Los diputados federales del PRI, Dulce María Sauri Riancho y René Juárez, entre otros, presentaron este jueves una iniciativa de reforma para poner orden a las consultas en el Poder Judicial y que estos ejercicios no afecten su autonomía, como ocurre actualmente con la llamada “Ley Zaldivar”.
Esto, debido a que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el 14 de junio, anunció que pondría a consulta el Artículo Transitorio XIII de la Reforma del Poder Judicial, también conocido como “Ley Zaldívar”. Dicho artículo —aprobado con la mayoría de Morena en el Congreso—, impone la ampliación por dos años más la gestión del ministro presidente y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, contraviniendo la Constitución.
Así, el ministro presidente envió un cuestionario de cinco preguntas a los otros juzgadores en el Máximo Tribunal, donde plantea esencialmente la postura que debe adoptar el Pleno ante la posible inconstitucionalidad del artículo transitorio décimo tercero y cuál sería el efecto de esta posible inconstitucionalidad.
Por lo anterior, la propuesta de los legisladores priistas perfila modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para regular consultas en la SCJN cuando la constitucionalidad de las normas afecten la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o cualquiera de sus órganos y, también, cuando estas representen “un mecanismo extraordinario y especial que tenga alcances de invalidez de la norma para justificar su inaplicación por parte del propio Poder Judicial de la Federación”.
De este modo, los diputados del tricolor proponen introducir una serie de candados a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que, en los casos que el Congreso expida normas que afecten la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación y contravengan el contenido de los artículos de la Constitución, el ministro presidente de la SCJN someta a consulta del Pleno la constitucionalidad de dichas normas «a fin de que determine su validez, aplicación o inaplicación».
En este sentido plantean que las consultas del ministro presidente se hagan exclusivamente dentro en los 15 días hábiles posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las normas respectivas y que la solicitud se realice por escrito, precisando las normas que se someten a consulta, los preceptos constitucionales frente a los cuales se estudia su constitucionalidad y las preguntas o cuestiones objeto de la consulta; además de estipular que el expediente que se integre derivado de esto, tendrá que turnarse como asunto urgente para presentar el proyecto de resolución al Pleno de la SCJN y este órgano tendrá que determinar la validez de la consulta, entre otros requisitos.
Señalan que el trámite a discusión y la resolución que emita el Pleno del Máximo Tribunal tendrá que hacerse bajo principios de transparencia y máxima publicidad; además, la SCJN deberá resolver la consulta en cuestión habiendo determinado la validez de las normas en cuestión, así como los efectos de su resolución o, en su caso, el ámbito de aplicación.
Finalmente, se plantea que el resultado de la consulta se aprobará con la mayoría simple de los integrantes del Pleno de la Corte; también, la resolución del Pleno de la consulta tendrá efectos inmediatos sobre la norma cuestionada y la consulta no excluirá el trámite ni la resolución de los medios de control constitucional que correspondan.
