Durante su participación en el Congreso Internacional de Estudios Electorales, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera, dijo que una eventual reforma de cara a los comicios de 2024, debería consolidar la autonomía de las autoridades y preservar el financiamiento público de los partidos (aunque posteriormente pudiera reducirse paulatinamente para no generar desajustes).
Destacó la necesidad de encontrar espacios de debate que permitan avanzar en la construcción de consensos en medio de un entorno de polarización que hay en el país.
Al detallar los alcances de una reforma, explicó que “los procedimientos que tenemos, si bien han demostrado su funcionalidad y eficacia, algunos son susceptibles, por ejemplo, de simplificarse, pero hay que decir también que muchos de nuestros procedimientos electorales son extremadamente complejos alimentados por una desconfianza, a veces obsesiva de los partidos políticos”.
Rivera mencionó que a lo largo de la historia de los procesos electorales en México, éstos han sido auspiciados por los partidos de oposición en demanda de ajustar aspectos del proceso que han considerado inapropiados.
Tras hacer un recuento de los cambios que han habido en la historia, Rivera dijo que en esta ocasión “en este caso, el principal impulso de una reforma electoral ha provenido de la fuerza política que en 2018 ganó, que ganó la Presidencia de la República, que ganó la mayoría en las dos cámaras federales y que ganó una buena parte de las elecciones locales. Es un caso atípico que hace pensar, pero sin duda también hay aspectos que bien pueden revisarse y mejorarse en nuestros procedimientos electorales”.
El consejero deploró el clima de hostilidad hacia la autoridad electoral y polarización que prevalece: “es preciso decir que se ha construido gradualmente un clima de desconfianza contra la autoridad electoral no es generalizado, pero no puede menospreciarse su efecto erosionador sobre uno de los pilares de toda democracia, que es la confianza ciudadana y de los voceros de la opinión pública».
Consideró que son ataques de algunos actores que» lesionan injustamente la credibilidad del árbitro en perjuicio de todos los partidos, de las autoridades electorales”.
