Por Jesús Michel Narváez
Durante los últimos 30 días, los congresistas decidieron abrir espacios y celebrar periodos extraordinarios para temas importantes. Uno de ellos, la prórroga para la entrada en vigor de la legislación que regula el outsourcing. En otros, se pretendía abordar el desafuero de dos diputados federales: Saúl Huerta Corona (Morena) y Mauricio Toledo Gutiérrez (PT) y, como marrullerías, los del partido oficial y aliados, buscaron afanosamente incorporar otros asuntos que, incluso, no cuentan con dictamen por lo cual es violatoria su presentación en una sesión de la Permanente.
Finalmente, la fiscala de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, estalló y acusó a los integrantes de la permanente -principalmente de Morena y aliados y a los que no les alcanzan los números para convocar a un extraordinario- de privilegiar la política por encima de la justicia.
Una crítica inusual en la fiscal que es ponderada y no tiene debilidad por los micrófonos ni las cámaras.
Los indicios llevan a una conclusión después de que, el pasado miércoles, los congresistas, senadores y diputados, desaforaron a los dos personajes sometidos al procedimiento: les dieron tiempo para escapar.
Es una contradicción si se examina la “doctrina” que pregona -pero o ejerce- la llamada cuarta transformación.
Hay dudas de la actuación de la Fiscalía General de la Ciudad de México respecto de la ausencia de vigilancia sobre dos diputados que, conforme al dictamen de comisiones, perdieron el fuero por sus presuntas acciones ilegales. (Se debe recordar que los diputados no juzgan ni sentencian. Solamente retiran el fuero para que las autoridades de procuración y administración de justicia ejerzan las acciones correspondientes”. Sin fuero, los dos exintegrantes del Congreso de la Unión, son buscados por la Fiscalía capitalina y solamente han logrado confirmar que Toledo se encuentra en Chile desde hace buen tiempo.
De Huerta no saben nada. Está perdido. Escondido.
Lo cierto es que los dos recibieron la protección de sus “compañeros” de partido y bancada para que tuvieran tiempo suficiente, preparar y arreglar sus documentos, autorizar notarialmente a sus representantes legales y recolectar lo más de dinero que les fuera posible.
La aplicación de la justicia, como lo afirmó la doctora Godoy, quedó rezagada al priorizar la política. Cierto: ya se giraron las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGJ y obsequiadas por un juez de control, con las cuales Saúl Huerta y Mauricio Toledo son prófugos de la justicia.
Como se sabe, el desafuero es la puerta que abre la posibilidad de ser procesado por autoridades civiles. Ello no implica que necesariamente serán sometidos a proceso penal. Hay que observar cómo se las gastan muchos jueces que, si se lo proponen, encuentra que las acusaciones no tienen el respaldo suficiente.
Sin embargo, el haber huido es una confesión tácita, explícita, de la presunta responsabilidad en los delitos por los cuales se les acusa. A Huerta le podría ir peor. Su delito es imperdonable: ataque sexual contra un menor -varón- de edad que tuvo los arrestos de denunciarlo; Toledo es acusado de enriquecimiento inexplicable -bien explicable- al no comprobar cómo adquirió propiedades como si se tratara de un agente inmobiliario.
¿Qué viene ahora?
Solamente una situación: ¡que los encuentren!
Lamentable la fuga. Más lamentable el actuar de diputados y senadores de Morena y aliados, para proteger su huida.
Habría que hurgar a fondo y determinar, de comprobarse el supuesto, si los legisladores que retrasaron la decisión, tienen responsabilidad alguna.
La percepción es afirmativa.
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