que se venciera el tiempo.
Como se quiera mirar, Lozoya perdió la guerra después de haber ganado algunas batallas.
La noche del miércoles 3 de noviembre, durmió en el Reclusorio Norte -el segundo más tenebroso del sistema penal de la Ciudad de México, apenas superado por el Oriente- y se duda que le hayan otorgado una suite de lujo.
B.- Ordenar la prisión preventiva en contra del exdirector de Pemex, tiene el manejo político-electoral del presidente que, en ese tema, es más habilidoso que el sujeto que nos engaña preguntándonos: ¿dónde quedó la bolita?
El huésped temporal de Palacio Nacional sabe y bien que el respaldo de sus gobernados -no todos, porque de clasemedieros para arriba son sus adversarios- está oxidándose por la falta de respuestas concretas.
Sí, muchas promesas y, como de costumbre en esta administración gubernamental, escasos resultados.
Por ello en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 se destinan más recursos los programas emblemáticos que “benefician” a millones de seguidores.
El presidente muestra, con esta decisión, quién manda en la Fiscalía. A partir del yerro cometido por Lozoya al acudir a un restaurante de lujo y ser pillado por el celular de la periodista Lourdes Mendoza, la irritación presidencial se hizo notar. Aunque, tratando de moderar su “indignación”, señaló que no era ilegal pero sí “ pero inmoral».
Desde ese momento, el 10 de julio, pareció escribirse su destino.
Si bien la decisión del juez tomó por sorpresa al exfuncionario, a su defensa y a sus “amigos” personales que, ahora si quieren saludarlo, tendrán que ir al RENO, se veía venir.
C.- La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de invalidar el acuerdo del Consejo General del INE en torno al mecanismo para recabar las firmas de 2.8 millones de ciudadanos para convocar la Revocación de Mandato fuera a través de una APP y solamente en papel en 205 municipios de mayor marginación, podría ser un nuevo obstáculo para su realización al ordenar que haya papeletas para todo el país.
No obstante, la Constitución no ha sido modificada y no podrá serlo al haberse iniciado ya el proceso, y establece los tiempos para la recopilación de firmas: del 1º. de noviembre al 15 de diciembre.
Quizá ocurra lo esperado: los votantes no sumarán los 38.5 millones para que la Revocación de Mandato sea vinculante, en el sentido que fuere.
Morena camina en el filo de la navaja, porque la organización del ejercicio democrático, corresponde únicamente al INE y no pueden participar ningún funcionario federal -el presidente se incluye-, estatal o municipal y, por supuesto, los partidos políticos están en la limitante. Sin embargo, el partido oficialista encabezado por Mario Delgado, promueve el evento y manipula su contenido.
Se trata, como hemos dicho hasta el cansancio, de Revocación de Mandato no de Ratificación de Mandato.
Por lo que hasta ahora sabemos y conforme a la Constitución, el ejercicio ciudadano, todavía vive en la incertidumbre.
