*Fracasó la Ley Bonilla y en la Corte Dirán no a 2 Años más de Zaldívar
*Al Presidente le Urge Obtener el SÍ a la Ratificación y no Quiere Irse
*Crece la Oposición Para Realizar la Consulta Ciudadana en Abril 2022
*Las Exigencias Legales: Primero las Firmas, Luego la Pregunta y Punto
*El Presidente López Estará en su Cuarta Campaña… Ahora por 7 Meses
Por Joel Armendáriz
Tardíamente, porque la Ley secundaria ya fue aprobada, la organización “Sí por México” plantea no participar en la consulta ciudadana, que no popular, que podría llevarse a cabo a principios de abril conforme establece la Constitución.
Tardíamente, también, llama a los partidos políticos opositores, a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante los últimos dos meses ha sido tema de crítica la forma en que se buscaba que la pasada legislatura aprobara en un periodo extraordinario la citada ley, que al Congreso se le “olvidó” legislar.
La fase de discusión se centra en que el presidente López pretende -se dice que ya lo ha hecho- secuestrar el ejercicio democrático concebido para que la ciudadanía se empodere.
Constitucionalistas, juristas y organizaciones políticas y civiles observan que el impulso que recibe la realización de la consulta desde Palacio Nacional y bajo las directrices ahí marcadas Morena y sus aliados, confunden a los ciudadanos cuando plantean que será la oportunidad de ratificar al presidente.
El mandato constitucional para la Revocación de Mandato tiene una sola misión: consultar a los ciudadanos si han perdido la confianza en el gobernante. No se trata de un ejercicio de ratificación. Y ellos, los ciudadanos, deben pedir la realización de la consulta.
Sin embargo, el mensaje político corresponde a una actitud que busca obtener el beneplácito de la mayoría de los mexicanos con derecho a voto y nada mejor que obtener un SÍ por la palabra RATIFICACIÓN.
El presidente, habilidoso para difundir su ambición disfrazada de demócrata, ha diseñado la ruta a seguir omitiendo el cumplimiento de la Constitución, que otorga a los ciudadanos, como decimos líneas arriba, la capacidad de convocar la consulta sin intervención de la participación de funcionarios públicos.
Los partidos de oposición, sin embargo, avalaron la Ley reglamentaria -secundaria- con la cual arrancó el proceso para llevarla a cabo. De acuerdo con declaraciones del senador Ricardo Monreal, artífice de la aprobación, la pregunta tendría por objeto saber si se ratifica o se revoca el periodo presidencial.
Sobre el particular, expertos constitucionalistas consideran que la revocación de mandato debería apegarse al precepto que apunta hacia una legislación que supere el tiempo de quien quiere beneficiarse de la medida. Es decir, se entiende que la revocación sería para el siguiente presidente no para el actual.
El sustento jurídico se perfila en función de que las leyes no pueden ser retroactivas y en este caso cumpliría esa función, porque el presidente López fue electo por 5 años y 10 meses y por tanto no puede ser removido excepto por delitos como traición a la patria y de gravedad.
No obstante, las tesis jurídicas vigentes e interpretaciones al texto constitucional, para el presidente López es indispensable ganar la consulta, que no es un plebiscito y tampoco un referéndum, para seguir con su proyecto de gobierno.
El meollo de la consulta ciudadana es que las dos intentonas por ampliar mandatos, una de elección popular por el caso del gobernador de Baja California y otra por designación respecto del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fracasaron.
La llamada Ley Bonilla fue declarada inconstitucional, porque pretendía ampliar el mandato de dos años, quien fue electo por ese lapso, para fungir como mandatario, a seis.
La sentencia de la Corte pintó una raya imborrable: se elige por tiempo definitivo y punto.
En la otra ley, sustentada en un artículo transitorio -el 13- de la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el senador suplente Raúl Bolaños-Cacho Cué hizo la propuesta de última hora y sin que en el texto original aprobado por la mayoría senatorial estuviera contemplado. La intención: ampliar el periodo del ministro presidente dos años más, cuando la decisión de quien presidente la Corte la toma el pleno de la misma.
Aunque oficialmente no se ha declarado la inconstitucionalidad del transitorio, el propio ministro presidente ya anunció que no aceptaría la ampliación. Su decisión no es vinculante toda vez que existen dos controversias constitucionales sobre el caso y hasta que el Pleno entre al fondo y sentencie, la posibilidad de la ampliación está vigente. Sin embargo, todo indica que el fracaso acompañará a la propuesta.
Hoy es la tercera y la vencida, como gusta de decir el presidente respecto a su tercera participación como candidato presidencial.
Si bien en estos días la exigencia por cancelar la consulta ciudadana se ha incrementado, la reacción mostrada por organizaciones civiles que han permanecido en el silencio, llega tardía y corresponderá, finalmente, a los ciudadanos decidir si solicitan al INE su realización.
En el pasado septiembre de 2020, justamente el 15, el presidente López se vio obligado a solicitar a través del Senado de la República la realización de la Consulta Popular con la cual pretendía obtener la aprobación de los ciudadanos para juzgar a los 5 expresidentes neoliberales, porque las firmas ciudadanas no se lograron para que fuera realizada. Con esa experiencia y el resultado del ejercicio, el primero en la historia del país, el trabajo para recabar 2 millones 805 mil firmas no será fácil. Y menos aún que el número de votos alcance 37.5 millones para que sea vinculatoria.
Con todo y ello, el presidente mantiene el paso y con firmeza exige que el INE realice una campaña intensiva para despertar el interés de los ciudadanos.
El problema para el INE es la carencia de recursos. Para que la consulta alcance nivel nacional, requeriría instalar 170 mil casillas y gastar 4 mil millones de pesos que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, no están contemplados.
Ante la falta de dinero, el presidente ha pedido públicamente que toda la estructura el INE -unos 12 mil empleados de base- incluyendo a los 11 consejeros electorales y funcionarios de alto nivel, se reduzcan los salarios para cubrir el costo. El INE no ha manifestado postura sobre el particular.
LA CORTE DEBERÁ AVALAR LA PREGUNTA
Finalmente, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar si la pregunta es o no constitucional.
Siguiendo las reglas legales, sería un caso similar a la pregunta enviada por el presidente López para la consulta para juzgar a los expresidentes, y que se encontraba contenida en 16 cuartillas. Los ministros no la aprobaron y propusieron, en cambio, un galimatías que nadie entendió.
El fracaso acompañó a la primera consulta popular en México.
Síntesis: habrá consulta siempre y cuando se junten las firmes ciudadanas y la pregunta sea avalada por la Corte.
Sin estos requisitos, será imposible llevarla a cabo. Y aunque se enoje el presidente.
