Por Jesús Michel Narváez
Si a un presidente le venía la ocurrencia de crear una empresa del Estado y no contaba con los terrenos para edificarla, tenía siempre a la mano la Constitución para decretar la expropiación por “utilidad pública”.
Cuando se planeaban bien los proyectos, primero se tenía la tierra -propia o terrenos de la nación- y ante su existencia se buscaba comprar los predios que estuvieran en la zona y se pagaban al precio justo.
De pronto, alguien inventó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que tasa la tierra o edificios que expropia el Gobierno federal, al precio que le viene en gana.
Antaño, los terrenos o casas valían lo que el catastro registraba y confrontaba con el predial que se pagaba. Muchos propietarios, en aras de pagar menos, presentaban avalúos de sus bienes raíces con valores inferiores.
Las constantes expropiaciones a lo largo y ancho del territorio nacional los hizo reflexionar y hoy la mayoría paga gravámenes conforme al valor real.
Los tiempos han cambiado diametralmente con el arribo de la autollamada cuatroté y se inician obras sin siquiera tener proyectos ejecutivos terminados y menos los terrenos en donde se pretenden realizar. Ahí están las faraónicas de este gobierno: Tren Maya, Transísmico y el mini aeropuerto Felipe Ángeles.
En todos se ha tenido que comprar terrenos y, sorpresivamente, en el aeródromo de Santa Lucía, se expropiaron 109 hectáreas -un millón 90 mil metros cuadrados- por “decreto” publicado en el Diario Oficial de la Federación.
“Se expropia por causa de utilidad pública una superficie total de 109-66-87.671 hectáreas de terrenos de propiedad privada, a favor de la Federación con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción del Aeropuerto Internacional Civil y Militar ‘General Felipe Ángeles’, ubicado en Santa Lucía, Estado de México”, señala el decreto.
Del total de los predios, 87 hectáreas corresponden a propiedad privada. El resto no lo específica el decreto. Seguramente son ejidales o comunales.
Lo que se inicia mal, mal termina.
Santa Lucía fue de toda la vida una base militar en la que sus aviones y helicópteros no suelen ser de gran envergadura. Quizá los más grandes sean los Hércules.
Construir un aeropuerto internacional en cuyas pistas aterricen aeronaves con 170 metros de largo y alas de 80, debe contar con los espacios suficientes para las maniobras.
Al presidente se le ocurrió cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, por presuntas acciones de corrupción, jamás comprobadas ni siquiera por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Sin embargo, el presidente lo desmintió en público y fue el inicio de su caída como funcionario federal.
Ahora a Santa Lucía le faltaron metros. Muchos miles de metros. Cientos de miles para recibir los vuelos comerciales y, eventualmente, utilizar una pista para maniobras militares, lo cual complicará las operaciones.
¿Cuánto costaron las 109 hectáreas?
Habrá que sumar lo que se pague a lo hasta ahora gastado en la construcción más el costo de haber destruido una obra cuyo avance alcanzaba el 40 por ciento. Sí, la parte más difícil: cimentación y columnas.
Al final de la jornada, si es que el próximo año se inaugura y no resulta una obra como la Línea 12 que por acelerar los trabajos colapsó, el costo total: destrucción del NAIM, indemnización a constructoras, pago de los bonos emitidos más las nimiedades, será bastante mayor que haber terminado el iniciado en el pasado gobierno. Ojalá y la rendición de cuentas sea real.
No prever y tomar decisiones emberrinchado no son de un Presidente.
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