Por Jesús Michel Narváez
Presuntamente tenía el respaldo de un influyente personaje que despacha en Palacio Nacional. Y no, no es el huésped temporal. O por lo menos eso se dice.
Sin embargo, el hecho de gastar 36 millones de pesos cuando sus ingresos fueron de 20 encendió las alertas en la Unidad de Investigación Financiera, cuyo titular, Santiago Nieto Castillo, trae afilada la guadaña para cortar no solamente las cabezas sino las carreras políticas de quienes se suponen intocables.
Ayer tocó el sepelio de José Luis Vargas Valdez. Sus pares -todos tienen el mismo rango de magistrados- decidieron que sus acciones deberían de evaluarse en sesión pública- decidieron removerlo, luego de que se “ausentó” de sesión y la magistrada -expresidenta del TEPJF)- Janine Otálora, asumiera el cargo como “presidenta por ministerio de ley” y sometiera a votación el relevo. Sorprendentemente fue unánime, a pesar de que al inicio de la jornada la magistrada Mónica Soto se mostró de aliada con el depuesto funcionario.
En este espacio no se trata de juzgar a nadie. No lo escribe un ministerio público para acusar y menos un juez para sentenciar. Simplemente son hechos.
Desde su designación el 3 de noviembre pasado, Vargas logró el respaldo del presidente López y su equipo jurídico, al ser el autor del proyecto que negaba el registro como partido político nacional a México Libre, encabezado por Margarita Zavala y apoyado por su esposo, el expresidente Felipe Calderón. Los aplausos en Palacio Nacional se convirtieron en ovaciones. Lex Calderón perdió frente a Andresman y eso merecía un brindis sin kriptonita.
Más adelante, el relevado, enfrentó la presión presidencial para que revocara la sentencia del INE respecto de la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, tema que manipuló regresando la sentencia al Instituto Nacional Electoral para que se tomará una nueva decisión o ratificar la emitida anteriormente. Estaba seguro de que en la votación en el Consejo General se rectificaría la sanción y el guerrerense sería candidato a pesar de haber violado la Ley al no presentar los gastos de precampaña. Falló. Salgado quedó fuera.
Y comenzaron a oxigenarse con mayor amplitud las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a lo que, Vargas respondió: no litigaré en los medios.
La semana pasada la Fiscalía General de la República ordenó la no acción penal y cerró la carpeta de investigación.
Y, como diría el Chapulín Colorado, no contaba con la astucia de Nieto Castillo quien impugnó la decisión de la FGR y la investigación se reabrió con nuevas acusaciones.
Conocido en el medio judicial como el “magistrado billetes”, José Luis Vargas no logró que los señalamientos en su contra desaparecieran y menos aún, que en Palacio Nacional le brindaran la chambrita para cobijarlo.
Vargas, apoyado por el PRI, ocupó, entre otros cargos, la titularidad de la Unidad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, 2007-2010) y Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, con grado de Subprocurador General de la República (FEPADE, 2010-2012).
Como magistrado, además de su labor jurisdiccional, tuvo el encargo de impulsar y fortalecer la vinculación internacional del TEPJF, e integrar las comisiones de jurisprudencia y de
comunicación social. En 2017 fundó la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE), un foro
internacional integrado por Cortes, Tribunales y Órganos Judiciales Electorales de 28 países
y 15 organismos internacionales e instituciones académicas.
Ha sido docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); el Colegio de
México (ColMex); el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM); el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); la Universidad Veracruzana (UV); la
Universidad Pompeu Fabra; la Universidad Carlos III; y la Universidad Complutense de
Madrid.
Todo un brillante currículum, cuyos puntos negros podría haberse encontrado en su desempeño como parte del CISEN y como fiscal de delitos electorales.
Antes de ser despedido -no hay otra forma menos elegante de decirlo-, Vargas acusó a sus todavía en ese momento pares, de fraguar un “golpe de estado” en su contra. Seguramente tenía bola de cristal. Se le dieron y punto. Ahora Reyes Rodríguez Mondragón ocupa el acariciable cargo, quien al asumir declaró: “A este tribunal no venimos a satisfacer los intereses de nadie, ni a hacernos populares, a este tribunal llegamos para mejorar el sistema electoral mexicano. No estamos aquí para reforzar nuestros beneficios particulares o de grupo, mucho menos para beneficiar a grupos de poder o a gobernantes”.
Ahora sí, como diría el enmallado compañero de Batman: ¡Santo Mensaje!
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