Por Silvestre Villegas Revueltas
En el tránsito entre los siglos XIX y XX, ciertos particulares en México decidieron proponerle al gobierno del general Porfirio Díaz diversos proyectos de electrificación que lo mismo señalaban las principales calles de la Ciudad de México, que otras poblaciones como Puebla o determinados puntos del Puerto de Veracruz. Los hubo otros que decidieron acometer empresas más grandes como el desarrollo del plan electrificador que genéricamente podemos llamar El Proyecto Necaxa, el cual lo mismo contemplaba la construcción de una presa que acometer un tendido eléctrico a través de las montañas de la Sierra Madre Oriental, y la fundación de pueblos que por igual se beneficiaban del fluido eléctrico o participaba su población del mantenimiento cotidiano de las instalaciones de la compañía. Vale la pena subrayar que acorde a lo que sucedía en aquellos años, los particulares debían contar con el visto bueno del gobierno mexicano y siempre, repetimos siempre, buscaron de ser posible que aquél aportara una cantidad significativa de millones de pesos para que el proyecto empresarial adquiriera forma y se consolidara. En este mismo sentido y bajo las formas del capitalismo industrial e imperial anterior a la Primera Guerra Mundial, las ganancias fueron remitidas esencialmente al país donde residía el querer del empresario o la ubicación y la nacionalidad de la compañía involucrada en construir dichas obras de infraestructura en un país retardado, con poca tecnología y cuyos capitales privados, que no eran pocos, mayoritariamente no se invertían en proyectos de desarrollo sino en joyas con diamantes, palacetes en el Paseo de la Reforma y eternos viajes a Europa y el Oriente Medio. México en el porfiriato y ahora en el tiempo de la aldea global, siempre ha sido un país de capitalismo dependiente y señorial, poco empresarial, a pesar del discurso y de los directorios en las empresas más importantes del país.
Llegó la Revolución Mexicana, se materializó la Constitución Política de 1917 donde, siguiendo la tradición española regalista, volvía el origen de la tenencia de la propiedad a manos del Estado. Éste, en la materialización de un determinado gobierno otorgaba a los particulares ciertas concesiones para que, en lo tocante a la minería, la industria eléctrica, la radio, la aviación, luego la televisión y ahora la nube en internet, pudiera ser explotada por aquellas compañías privadas que con suficientes capitales y visión empresarial pudieran ofrecer un servicio al pueblo de México. Debido a lo anterior existen compañías mineras que explotan cobre, siderúrgicas que dan forma a los metales, empresas de comunicación materializados en televisión y estaciones de radio entre otros ramos, que cotidianamente establecen una relación empresa-público para que éste último se vea beneficiado de un determinado producto. A cambio, las compañías cobran por sus servicios y las ganancias, “teóricamente”, un porcentaje importante debería invertirse en los activos propios de la empresa y una menor parte se utilizaría para que los accionistas y directivos pudieran comprarse la SUV más cara del mercado y viajar a las islas paradisiacas del Pacífico Sur. Así funciona el capitalismo en Alemania y el Japón por señalar tan solo dos ejemplos. Pero volvamos al tema de la industria eléctrica.
Después de varias propuestas que venían del tiempo de Cárdenas, a partir de la nacionalización de la industria eléctrica durante el sexenio del presidente López Mateos, en la república mexicana se materializó el convivio de la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza (originalmente de capital canadiense). La primera terminó por hacerse de la producción, distribución y cobro del fluido eléctrico, y la segunda paulatinamente le pasó lo mismo que a Ferrocarriles Nacionales de México: funcionarios, burocracia y sindicato terminaron por hacerla ineficiente. A fines del siglo XX desapareció, sin pena ni gloria. El anterior camino es el mismo que han estado llevando a cabo con PEMEX porque el negocio es quebrarla y quedarse, muy identificados intereses nacionales y extranjeros, con el negocio petrolero en México.
En estos días, si el lector ha tenido la curiosidad de meterse en las noticias y en los noticieros televisivos de Europa, los habitantes de dicho continente y los gobiernos nacionales de aquellas latitudes enfrentan una genuina escalada de precios por el consumo de electricidad. Las compañías que producen electricidad como la española Iberdrola y tantas más en Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, han argumentado, en el mejor de los casos, que la millonaria subida de los precios se debe al encarecimiento de gas (y la energía eólica qué), a los estragos laborales que ha producido la pandemia del Covid, al mantenimiento de sus instalaciones y otros argumentos. Los gobiernos europeos preparan ayudas financieras al consumidor ¡¡siguiendo las recetas del odiado populismo!! ¡¡Qué barbaridad tan bárbara!! Y aquí en la patria de Huitzilopochtli, los derechairos se rasgan las vestiduras porque el gobierno mexicano les puso un alto a semejantes compañías. Yo sé que la CFE no es lo eficiente como All Nippon Airways (ANA) y que su director Manuel Bartlett tampoco es un santo franciscano, pero cuando ciertos intereses privados son tan corruptos e ineficientes como diversas empresas manejadas por el gobierno mexicano, lo que se antoja para el bienestar del país y de sus ciudadanos es, al menos, la intención que una empresa de México como es CFE, pueda salir airosa igual frente a los estragos causados por tormentas y terremotos en las instalaciones eléctricas, que ofrecer electricidad a precios módicos, mantenimiento eficiente e instalaciones modernas. Ello no es un asunto solo de pesos y centavos sino un asunto de soberanía nacional.
